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Entrevista con Antonio García Martínez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura
“No acaban de llegar las mejoras al colectivo de jueces que prometió el Ministerio de Justicia.”
24/03/10 Redacción
En este mes de marzo se cumplen los primeros 30 años como institución.
Fue en 1980 cuando se celebró ese Iº Congreso constituyente que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) organizó bajo la presidencia de Federico Sainz de Robles, luego 1º presidente del Consejo General del Poder Judicial.
A lo largo de estos años, la APM se ha revelado como la organización mayoritaria de los jueces españoles, lo que le ayuda a dar una opinión clara y precisa sobre los últimos acontecimientos de la justicia en nuestro país.
Desde esta perspectiva, Antonio Garcia Martínez, su portavoz, recién reelegido en el último Congreso Nacional de esta institución en Valladolid por otros 2 años, manifiesta que “hay que acabar con la politización del CGPJ y volver a la elección de los 12 vocales de este organismo de extracción judicial por los propios jueces”.
Bajo su punto de vista “la reforma del Ministro de Justicia peca de voluntarista” y en la nueva Oficina Judicial que se pretende diseñar “el juez debería ser el director del proceso y no relegarlo del trámite, para configurarlo como un simple y mero sentenciador”.
La Asociación Profesional de la Magistratura, en el marco de defender los intereses profesionales de los miembros de la Carrera Judicial y realizar actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general, en el art. 3 de sus Estatutos, explícita los siguientes fines concretos:
a) Defensa y promoción de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución.
b) Formular las propuestas más convenientes en orden a una más eficaz Administración de Justicia, dándolas a conocer al Consejo General del Poder Judicial y demás Organos y Entidades públicas que se estime oportuno, así como a la opinión pública, emitiendo, en su caso, los informes que se le soliciten en el proceso de elaboración de las disposiciones legales.
c) Velar por la independencia, autonomía y prestigio del Poder Judicial, así como de la función en sí, incluso mediante la denuncia pública de cuantas actuaciones puedan afectar a dichos valores.
d) Defender y velar por los intereses y derechos profesionales de todos sus asociados y, en general de los miembros del Poder Judicial, así como de la función en sí, incluso mediante la denuncia pública de cuantas actuaciones puedan afectar a dichos valores.
e) Promover el mejor desarrollo científico y cultura¡ de sus miembros, mediante publicaciones y la celebración de cursos, conferencias, congresos y actos similares.
f) Promover candidatos para el nombramiento de cargos, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable al respecto.
g) Establecer relaciones e intentar aunar criterios con cualesquiera otras Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados, así como con aquellas otras que se constituyeran por los demás participantes en la Administración de Justicia.
h) Procurar la adecuada dotación de medios personales y materiales a los órganos judiciales.
i) Informar acerca de las materias que por su naturaleza deban transcender a la opinión pública y recabar cuanta información fuera de interés para los asociados.
Por su parte, Antonio Garcia Martínez está casado y con 2 hijos de 7 y 10 años de edad ingresó por oposición libre en la Carrera Judicial en el año 1989.
Ejerce en el País Vasco desde el año 1991, ocupando, en la actualidad, plaza de Magistrado en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura desde el año 1991, ejerciendo, desde el mes de noviembre de 2005, como portavoz nacional.
¿Podría hacernos una descripción concreta de la situación de los jueces en nuestro país, 13 meses después de la Iª huelga de su colectivo?
La situación laboral sigue siendo tan precaria como lo ha sido siempre. Y la personal, en muchos casos, de descreimiento y cabreo.
Las razones que motivaron la jornada de paro convocada por nuestra Asociación no han desaparecido. Y las mejoras prometidas no acaban de llegar.
En este contexto, ¿cómo valora que un tercio de sus compañeros hayan firmado un Manifiesto en contra de la politización del CGPJ?
El manifiesto atribuye la politización del CGPJ al sistema de elección de vocales que, reformando él hasta entonces vigente, se introdujo en el año 1985 por la LOPJ que “procedió a desposeer a los jueces y magistrados de su originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ… transfiriendo íntegramente al parlamento la elección de todos ellos”.
Eso es algo que nuestra Asociación viene denunciando desde el mismo momento de la reforma.
Nosotros siempre hemos defendido, y durante muchísimos años en solitario y contra viento y marea, que a los 12 vocales de extracción judicial debían elegirlos los Jueces.
Que cada vez sean más los compañeros que comparten esta opinión, a los que la hemos defendido y mantenido desde siempre nos satisface extraordinariamente.
Los magistrados firmantes se quejan de que la reforma que va a emprender el Ministro Caamaño es tímida, y que no se consigue convencer a los poderes públicos que invertir en justicia en su gasto social, ¿cómo valora este Plan de Modernización?
La actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan que en las posibilidades reales se denomina voluntarismo.
A mi juicio el plan, al menos tal y como ha sido trazado, peca de voluntarismo.
¿Cuál debería ser el papel del juez en la nueva Oficina judicial?
¿Hay algún país europeo donde tengamos que mirar cómo se cuida esta figura?
El que le atribuye la Constitución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Que conlleva reconocer al Juez como director del proceso y no relegarlo del trámite, para configurarlo como un simple y mero sentenciador.
Si tenemos que mirar a otros países para discernir como “cuidar” la figura del Juez mal asunto.
Es evidente que en la actualidad da la sensación que las posturas de las asociaciones de jueces están más próximas, unas de otras, ¿serviría de algo crear una única entidad asociativa?
Hay muchas cosas que compartimos y que, por lo tanto, nos aproximan.
Pero también hay muchas, y muy importantes, que nos diferencian y que, por ello, nos distancian (sistema de selección de jueces; elección de vocales del CGPJ; papel del TS y de los TSJ; promoción profesional…).
Nada de ilógico hay, por lo tanto, en la existencia de varias asociaciones. Ni esta variedad tiene por qué suponer un obstáculo a la hora de desarrollar actuaciones conjuntas, sumar esfuerzos o definir cursos de acción de forma coordinada y cooperativa.
¿Cómo valora el acuerdo entre CGAE y CGPJ, y que las instituciones de abogados puedan entrar en la designación de jueces?
Ahora tan sólo diré que la posibilidad de regular una cuestión de esta naturaleza en un “convenio marco de colaboración” me parece harto dudosa.
Que la regulación es de una vaguedad manifiesta. Y que las garantías, tratándose como se trata en definitiva de un “juicio a los jueces” que puede repercutir negativamente en su Carrera profesional, brillan por su ausencia.
Empresarios y consumidores se quejan de que estamos en un país hiperregulado, con demasiadas normas que encorsetan la actividad empresarial, ¿es lógico tanto cambio normativo?
Yo no soy de los que piensa que todo deba estar reglamentado. Y tampoco me parece razonable que se pueda recurrir a instancias judiciales cada vez que surge un conflicto, por pequeño o menor que este sea.
Hay que potenciar una cultura del dialogo y del consenso.
Cesión o acuerdo no es lo mismo que derrota o rendición.
A mí me gustaría que los ciudadanos que tienen un contencioso intentaran arreglar las cosas por su cuenta alcanzando una solución razonable antes de recurrir a los tribunales.
¿Qué valoración, a este respecto, hace del Código Penal, ahora en trámite parlamentario? ¿No cree que figuras como los delitos de las empresas como personalidad jurídica, criminalizan a los empresarios?
A mi juicio, el proyecto actualmente en tramitación presenta luces y sombras.
Una de las cuestiones más polémicas es, precisamente, la que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En un momento como el actual, ¿sería bueno darles un papel más activo a notarios y registradores en la llamada jurisdicción voluntaria?
Por supuesto, pero sin que el ciudadano sufra merma alguna en sus derechos y garantías y sin que su “bolsillo” tenga que padecer más de la cuenta.
Por último, ¿dónde cree que estará nuestra justicia dentro de cinco años? ¿Habrá encontrado los ratos de eficacia que la sociedad busca?
Yo nunca he sido un optimista antropológico.
Creo que no contaremos con esa Justicia del siglo XXI de la que tanto habla el Excmo. Ministro de Justicia.
Y veo muy difícil que podamos alcanzar, en 5 años no desde luego, las cotas de eficacia que los ciudadanos exigen y reclaman cuando se refieren al funcionamiento de la Administración de Justicia.
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