http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3736&cat=9
EL COP DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA ANOMALÍAS DERIVADAS DE LOS PROTOCOLOS DE VALORACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
fecha de publicación 21/11/2011
El COP junto con la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF) ha enviado al Ministerio de Justicia una denuncia conjunta, por "las prácticas de injerencia profesional en las competencias propias del psicólogo en el ámbito forense".
En el escrito, dichas entidades han hecho especial referencia a ciertas anomalías observadas en el diseño y aplicación de los protocolos de valoración en asuntos de violencia de género, implantados por el Ministerio de Justicia, que interfieren o limitan las competencias profesionales de los psicólogos que trabajan en los servicios de la Administración de Justicia y donde se atribuyen determinadas competencias de evaluación psicológica a los médicos forenses, entre otras cuestiones.
En el escrito, dichas entidades han hecho especial referencia a ciertas anomalías observadas en el diseño y aplicación de los protocolos de valoración en asuntos de violencia de género, implantados por el Ministerio de Justicia, que interfieren o limitan las competencias profesionales de los psicólogos que trabajan en los servicios de la Administración de Justicia y donde se atribuyen determinadas competencias de evaluación psicológica a los médicos forenses, entre otras cuestiones.
Tal y como hemos anunciado hace unos días a través de Infocop, el pasado 26 de septiembre el Ministerio de Justicia anunció la puesta en marcha del primer Protocolo Médico-forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, en el que se asigna la función de valoración del riesgo de violencia a los médicos forenses, mediante un procedimiento de recogida de datos y la aplicación de la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R) del catedrático Enrique Echeburúa.
Desde que la organización colegial tuvo conocimiento de los primeros trabajos para la elaboración de dicho protocolo, el pasado mes de julio, se puso en contacto con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Doña Caridad Hernández García, ofreciendo su colaboración para el perfeccionamiento del protocolo y solicitando una entrevista.
Sin embargo, y a pesar de la disposición ofrecida, la entrevista no tuvo lugar hasta el 21 de octubre, un mes después de que se implantara dicho protocolo, por lo que las propuestas y demandas de la organización colegial no han quedado recogidas en dicha herramienta.
Sin embargo, y a pesar de la disposición ofrecida, la entrevista no tuvo lugar hasta el 21 de octubre, un mes después de que se implantara dicho protocolo, por lo que las propuestas y demandas de la organización colegial no han quedado recogidas en dicha herramienta.
Dadas las serias repercusiones que conlleva, el COP ha remitido una nueva carta a la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, en la que hace constar que las tareas que están vinculadas al análisis y evaluación del comportamiento de víctimas, testigos o imputados son intrínsecamente propias de la Psicología, por lo que los psicólogos son los profesionales mejor formados para realizarlas, tal y como llevan haciendo desde hace más de 25 años dentro de la Administración de Justicia.
A su vez, en dicho escrito, el Colegio expresa su desconcierto al haberse omitido a los psicólogos en la elaboración del Protocolo de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, teniendo en cuenta además que el propio Sindicato Profesional de Médicos Forenses -en una carta remitida a Dña. Caridad Hernández- reconocía que nunca antes habían realizado esta labor.
Esta carta ha sido acompañada de un listado de firmas de psicólogos que se encuentran actualmente trabajando dentro de la Administración de Justicia, quienes de este modo han manifestado su profundo malestar ante la situación creada.
Además, y tal y como hemos indicado anteriormente, el COP junto con la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF) ha enviado al Ministerio de Justicia una denuncia conjunta, por "las prácticas de injerencia profesional en las competencias propias del psicólogo en el ámbito forense", especialmente detectadas en los protocolos de valoración de asuntos de violencia de género que el Ministerio de Justicia ha implantado.
Ambas entidades expresan su preocupación por las implicaciones de la puesta en marcha de dichos protocolos ya que, además de provocar una "división arbitraria de las funciones de los distintos profesionales de las unidades de valoración forense", pueden repercutir seriamente en la calidad de los resultados de las tareas periciales, al no estar vinculadas las tareas de evaluación psicológica a los profesionales que mejor están formados para realizarlas, esto es, a los profesionales de la Psicología.
Por todo ello, el COP y la SEPJF reclaman la competencia del psicólogo en las tareas asociadas a la evaluación psicológica de las víctimas, a la evaluación psicológica de la credibilidad del testimonio (ya que esta técnica fue creada desde el ámbito de la Psicología y requiere que el profesional que la lleve a cabo sea altamente competente y disponga de práctica y conocimientos plenamente actualizados) y a la predicción del comportamiento violento y la valoración del riesgo o la peligrosidad.
Asimismo, recuerdan al Ministerio de Justicia el requisito de que sólo los licenciados en Psicología pueden firmar o defender un informe psicológico, tras observar irregularidades en algunos servicios, en los que los informes psicológicos están siendo defendidos en Sala por médicos.
Tanto el COP como la SEPJF desean que se resuelvan de manera inmediata estas anomalías en bien de la justicia y del buen desempeño profesional.
Ambos textos pueden consultarse pinchando en los siguientes enlaces:
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