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La Fiscalía propone que se obligue a declarar a las maltratadas en los juicios
La Memoria Anual del órgano advierte que el derecho de la mujer a no testificar contra su cónyuge se ha convertido en una "auténtica vía de escape" para los maltratadores.
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EFE, Madrid Actualizado 22.09.2010
La Fiscalía General del Estado propone en su Memoria anual, hecha pública este martes, modificar la ley para impedir que las mujeres maltratadas por sus parejas que denuncian al agresor se acojan después al derecho a no declarar contra él durante el juicio.
Esta es una de las reformas legislativas que, a propuesta de varias Fiscalías autonómicas, se plantean en la Memoria, que recoge también la sugerencia de eliminar la "naturaleza preceptiva" de la pena de alejamiento para el agresor para evitar así quebrantamientos de condena.
Las principales propuestas de reformas penales de la Fiscalía son las siguientes:
1.- Violencia machista. Las Fiscalía de Barcelona sugiere una modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla el derecho de la mujer maltratada a no declarar contra su cónyuge, que a su juicio se ha convertido en una "auténtica vía de escape" para los maltratadores y "frecuentísima" causa de sentencias absolutorias que no deberían serlo.
Otro de los puntos en los que las distintas Fiscalías coinciden es en los problemas que ocasiona el artículo 57 del Código Penal en el ámbito de la violencia doméstica debido a la naturaleza preceptiva de las penas de alejamiento.
Las fiscalías de A Coruña, Álava, Albacete y Barcelona, entre otras, denuncian los efectos "indeseables" que produce esa obligación si la mujer decide no declarar en el juicio o posteriormente desea mantener la convivencia con su presunto agresor y abogan por la mediación como alternativa al alejamiento.
Igualmente, el fiscal de Girona atribuye un efecto especialmente pernicioso cuando la aplicación de esta pena se lleva a cabo en casos de agresiones de hijos mayores de edad a sus padres o hermanos, situación en la que estima que el alejamiento no resulta posible ni parece aconsejable.
2.-Menores. Tras los problemas procesales que se han generado en casos de agresiones sexuales que concluyen con el asesinato de la víctima, como ocurrió con la joven Marta del Castillo, la Fiscalía de Sevilla cuestiona el actual sistema de investigación y enjuiciamiento por separado de menores y mayores de edad, que puede dar lugar a resoluciones judiciales contradictorias.
En este sentido, propone que todos los implicados en una misma causa, sean menores o mayores de edad, sean juzgados conjuntamente, al menos cuando se trate de casos de extrema gravedad.
3.- Acusación popular. La Fiscalía de Navarra reflexiona sobre los problemas que genera en muchos casos la multiplicidad de acusaciones particulares y populares y pide la limitación de la acción popular y la exclusión del proceso de personas jurídico-publicas cuando ya actúa el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía de A Coruña propone una nueva regulación de la respuesta penal para delitos de incendios forestales en la que se distinga la imprudencia simple, ahora impune, de la grave, y delimite además el contenido en función de la acción y no del resultado como recoge la ley vigente.
4.- Abandono de familia. La Fiscalía de Valencia aboga por dar un nuevo contenido al delito de abandono de familia, ya que considera que el absentismo escolar y el derecho a la educación exigen un tipo penal autónomo que contemple la actuación de los padres o tutores que consienten que el menor no acuda al centro escolar.
Además de realizar estas y otras propuestas, y como reflexión general sobre las leyes procesales, la Fiscalía General del Estado apela también en su memoria anual a la responsabilidad de las fuerzas políticas para lograr el consenso que posibilite una reforma de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El fiscal considera que la actual legislación es vetusta, caduca y obsoleta, así como "una fuente de más problemas que soluciones", y considera que ha llegado la hora de emprender dicha reforma por ser una cuestión de Estado.
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