El turno de oficio lo integran 36.000 letrados:
La abogacía reclama mayor coordinación en Justicia.
Carnicer rechaza los recortes y pide mejores tarifas para el turno de oficio.
Lola Fernández - Madrid - 28/12/2011
El presidente de los abogados españoles, Carlos Carnicer, manifestó ayer a CincoDías que los recortes presupuestarios previstos por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy no deberían afectar a la justicia y menos al modelo de justicia gratuita.
Desde su punto de vista, el sistema judicial ha padecido décadas de "nula inversión", por lo que si los ajustes afectan a esta administración, "será imposible que tengamos un justicia digna como reclaman los ciudadanos", añadió.
La reducción de costes será una de las bazas para conseguir un sistema más eficaz y eficiente, y en este sentido, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) abogó por "racionalizar el gasto y la inversión de todas las comunidades con competencia en justicia, así como del Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial".
En esta línea, reclamó "mayor armonización de sus sistemas y la famosa interoperabilidad", como las claves de esta gestión.
Rajoy aseguró que la coordinación de los 8 sistemas informáticos actuales, incompatibles en estos momentos entre sí, sería una de sus prioridades para la legislatura.
"Existe un clamor social para afrontar de una vez por todas las reformas radicales en nuestra administración de justicia que permitan:
1.- racionalizar los marcos de actuación institucional,
2.- acabar con la desincronización informática y la descoordinación competencial y,
3.- sobre todo, ganar eficiencia en aquellos asuntos que más preocupan y afectan a los ciudadanos", señaló Carnicer.
Por eso mismo, los abogados consideran vital mantener el actual modelo de justicia gratuita, "el mejor del mundo", según el presidente del CGAE.
"Los recortes no deben ser a costa de la justicia y menos aún de los más desfavorecidos, por eso la abogacía se ha comprometido a buscar soluciones imaginativas para garantizar la máxima eficacia", explicó el presidente de los 168.500 letrados colegiados.
La puesta en marcha del expediente electrónico de justicia gratuita, que ha reducido de forma importante los tiempos de tramitación, evitando colas en las Administraciones públicas y molestias a los ciudadanos, además de seguridad y transparencia a su tramitación, es un empleo que a los abogados del turno de oficio les gusta citar.
Este expediente acaba de recibir 2 premios, uno del Ministerio de Justicia y otro del Consejo General del Poder Judicial.
Por eso, la abogacía española considera importante no solo mantener este sistema, sino contribuir a que los letrados no lo abandonen por culpa de la escasa remuneración.
"La Ley 1/1.996 impone a las Administraciones públicas la obligación de remunerar dignamente a los abogados que prestan el servicio de justicia gratuita y lo que algunas Administraciones están haciendo es retrasar los pagos, congelar tarifas desde hace años y hasta reducir, ahora, las actuales remuneraciones, incumpliendo la letra y el espíritu de la ley", se quejó el titular de los abogados.
El turno de oficio, que es voluntario para los más de 36.000 abogados que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, "también es la última esperanza de la justicia para cientos de miles de ciudadanos, auténticos perdedores de la crisis. Si les reducimos su derecho de defensa, serán injusta y doblemente víctimas de la crisis", insistió Carnicer.
A su juicio, la crisis que padece la sociedad es una amenaza del Estado de bienestar y el Estado de derecho.
"Se están produciendo recortes en el derecho de defensa de los ciudadanos que afectan de forma muy importante a la calidad de la justicia y de la democracia", sentenció en nombre de la institución.
En Madrid y Valencia, por citar los 2 ejemplos más llamativos, los abogados del turno de oficio padecen continuos retrasos en el pago por sus servicios, lo que ha obligado a los colegios a firmar líneas de confirming.
Desde su punto de vista, el sistema judicial ha padecido décadas de "nula inversión", por lo que si los ajustes afectan a esta administración, "será imposible que tengamos un justicia digna como reclaman los ciudadanos", añadió.
La reducción de costes será una de las bazas para conseguir un sistema más eficaz y eficiente, y en este sentido, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) abogó por "racionalizar el gasto y la inversión de todas las comunidades con competencia en justicia, así como del Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial".
En esta línea, reclamó "mayor armonización de sus sistemas y la famosa interoperabilidad", como las claves de esta gestión.
8 sistemas informáticos
La abogacía coincide en sus postulados con los retos que se marcó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, y lo mantenido por su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la exposición que realizó durante el traspaso de carteras. Rajoy aseguró que la coordinación de los 8 sistemas informáticos actuales, incompatibles en estos momentos entre sí, sería una de sus prioridades para la legislatura.
"Existe un clamor social para afrontar de una vez por todas las reformas radicales en nuestra administración de justicia que permitan:
1.- racionalizar los marcos de actuación institucional,
2.- acabar con la desincronización informática y la descoordinación competencial y,
3.- sobre todo, ganar eficiencia en aquellos asuntos que más preocupan y afectan a los ciudadanos", señaló Carnicer.
Por eso mismo, los abogados consideran vital mantener el actual modelo de justicia gratuita, "el mejor del mundo", según el presidente del CGAE.
"Los recortes no deben ser a costa de la justicia y menos aún de los más desfavorecidos, por eso la abogacía se ha comprometido a buscar soluciones imaginativas para garantizar la máxima eficacia", explicó el presidente de los 168.500 letrados colegiados.
La puesta en marcha del expediente electrónico de justicia gratuita, que ha reducido de forma importante los tiempos de tramitación, evitando colas en las Administraciones públicas y molestias a los ciudadanos, además de seguridad y transparencia a su tramitación, es un empleo que a los abogados del turno de oficio les gusta citar.
Este expediente acaba de recibir 2 premios, uno del Ministerio de Justicia y otro del Consejo General del Poder Judicial.
Por eso, la abogacía española considera importante no solo mantener este sistema, sino contribuir a que los letrados no lo abandonen por culpa de la escasa remuneración.
"La Ley 1/1.996 impone a las Administraciones públicas la obligación de remunerar dignamente a los abogados que prestan el servicio de justicia gratuita y lo que algunas Administraciones están haciendo es retrasar los pagos, congelar tarifas desde hace años y hasta reducir, ahora, las actuales remuneraciones, incumpliendo la letra y el espíritu de la ley", se quejó el titular de los abogados.
El turno de oficio, que es voluntario para los más de 36.000 abogados que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, "también es la última esperanza de la justicia para cientos de miles de ciudadanos, auténticos perdedores de la crisis. Si les reducimos su derecho de defensa, serán injusta y doblemente víctimas de la crisis", insistió Carnicer.
A su juicio, la crisis que padece la sociedad es una amenaza del Estado de bienestar y el Estado de derecho.
"Se están produciendo recortes en el derecho de defensa de los ciudadanos que afectan de forma muy importante a la calidad de la justicia y de la democracia", sentenció en nombre de la institución.
En Madrid y Valencia, por citar los 2 ejemplos más llamativos, los abogados del turno de oficio padecen continuos retrasos en el pago por sus servicios, lo que ha obligado a los colegios a firmar líneas de confirming.
Carta a Rajoy en defensa de los profesionales
El presidente de los abogados, Carlos Carnicer, envió recientemente al líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, una carta como máximo responsable de Unión Profesional, una organización que integra a 32 Consejos Generales y representa a más de 1,5 millónes de profesionales.En ella, le solicitó la creación de un mecanismo de interlocución permanente con los colegios profesionales, iniciativa que, pese a haber sido objeto de trabajos durante diversos Gobiernos, finalmente no ha sido materializada. Carnicer se escudaba en la actividad de los profesionales, que genera el 8,8% del producto interior bruto (PIB).
La iniciativa podría cuajar esta vez, después de que el PP se haya mostrado favorable al establecimiento de una relación real y efectiva con los consejos y colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, y de conformidad con la necesidad, cada vez más manifiesta, de que la sociedad civil.
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