En Madrid, Murcia y Canarias hay lista de espera para este servicio.Algunos jueces evitan derivar a las familias a estos centros
el pais.com/María Sosa Troya
Madrid
27 JUL 2013
Los padres madrileños, murcianos y canarios que, por orden judicial,
están obligados a ver a sus hijos en un punto de encuentro tienen que
esperar entre 4 meses y 1 año para lograr hacerlo.
En España hay 130 centros públicos en los que, para evitar situaciones traumáticas a los menores, los padres y madres separados o divorciados que no tienen la custodia pueden recogerlos o pasar unas horas con ellos bajo la tutela de asistentes sociales sin necesidad de cruzarse con su expareja. Pero, paradojas del sistema, la solución del conflicto se ha convertido en el problema. La saturación del servicio es tal, que en 3 autonomías hay lista de espera. En el resto del país intentan combatir la falta de recursos. "Procuro evitar remitirlos al punto de encuentro. Pero en casos de riesgo para el menor no me queda otro remedio que hacerlo. Sé que los estoy condenando a no verse", se lamenta la juez tinerfeña Carmen Rosa Marrero.
"La labor que realizan es encomiable. Proporcionan un entorno adecuado para que los niños mantengan la relación con sus padres. Pero los recursos son los que son", expone Marrero. En Canarias solo hay 2 puntos de encuentro: 1 en Tenerife y otro en Gran Canaria. En el 1º hay 34 familias en lista de espera. En el 2º, 48. Tardarán alrededor de 1 año en conseguir acceder a los centros.
En Murcia, 20 familias tendrán que esperar entre 4 y 6 meses para poder hacer uso de alguno de los 2 puntos con los que cuenta la región.
Los centros son administrados por entidades a las que los Gobiernos autónomos ceden su gestión a través de un concurso público y son financiados por las comunidades, los Ayuntamientos o el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.
En este último caso, a través de la subvención del IRPF, es decir, el dinero recaudado por Hacienda gracias a la elección de los contribuyentes de entregar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales.
Continua el reportaje Aquí
En España hay 130 centros públicos en los que, para evitar situaciones traumáticas a los menores, los padres y madres separados o divorciados que no tienen la custodia pueden recogerlos o pasar unas horas con ellos bajo la tutela de asistentes sociales sin necesidad de cruzarse con su expareja. Pero, paradojas del sistema, la solución del conflicto se ha convertido en el problema. La saturación del servicio es tal, que en 3 autonomías hay lista de espera. En el resto del país intentan combatir la falta de recursos. "Procuro evitar remitirlos al punto de encuentro. Pero en casos de riesgo para el menor no me queda otro remedio que hacerlo. Sé que los estoy condenando a no verse", se lamenta la juez tinerfeña Carmen Rosa Marrero.
"La labor que realizan es encomiable. Proporcionan un entorno adecuado para que los niños mantengan la relación con sus padres. Pero los recursos son los que son", expone Marrero. En Canarias solo hay 2 puntos de encuentro: 1 en Tenerife y otro en Gran Canaria. En el 1º hay 34 familias en lista de espera. En el 2º, 48. Tardarán alrededor de 1 año en conseguir acceder a los centros.
En Murcia, 20 familias tendrán que esperar entre 4 y 6 meses para poder hacer uso de alguno de los 2 puntos con los que cuenta la región.
Los centros son administrados por entidades a las que los Gobiernos autónomos ceden su gestión a través de un concurso público y son financiados por las comunidades, los Ayuntamientos o el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.
En este último caso, a través de la subvención del IRPF, es decir, el dinero recaudado por Hacienda gracias a la elección de los contribuyentes de entregar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales.
Continua el reportaje Aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario