Rosalina Moreno, 30 Junio 2020
La Plataforma Familia y Derecho (PF&D) celebra la propuesta de reforma orgánica de la especialización en familia hecha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la ‘Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida’.
Esta plataforma, que preside el magistrado Xavier Abel Lluch, había reclamado al órgano de gobierno de los jueces la especialización de determinados juzgados para procedimientos de familia.
De hecho, el principal fin de esta plataforma es promover la existencia de Juzgados de Familia especializados en todo el territorio nacional, así como introducir las reformas necesarias en derecho de familia para garantizar la especialización de todos los operadores que han de intervenir en estos procedimientos.
El pasado 27 de abril, tras analizar de forma pormenorizada la planta judicial en toda España, PF&D hizo una propuesta al CGPJ de aquellos juzgados que pueden ser especializados para tramitar los novedosos procedimientos y reformas procesales que publicaba al día siguiente el Ministerio de Justicia en el Real Decreto 16/2020.
Destaca que la propuesta “es factible con mínima inversión”.
La pasada semana, el CGPJ aprobó, con 20 votos a favor y 1 en blanco, esta guía, impulsada por su Comisión de Igualdad, para establecer criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida, que reclama, entre otras cuestiones, una reforma urgente de la legislación con el fin de regular de manera clara la custodia compartida; la especialización en materia de familia de órganos judiciales en 1ª y 2ª instancia, y la mejora en la comunicación entre los juzgados de familia y los juzgados penales para garantizar la seguridad de los menores en los casos de violencia intrafamiliar.
Esta guía, de más de 400 páginas, recoge así la reivindicación de esta plataforma.
Ha sido realizada por un grupo multidisciplinar de expertos en derecho de familia procedentes de la judicatura, la Fiscalía, la abogacía especializada y los institutos de medicina legal y forense, coordinado por los vocales de la Comisión de Igualdad y por el vocal de la Comisión Permanente Álvaro Cuesta Martínez, socio fundador de la Plataforma Familia y Derecho.
Además, la mayoría de los profesionales que han intervenido, son socios de esta plataforma, como Francisca Fariña, Jose Antonio Seijas, Margarita Perez -Salazar, Pascual Ortuño, Luis Aurelio González, María Dolores Lozano y Vicente Tovar.
“Esta guía supone un gran avance en línea con nuestro objetivo de conseguir una justicia especializada en familia y la especialización de todos los operadores jurídicos que intervienen en procesos de crisis familiar”, destacó la PF&D tras su aprobación.
El texto íntegro se puede consultar aquí: Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
La junta directiva de la Plataforma Familia y Derecho, tras una lectura de la misma, ha publicado hoy un comunicado en el que señala que debe llevarse adelante “con urgencia” esta reforma orgánica que establezca la especialización en materia de familia de los órganos judiciales, tanto de 1ª como de 2ª instancia, con una adecuada delimitación de las materias de su competencia”.
Destaca que “solo de esta manera será posible mejorar la gestión procesal de los conflictos familiares y las resoluciones que se dictan”.
Según afirma, “los principios que informan el derecho de familia no pueden ser cumplidos en las condiciones de trabajo actual”.
La Plataforma Familia y Derecho muestra su predisposición a colaborar con el CGPJ y con el Ministerio Justicia en cualquier grupo de trabajo que persiga la finalidad de la especialización, en el orden jurisdiccional civil, de las materias de infancia, familia y capacidad.
Por otra parte, Plataforma Familia y Derecho celebra “el importantísimo apoyo y colaboración recibido por parte de sus socios, que han remitido interesantes artículos relativos a la especialización, ofreciendo argumentos en pro de esta reivindicación”, y que han sido publicados en la página web de la institución.
Según se desprende de la ‘Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida’, “la creación de la especialización en familia, dentro del orden jurisdiccional civil, deberá ir acompañada de una reforma adecuada de la planta judicial, de la creación de las secciones especializadas correspondientes dentro del Ministerio Fiscal, y la aprobación de un Código de Familia, que contenga toda la normativa específica en la materia, sustantiva y procesal, así como la relativa los equipos profesionales y técnicos auxiliares que colaboran o puedan colaborar con la adecuada gestión del conflicto familiar (equipos psicosociales, 209 equipos de mediación, coordinación de parentalidad, puntos de encuentro y centros de atención a la familia, entre otros)”.
La plataforma Familia y Derecho, que es multidisciplinar, fue fundada en octubre de 2019 por 156 socios de toda España que desarrollan su actividad profesional en el Derecho de Familia (magistrados, abogados, fiscales, letrados de administración de justicia, catedráticos, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores o coordinadores de parentalidad), entre ellos Encarnación Roca, magistrada del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Civil; Juan Antonio Xiol Ríos, también magistrado del Constitucional; Antonio Salas Carceller, magistrado del Tribunal Supremo, la fiscal Escarlata Gutiérrez, y Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ.
La preside Xavier Abel Lluch, magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Barcelona y doctor en derecho; Paloma Abad Tejerina, abogada de Familia, es la vicepresidenta.
La abogada Isabel Winkels Arce es secretaria de la plataforma, la letrada Paloma Zabalgo Jiménez la tesorera; y son vocales la abogada y coach ejecutivo Mariola Quesada Hernández, la letrada Carlota O’Callaghan Rodríguez, la abogada Paloma Factor San José, y Belén Ureña Carazo, magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 23 de Palma, doctora en derecho.
En la actualidad son casi 1.000 socios, destacadas personalidades de todas las profesiones implicadas en el Derecho de Familia, que están “convencidos de que una justicia de familia especializada y ágil palía muchos de los efectos adversos de las crisis familiares”.
Nota: ¿para que quieren una especialización ? si lo que falla es la actual normativa que lo único que busca es fomentar el conflicto en los procesos de ruptura de la convivencia en pareja y la posterior ruina económica de los afectados. Lo curioso es que lo ha firmado un divorciado del propio CGPJ propuesto por el PSOE.
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