La
operativa diseñada, cuyas líneas básicas se pactaron en diciembre
pasado, exige la colaboración entre las entidades financieras, el
Gobierno, los servicios sociales municipales o provinciales y las ONG en
la difusión de información sobre las viviendas disponibles y en su
asignación entre los beneficiarios.
Las instituciones
públicas y privadas implicadas en el fondo social de vivienda (FSV),
creado para que determinados colectivos afectados por un desahucio
accedan a un alquiler social, firmarán el próximo jueves el convenio que
regula sus características y funcionamiento.
El fondo cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la Sareb, la sociedad que debe dar salida a los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca, conocida comúnmente como "banco malo".
Cada entidad formará su propio fondo con un nº indeterminado de viviendas que podrá ampliar posteriormente y las ofrecerá a sus clientes desalojados.
Los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a 3 veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.
El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de 2 años, prorrogables por 1 más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.
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El fondo cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la Sareb, la sociedad que debe dar salida a los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca, conocida comúnmente como "banco malo".
Cada entidad formará su propio fondo con un nº indeterminado de viviendas que podrá ampliar posteriormente y las ofrecerá a sus clientes desalojados.
Los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a 3 veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.
El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de 2 años, prorrogables por 1 más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.
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