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Igualdad y las autonomías crearán comités de crisis para hacer frente al repunte de asesinatos machistas.
Igualdad y las comunidades acuerdan prorrogar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.Igualdad y las autonomías crearán comités de crisis para hacer frente al repunte de asesinatos machistas.
Elena Omedes, 22.07.2022
Se ha consensuado también un acuerdo para mejorar la cooperación entre todas las administraciones.
Se ha consensuado también un acuerdo para mejorar la cooperación entre todas las administraciones.
El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado prorrogar y "mejorar" la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo han hecho durante la Conferencia Sectorial celebrada este viernes en Santa Cruz de Tenerife y presidida por la ministra Irene Montero, quien tras la reunión ha expresado su "satisfacción" ante un consenso que concreta la hoja de ruta marcada cuando se renovó el Pacto el pasado noviembre.
El ya bautizado como "acuerdo de Tenerife" se ha alcanzado con un "absoluto consenso", según ha recalcado Montero, poniendo en valor la "unidad institucional" frente a las violencias contra las mujeres.
El ya bautizado como "acuerdo de Tenerife" se ha alcanzado con un "absoluto consenso", según ha recalcado Montero, poniendo en valor la "unidad institucional" frente a las violencias contra las mujeres.
"Hoy hemos alcanzado un acuerdo que comienza a hacer realidad esa institucionalización del Pacto de Estado y las políticas públicas que nos permiten prevenir las violencias, detectarlas precozmente, atender de forma integral a las víctimas y superviviente, y garantizar su reparación, son una cuestión de Estado", ha subrayado.
Es el culmen de una intención expresada el 25 de noviembre de 2021, cuando todos los grupos parlamentarios -menos Vox- firmaron un acuerdo de renovación del Dictamen del Pacto de Estado concretando la necesidad de establecer un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan.
El acuerdo supone, en palabras de Irene Montero, una "hoja de ruta" para garantizar un sistema de financiación estable, plurinacional, que facilite la gestión de las administraciones a la hora de luchar contra la violencia de género. Para ello, tanto las autonomías como el propio Ministerio instan al Parlamento a modificar los dictámenes para aprobar esa "ampliación temporal necesaria" y llevar a cabo todas las medidas que se han acordado este viernes en las Islas Canarias
Uniformar la lucha contra la violencia machista
Además, en la sectorial se ha aprobado también un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres (concretado a través de un plan) y, en esa línea, se ha ratificado el compromiso de diseñar mecanismos específicos con las entidades locales "dada su importancia como primera línea de atención", detallan desde Igualdad.
En ese plan de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas -que tendrá una vigencia inicial de 5 años prorrogables- se concretarán objetivos comunes que marquen cómo mantener y mejorar las políticas, recursos y servicios incluidos en el catálogo de referencia.
Es el culmen de una intención expresada el 25 de noviembre de 2021, cuando todos los grupos parlamentarios -menos Vox- firmaron un acuerdo de renovación del Dictamen del Pacto de Estado concretando la necesidad de establecer un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan.
El acuerdo supone, en palabras de Irene Montero, una "hoja de ruta" para garantizar un sistema de financiación estable, plurinacional, que facilite la gestión de las administraciones a la hora de luchar contra la violencia de género. Para ello, tanto las autonomías como el propio Ministerio instan al Parlamento a modificar los dictámenes para aprobar esa "ampliación temporal necesaria" y llevar a cabo todas las medidas que se han acordado este viernes en las Islas Canarias
Uniformar la lucha contra la violencia machista
Además, en la sectorial se ha aprobado también un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres (concretado a través de un plan) y, en esa línea, se ha ratificado el compromiso de diseñar mecanismos específicos con las entidades locales "dada su importancia como primera línea de atención", detallan desde Igualdad.
En ese plan de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas -que tendrá una vigencia inicial de 5 años prorrogables- se concretarán objetivos comunes que marquen cómo mantener y mejorar las políticas, recursos y servicios incluidos en el catálogo de referencia.
Es, en definitiva, un marco común de trabajo para uniformar la lucha contra la violencia machista en todo el territorio nacional.
Como referencia de los estándares mínimos a cumplir, se elaborará un "catálogo de referencia de políticas y servicios", pendiente de aprobarse en la próxima Conferencia Sectorial.
Como referencia de los estándares mínimos a cumplir, se elaborará un "catálogo de referencia de políticas y servicios", pendiente de aprobarse en la próxima Conferencia Sectorial.
"El catálogo abordará, como mínimo, la prevención de la violencia contra las mujeres, incluyendo medidas informativas, de concienciación y educativas; investigación y recogida de datos, protocolos, instrumentos y políticas para la detección de la violencia; y servicios y medidas para la atención integral y reparación de todas las víctimas de todo tipo de violencias", detallan desde el departamento dirigido por Irene Montero.
Comités ante repuntes de feminicidios
También en el llamado "acuerdo de Tenerife" se ha pactado una estrategia específica para los periodos de repunte de feminicidios. Fijando como repunte cuando en el plazo de 1 mes se hayan producido 5 ó más asesinatos machistas, las comunidades afectadas e Igualdad deberán constituir un comité de crisis para analizar la situación y recabar información sobre los servicios e instituciones a los que acudió la víctima previamente en busca de ayuda.
Una vez hecho el análisis, el comité plasmará sus conclusiones en un informe que recogerá propuestas concretas a desarrollar para mejorar la respuesta institucional y prevenir futuros repuntes o tendencias.
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