Juan Carlos Moreno Gordillo: Suspendido durante un año por poner pocas sentencias

Foto: Txema Morera/DT

Durante su destino en la localidad jienense de Linares ya le condenaron por obligar a dos fiscales a sentarse a su izquierda.

Àngel Juanpere |15/10/2013

Le prescribió la sanción por haberse retrasado en el levantamiento de un cadáver.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una sanción de suspensión de funciones por 1 año al titular del Juzgado de lo Penal nº 4 de Tarragona, Juan Carlos Moreno Gordillo, por una falta muy grave de retrasos injustificados al frente del Juzgado en 2012 y 1º trimestre de 2013. 
La sanción, por superar los 7 meses, conlleva la pérdida de destino. 
El pasado 31 de mayo el BOE publicó que dicho magistrado había sido destinado al Juzgado de lo Social nº1 de Guadalajara.
Se ha considerado que Moreno Gordillo, uno de los jueces que menos sentencias dictó a lo largo del pasado año, ha incurrido en una falta prevista en el art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera muy grave la «desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas».
Pero la suspensión de ayer no es nueva para Juan Carlos Moreno. En agosto del año pasado el Supremo confirmó la multa de 1.200 euros impuesta por el CGPJ al juez cuando estaba destinado al Juzgado de Instrucción de Andújar. Impidió a 2 fiscales ejercer la acusación en sendos juicios después de que estos se negaran a acatar la orden de situarse a la izquierda del tribunal, lo que propició la absolución de los acusados. 
En uno de los juicios, el fiscal pidió consultar el tema con su jefe y el juez le dio 2 minutos. Cuando volvió a Sala, había pasado el tiempo y el fiscal halló la puerta cerrada.
En otro caso, el fiscal también pidió tiempo para consultarlo con su superior, pero se le negó, por lo que el juez le invitó a bajar del estrado y sentarse entre el público, pero el representante del Ministerio Público optó por abandonar la sala.
En otro caso, el Supremo le anuló la sanción de 1 año de suspensión de funciones y multa de 2.000 euros por haber rebasado el tiempo de tramitación del expediente. 
Se le habían puesto por faltas de desatención, abuso respecto de abogados y retraso en sus funciones, por escaquearse a la hora de tomar unas declaraciones de detenidos el fin de semana y retrasarse también en el levantamiento de un cadáver.