El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido este jueves con el Consell de l'Advocacia Catalana y con el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab) a revisar el sistema de tasas judiciales impulsado por su predecesor Alberto Ruiz-Gallardón.
En declaraciones a Europa Press tras una reunión con el ministro, el presidente del Consell, Abel Pié, ha explicado le han solicitado que, por lo menos, las personas físicas y las pymes queden exentas del pago de estas tasas.
Si bien ha reconocido que el ministro no le ha asegurado que haga modificaciones en la línea exacta que el Consell le ha propuesto, les ha asegurado que ya ha pedido estudios y que está esperando los informes para decidir si las rebaja y en qué cuantía: "Lo que sí nos ha asegurado es que habrá una revisión de las tasas de la 1ª instancia".
El ministro se ha reunido previamente con el decano del Icab, Oriol Rusca, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, y con el Fiscal Jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada.
Tras esa reunión, Rusca ha explicado a Europa Press que el ministro ha dado a entender que ha recibido muchos 'inputs' de la prensa, de los colegios y las instituciones de que la ley de tasas hace que la gente no pueda acceder a la justicia.
"Está analizando este extremo y se ha comprometido a que, si verdaderamente detecta que hay obstáculos para acceder a la justicia por las tasas, las modificará", ha explicado.
Pese a que la petición del Icab es la derogación total de las tasas, Rusca ha reconocido que es algo "difícil" de conseguir, pero que es su objetivo, aunque, subsidiariamente, aceptarían que, si no se pueden derogar todas, se acabe con las máximas posibles, para que dejen de ser un impedimento de acceso a la justicia.
"Ha insistido en que habrá una modificación sustancial de la ley de tasas", ha asegurado también Oriol Rusca.
Pié ha recordado que desde los despachos se demuestra que en 2ª instancia no hay apelaciones por parte de particulares: "La gente no apela, pese a que la sentencia sea injusta, porque apelar supone por lo menos el pago de 800 euros de tasa fija".
Además, ha recordado que el exministro Gallardón se comprometió a que lo recaudado sería para mejorar la justicia gratuita pero al final ha acabado repercutiendo en el Ministerio de Economía y el montante de lo recaudado se ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado.
Por ello, dicen, Catalá ha pedido datos a el Ministerio que encabeza Luis de Guindos, para poder acometer la reforma que tendrá lugar a principios de año.
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