Este periódico ha considerado siempre un deber insoslayable el combate contra la violencia de género, lo que explica nuestro respaldo al pacto de Estado en esta materia. Sin embargo, también hemos recalcado la exigencia de no incurrir en asimetrías penales y de garantizar la protección del menor en caso de divorcio. El caso que hoy revela EL MUNDO muestra las lagunas legales para perseguir a las mujeres que burlan a la Justicia con denuncias falsas y a los colectivos que colaboran en la sustracción de menores, un delito gravísimo que debe ser perseguido con todo el peso de la ley.
La Policía liberó a una niña de 10 años raptada en 2017 por su madre, Patricia González, quien contó con la ayuda de Mª Sevilla, la presidenta de la asociación Infancia Libre y asesora de Podemos detenida en abril por hacer lo mismo con su propio hijo. Ambos casos presentan numerosos paralelismos en la medida que las arrestadas compartían abogada, asociación, psiquiatra y denuncias falsas contra sus ex parejas. Tras una intensa y rigurosa investigación, los agentes pudieron liberar a la menor en un pueblo de la Sierra de Madrid. Vivía junto a su madre en una casa extramuros, en las mismas condiciones de falta de escolarización -corroborado por los informes de la Comunidad de Madrid absentismo escolar- en las que las fuerzas de seguridad hallaron el pasado 2 de abril al hijo de Mª Sevilla en la casa a la que ésta había huido en una finca de Villar de Cañas (Cuenca).
En los 2 casos, las 2 mujeres no sólo se valieron de una red en la que se usó a la entidad Infancia Libre para burlar la acción de la Justicia mediante denuncias falsas y perpetrando la sustracción de menores, sino que buscaron respaldo político. Ambas fueron recibidas por Podemos en el Senado, mientras se presentaban como víctimas de un sistema que no funciona. La realidad, tal como han avalado los tribunales, es que ellas denunciaron falsamente a sus ex parejas por abuso sexual a sus hijos.
El texto que hoy publica nuestro compañero Daniel I. Aguirre, padre de la niña liberada el sábado, refleja el calvario de un padre en una coyuntura en la que no se hace efectiva la custodia compartida.
El texto que hoy publica nuestro compañero Daniel I. Aguirre, padre de la niña liberada el sábado, refleja el calvario de un padre en una coyuntura en la que no se hace efectiva la custodia compartida.
Todo ello pone en evidencia la necesidad de extremar el control sobre colectivos casi delictivos que, para mayor vergüenza, gozan de cobertura política por parte de determinadas formaciones que no dudan en abonar el populismo a cuenta de la lacra de la violencia machista, tal como ocurrió en el conocido caso de Juana Rivas, condenada a 5 años de cárcel por permanecer 1 mes en paradero desconocido con sus 2 niños en 2017. El imperativo de proteger los derechos de la mujer debe garantizarse sin eludir la tutela de los derechos del menor.
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