JUAN NIETO, Valencia, 1 JUN. 2017
Una juez desacredita el relato público de V.S., que se unió a un centro de la mujer y una víctima real para reunir 150.000 firmas exigiendo más protección para los hijos de los maltratadores.
Solo el 0,4% de las denuncias por violencia machista se investigan ante la sospecha de que sean mentira, una cifra que pone de manifiesto la fragilidad de la afirmación de que las mujeres denuncian en falso.
Son mínimas y el sistema judicial permite detectarlas y analizarlas con rigor si se constatan contradicciones, como está ocurriendo con el caso de V.S., la mujer de origen chileno que inició una campaña en España en la que denunciaba malos tratos de su ex marido y que un juzgado de Alicante había entregado sus 2 hijos menores de edad a un padre maltratador.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Alicante acaba de dictar un auto que desmonta su relato y archiva el rosario de denuncias que presentó V. S. contra su ex marido por presuntas amenazas de muerte a ella y a sus hijos. Las denuncias se basaban fundamentalmente en el testimonio de la mujer y la magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones tras constatar la existencia de «numerosas contradicciones apreciadas en las sucesivas declaraciones de la denunciante, con una ampliación de la denuncia altamente cuestionable».
La mujer presentó un parte de lesiones, real, pero la investigación judicial ha determinado que en el momento en el que se produjo la presunta agresión su ex marido, que había viajado a España desde Chile para reunirse con sus hijos, se encontraba en Murcia junto a una abogada experta en asuntos de Familia que le asesora en el procedimiento civil seguido en España por sustracción internacional de menores.
Vanessa también denunció que había recibido amenazas de muerte a través de un correo electrónico y el juzgado de Alicante ha pedido a Google que informe quién está detrás de la cuenta para determinar si tales amenazas son reales. Esta parte no se archiva a la espera de que Google responda.
El testimonio de V. S. generó una ola de solidaridad y se presentó ante los medios españoles como la mujer que escapaba de un auténtico infierno, que huyó de Chile junto a sus hijos para refugiarse en España porque querían matarlos.
A través de una cuenta en Change.org , creada por un centro de atención a la mujer, logró reunir más de 150.000 firmas para plantear al Ministerio de Justicia que no considere sustracción de menores estos casos. Muchas personas anónimas se sumaron a la iniciativa, también organizaciones sociales y otra víctima, en este caso con sentencia contra su pareja en Italia, cuyo caso no guarda ninguna relación con el relato contradictorio de Vanessa que han constatado los jueces y fiscales.
Vanessa hizo declaraciones en todas las televisiones en las que contó cómo vivía en el abismo: «Hablo de violación, golpes con fractura de nariz, con parte médico y las denuncias correspondientes». Ninguna de estas circunstancias es como la cuenta, al menos según la Justicia.
Su ex pareja no ha sido condenado, ni en Chile ni en España.
En su país de origen, todas las denuncias que puso Vanessa se han archivado -según su actual asesora jurídica los archivos se han recurrido- y la noche que el padre pasó en Alicante para recoger a los menores porque ella se negaba a entregarlos dijo al juzgado que dormiría en Comisaría por el temor a más denuncias.
La única persona a la que la Fiscalía de Chile ha presentado una querella penal es a Vanessa por secuestro, quien fue detenida y puesta en libertad cuando regresó a su país hace unas semanas. Vanessa sigue teniendo la custodia de sus hijos, como en todo este tiempo, pese a la denuncia pública de que se los querían quitar.
Chile, a través de España, tramitó una demanda por sustracción internacional de menores porque Vanessa, quien tenía la custodia en Chile de sus hijos, viajó hace 2 años a España sin autorización. Según consta en el expediente, pese a que salió del país huyendo, se reunió con su ex marido para decirle que sólo eran unas vacaciones.
La demanda se presentó en octubre de 2015 y el escrito fue turnado al Juzgado nº 10 de Familia de Alicante. La Abogacía del Estado pedía la restitución de los menores y se requirió a Vanessa para que compareciese con los hijos y manifestase si accedía. Rechazó la restitución porque dijo que el padre era «un delincuente reincidente» y «supondría un grave riesgo». Denunció lesiones, intentos de violación y maltrato familiar, además de consumo de cocaína.
Sin embargo, según consta en la resolución, las autoridades españolas certificaron que no existía ninguna condena contra el padre y estimaron que no era ningún delincuente ni maltratador. La Abogacía del Estado también presentó un informe de laboratorio de medicina legal, que certifica que no se habían «detectado [en el padre] ni cocaína ni opiáceos».
El Juzgado de Familia falló en contra de Vanessa, pero le comunicó que se trataba de un proceso civil, por lo que en ningún caso se valoraba entregar a los niños al padre si no que retornara a su país de origen con los niños. Como la madre tiene la custodia en Chile, allí podría vivir con los pequeños, pues el marido nunca fue condenado y no se acreditaron malos tratos. La decisión la ratificó la Audiencia de Alicante.
A partir de ese momento, en enero de 2017, Vanessa impulsó la campaña de Change.org y no atendió a los requerimientos del juzgado de Familia para que los niños volvieran a Chile, según su actual asesora jurídica por falta de profesionalidad de su anterior abogada de oficio.
Mientras no atendía a estas solicitudes, empezó a presentar denuncias en la Policía. Dijo que su pareja le amenaza de muerte a ella y sus hijos.
La única persona a la que la Fiscalía de Chile ha presentado una querella penal es a Vanessa por secuestro, quien fue detenida y puesta en libertad cuando regresó a su país hace unas semanas. Vanessa sigue teniendo la custodia de sus hijos, como en todo este tiempo, pese a la denuncia pública de que se los querían quitar.
Chile, a través de España, tramitó una demanda por sustracción internacional de menores porque Vanessa, quien tenía la custodia en Chile de sus hijos, viajó hace 2 años a España sin autorización. Según consta en el expediente, pese a que salió del país huyendo, se reunió con su ex marido para decirle que sólo eran unas vacaciones.
La demanda se presentó en octubre de 2015 y el escrito fue turnado al Juzgado nº 10 de Familia de Alicante. La Abogacía del Estado pedía la restitución de los menores y se requirió a Vanessa para que compareciese con los hijos y manifestase si accedía. Rechazó la restitución porque dijo que el padre era «un delincuente reincidente» y «supondría un grave riesgo». Denunció lesiones, intentos de violación y maltrato familiar, además de consumo de cocaína.
Sin embargo, según consta en la resolución, las autoridades españolas certificaron que no existía ninguna condena contra el padre y estimaron que no era ningún delincuente ni maltratador. La Abogacía del Estado también presentó un informe de laboratorio de medicina legal, que certifica que no se habían «detectado [en el padre] ni cocaína ni opiáceos».
El Juzgado de Familia falló en contra de Vanessa, pero le comunicó que se trataba de un proceso civil, por lo que en ningún caso se valoraba entregar a los niños al padre si no que retornara a su país de origen con los niños. Como la madre tiene la custodia en Chile, allí podría vivir con los pequeños, pues el marido nunca fue condenado y no se acreditaron malos tratos. La decisión la ratificó la Audiencia de Alicante.
A partir de ese momento, en enero de 2017, Vanessa impulsó la campaña de Change.org y no atendió a los requerimientos del juzgado de Familia para que los niños volvieran a Chile, según su actual asesora jurídica por falta de profesionalidad de su anterior abogada de oficio.
Mientras no atendía a estas solicitudes, empezó a presentar denuncias en la Policía. Dijo que su pareja le amenaza de muerte a ella y sus hijos.
Los correos parecían reales, recogían insultos y un juzgado asumió la investigación del caso.
Vanessa pidió una orden de alejamiento y sólo un día después de que presentara la denuncia el juzgado denegó la medida de protección porque el denunciado «reside en Chile» y no existe «indicio alguno del posible traslado a España». También se tuvo en cuenta que «no resulta entendible la razón por la que el denunciado ha tenido acceso al correo personal» de Vanessa 2 años después de llegar a España.
La mujer siguió presentando denuncias con más correos presuntamente amenazantes y solicitando órdenes de alejamiento que fueron rechazadas hasta que el pasado 26 de abril denunció una agresión que presuntamente se habría producido mientras su ex pareja estaba en Murcia tras llegar a España para cumplir con la orden del Juzgado de Familia. Se activó el protocolo y se impuso una orden de alejamiento al padre, aunque no respecto a los hijos, porque el juzgado de guardia dictaminó que no existía «ninguna situación de riesgo para los menores».
Este 10 de mayo, el juzgado que había asumido el caso dictó el archivo provisional de la presunta agresión. Según el auto, no es posible que la ex pareja de Vanessa la agrediera porque no le dio tiempo a viajar de Murcia a Alicante sin vehículo. De nuevo, la acusación de Vanessa había sido desmontada.
Vanessa pidió una orden de alejamiento y sólo un día después de que presentara la denuncia el juzgado denegó la medida de protección porque el denunciado «reside en Chile» y no existe «indicio alguno del posible traslado a España». También se tuvo en cuenta que «no resulta entendible la razón por la que el denunciado ha tenido acceso al correo personal» de Vanessa 2 años después de llegar a España.
La mujer siguió presentando denuncias con más correos presuntamente amenazantes y solicitando órdenes de alejamiento que fueron rechazadas hasta que el pasado 26 de abril denunció una agresión que presuntamente se habría producido mientras su ex pareja estaba en Murcia tras llegar a España para cumplir con la orden del Juzgado de Familia. Se activó el protocolo y se impuso una orden de alejamiento al padre, aunque no respecto a los hijos, porque el juzgado de guardia dictaminó que no existía «ninguna situación de riesgo para los menores».
Este 10 de mayo, el juzgado que había asumido el caso dictó el archivo provisional de la presunta agresión. Según el auto, no es posible que la ex pareja de Vanessa la agrediera porque no le dio tiempo a viajar de Murcia a Alicante sin vehículo. De nuevo, la acusación de Vanessa había sido desmontada.
Nota: Denuncia que...... algo queda, sales en la Tele, te haces famosilla de la mentira y dejaras un legado a tus hijos, impresionante de como eres. El 9 de Agosto de 2021, recibimos la petición de la afectada de eliminar sus datos personales, y la foto, o que tomaría medidas legales, parece que no aprende; dejamos las iniciales. ¿Libertad de expresión?
No hay comentarios:
Publicar un comentario