Por Luis Javier Sanchez | 11 Junio, 2018
El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobaba el jueves pasado un proyecto de ley que modifica la legislación contra violencia de género, de forma que las víctimas puedan acceder a diferentes ayudas como el acceso a una vivienda pública con un informe de los servicios sociales u otros profesionales como los sanitarios, sin denuncia previa.
Madrid es la primera Comunidad Autónoma que introduce este cambio legislativo de calado.
El proyecto de Ley planteado por el Gobierno regional para modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, de 2005, ya había introducido parte de estos cambios.
Sin embargo, el texto aprobado este jueves y por unanimidad contempla más modificaciones introducidas por los grupos de la oposición, ya que amplía más allá de los servicios sociales el tipo de profesionales que pueden acreditar la situación de una mujer víctima de violencia de género para acceder a una vivienda pública sin necesidad de denuncia.
Para Pilar Llop, portavoz de Justicia del PSOE en la Asamblea de Madrid “con esta modificación del titulo habilitante se desvincula las ayudas de las víctimas de violencia de género a una denuncia. Ya no será necesario interponer la 1ª para poder acceder a una residencia habitacional o a ciertas ayudas económicas”, aclara.
A su juicio hay “una bolsa oculta de mujeres que no denuncian maltrato de un 80 % del total que debemos ayudar a rehacer su vida”.
Lo importante de esta situación “es atender bien a las mujeres y a sus hijos que se encuentren en este tipo de situaciones y que luego puedan interponer la denuncia para evitar que muchas de las situaciones que viven se queden impunes en materia de violencia de género. Se trata de que en un momento posterior se vean con fuerza para declarar en el juzgado”.
Se voto por unanimidad el informe de ponencia, necesaria para la modificación de la ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid del 2005.
“La tramitación se hizo en estos últimos meses para definir bien en qué situaciones podía entenderse las mujeres víctimas de violencia de género tendrían acceso a estos derechos”, indica LLop.
La diputada regional socialista revela que este tipo de medida debería tener un alcance nacional, también. “De hecho está incluida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al ser una parte de dicho Pacto que corresponde a las Comunidades Autónomas. Ahora esperamos que el Gobierno de Angel Garrido lo dote presupuestariamente para que pueda ponerse en marcha”, cuenta Llop.
Un informe técnico será suficiente
Debate y consenso en la Asamblea de Madrid
Un informe técnico será suficiente
Así, si no hubiera denuncia previa bastaría con presentar un informe técnico acreditativo por parte de los servicios municipales de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género.
Este documento pasa a ser vinculante por Ley, al igual que la resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón de sexo y el informe elaborado por los servicios sociales.
Los profesionales sanitarios, educativos o de salud mental también podrán proponer conceder a una mujer la condición de víctima de violencia de género para que acceda a una vivienda pública, pero en estos casos la Dirección General de la Mujer tendrá que validar los informes en el plazo máximo de 1 mes.
El proyecto de Ley aprobado también establece que los centros de acogida tienen por objeto “dispensar alojamiento seguro, así como manutención y otros gastos a las mujeres y personas a su cargo por el tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación” con un máximo de 12 meses.
El proyecto de ley de modificación de la norma, aprobada en 2005, partió del PP, que ya planteaba eliminar la obligatoriedad de la denuncia para recibir las ayudas, aunque con carácter excepcional.
Posteriormente, fue modificado sustancialmente durante su paso por la Comisión de la Mujer de la Asamblea de Madrid.
Allí se han introducido una serie de cambios, entre ellos el relativo a que, con carácter general, no sea obligatorio para la mujer interponer denuncia a la hora de solicitar una ayuda para el acceso prioritario a una vivienda pública u otras.
Debate y consenso en la Asamblea de Madrid
La medida fue defendida por las diputadas regionales de los distintos partidos. Carmen Martínez Ten (PSOE) recordó que “muchas mujeres sólo están en condiciones de presentar una denuncia después de un proceso de recuperación o casi de reconstrucción personal” y por esto se trata de un avance “importante”.
También Clara Serra (Podemos) puso el acento en lo importante de esta modificación de la ley «para que las mujeres puedan desprenderse del miedo, saber que están a salvo, y después puedan pensar qué es lo que quieren que denunciar, si un caso concreto o una situación mantenida en el tiempo».
Por su parte, Esther Ruiz (Ciudadanos) destacó que se llega «por consenso» entre los grupos a aprobar cambios que “han supuesto un giro de 180 grados a la propuesta inicial el PP”. “Hoy -añadio- “estamos más cerca de garantizar vuestra seguridad y la de vuestros hijos”, dijo en referencia a las víctimas de violencia de género.
Desde el PP, la diputada Nadia Álvarez Padilla recordó que su partido “tiene compromiso absoluto en la lucha contra esta lacra”, por lo que a “los 5 meses de formarse el 1º gobierno, ya se aprobó la Iª Estrategia Integral contra la Violencia de Género”.
También recordó que “no se trata de favorecer el hecho de que no se interponga la denuncia», matiza la diputada del PP Nadia Álvarez.
El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobaba el jueves pasado un proyecto de ley que modifica la legislación contra violencia de género, de forma que las víctimas puedan acceder a diferentes ayudas como el acceso a una vivienda pública con un informe de los servicios sociales u otros profesionales como los sanitarios, sin denuncia previa.
Madrid es la primera Comunidad Autónoma que introduce este cambio legislativo de calado.
El proyecto de Ley planteado por el Gobierno regional para modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, de 2005, ya había introducido parte de estos cambios.
Sin embargo, el texto aprobado este jueves y por unanimidad contempla más modificaciones introducidas por los grupos de la oposición, ya que amplía más allá de los servicios sociales el tipo de profesionales que pueden acreditar la situación de una mujer víctima de violencia de género para acceder a una vivienda pública sin necesidad de denuncia.
Para Pilar Llop, portavoz de Justicia del PSOE en la Asamblea de Madrid “con esta modificación del titulo habilitante se desvincula las ayudas de las víctimas de violencia de género a una denuncia. Ya no será necesario interponer la 1ª para poder acceder a una residencia habitacional o a ciertas ayudas económicas”, aclara.
A su juicio hay “una bolsa oculta de mujeres que no denuncian maltrato de un 80 % del total que debemos ayudar a rehacer su vida”.
Lo importante de esta situación “es atender bien a las mujeres y a sus hijos que se encuentren en este tipo de situaciones y que luego puedan interponer la denuncia para evitar que muchas de las situaciones que viven se queden impunes en materia de violencia de género. Se trata de que en un momento posterior se vean con fuerza para declarar en el juzgado”.
Se voto por unanimidad el informe de ponencia, necesaria para la modificación de la ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid del 2005.
“La tramitación se hizo en estos últimos meses para definir bien en qué situaciones podía entenderse las mujeres víctimas de violencia de género tendrían acceso a estos derechos”, indica LLop.
La diputada regional socialista revela que este tipo de medida debería tener un alcance nacional, también. “De hecho está incluida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al ser una parte de dicho Pacto que corresponde a las Comunidades Autónomas. Ahora esperamos que el Gobierno de Angel Garrido lo dote presupuestariamente para que pueda ponerse en marcha”, cuenta Llop.
Un informe técnico será suficiente
Debate y consenso en la Asamblea de Madrid
Un informe técnico será suficiente
Así, si no hubiera denuncia previa bastaría con presentar un informe técnico acreditativo por parte de los servicios municipales de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género.
Este documento pasa a ser vinculante por Ley, al igual que la resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón de sexo y el informe elaborado por los servicios sociales.
Los profesionales sanitarios, educativos o de salud mental también podrán proponer conceder a una mujer la condición de víctima de violencia de género para que acceda a una vivienda pública, pero en estos casos la Dirección General de la Mujer tendrá que validar los informes en el plazo máximo de 1 mes.
El proyecto de Ley aprobado también establece que los centros de acogida tienen por objeto “dispensar alojamiento seguro, así como manutención y otros gastos a las mujeres y personas a su cargo por el tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación” con un máximo de 12 meses.
El proyecto de ley de modificación de la norma, aprobada en 2005, partió del PP, que ya planteaba eliminar la obligatoriedad de la denuncia para recibir las ayudas, aunque con carácter excepcional.
Posteriormente, fue modificado sustancialmente durante su paso por la Comisión de la Mujer de la Asamblea de Madrid.
Allí se han introducido una serie de cambios, entre ellos el relativo a que, con carácter general, no sea obligatorio para la mujer interponer denuncia a la hora de solicitar una ayuda para el acceso prioritario a una vivienda pública u otras.
Debate y consenso en la Asamblea de Madrid
La medida fue defendida por las diputadas regionales de los distintos partidos. Carmen Martínez Ten (PSOE) recordó que “muchas mujeres sólo están en condiciones de presentar una denuncia después de un proceso de recuperación o casi de reconstrucción personal” y por esto se trata de un avance “importante”.
También Clara Serra (Podemos) puso el acento en lo importante de esta modificación de la ley «para que las mujeres puedan desprenderse del miedo, saber que están a salvo, y después puedan pensar qué es lo que quieren que denunciar, si un caso concreto o una situación mantenida en el tiempo».
Por su parte, Esther Ruiz (Ciudadanos) destacó que se llega «por consenso» entre los grupos a aprobar cambios que “han supuesto un giro de 180 grados a la propuesta inicial el PP”. “Hoy -añadio- “estamos más cerca de garantizar vuestra seguridad y la de vuestros hijos”, dijo en referencia a las víctimas de violencia de género.
Desde el PP, la diputada Nadia Álvarez Padilla recordó que su partido “tiene compromiso absoluto en la lucha contra esta lacra”, por lo que a “los 5 meses de formarse el 1º gobierno, ya se aprobó la Iª Estrategia Integral contra la Violencia de Género”.
También recordó que “no se trata de favorecer el hecho de que no se interponga la denuncia», matiza la diputada del PP Nadia Álvarez.
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