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Era el año 1994 y el Diario El País se hacia Eco de..........
Padres separados creen que ingresar en la cárcel por impago de pensiones traumatiza a sus hijos.
Los divorciados se quejan de la impunidad de quienes impiden el contacto con los hijos.
ELENA CASTELLÓ - Madrid - 20/02/1994
Convertidos en pagadores y padres de fin de semana.
Así se ven a sí mismos numerosos padres de familia separados, que consideran que los jueces priman la figura de la madre a la hora de conceder la custodia de los hijos.
Los casos de 3 hombres, 1 en Barcelona y 2 en Zaragoza, encarcelados por no pagar la pensión de alimentos han provocado las protestas de colectivos de separados, que consideran que se trata de casos de prisión por deudas, eliminados de la legislación española, y piden que se penalice la obstaculización de las visitas, muy frecuente y casi siempre impune, según afirman.
Las asociaciones de padres separados, que han proliferado en los últimos años en España, han reaccionado con indignación ante los casos de Barcelona y Zaragoza.
"La prisión por deudas es algo anacrónico", afirma Ramón Pastor, presidente de la Federación Estatal de Padres Separados (FEPS), una de las 2 que existen en España, con unos 1.000 asociados, en su mayoría hombres. "La cárcel es una medida traumática para los niños", argumenta.
Esta asociación está recogiendo firmas para eliminar del Código Penal el artículo 487 bis, introducido en 1989, que prevé penas de 1 mes y 1 día a 6 meses de cárcel y multas de 100.000 a 500.000 pesetas si no se pagan las pensiones durante al menos 3 meses.
"Hay otras medidas. Hacienda tiene medios suficientes para investigar las finanzas de alguien que se niega a cumplir con los pagos", concluye Pastor.
La Federación Padres de Canaletas, con unos 3.000 asociados, considera necesario castigar a los padres que incumplen sus obligaciones, pero estima que, a la inversa, existe poca sensibilidad social cuando se obstaculiza las visitas del progenitor que no tiene la custodia.
En la actualidad, esto se castiga con las mismas penas que el impago de alimentos, por desobediencia a decisión judicial.
Los padres separados reclaman, sin embargo, que se tipifique como delito.
"La justicia actúa lentamente en estos casos y hace más difícil recuperar la relación con los h¡jos", afirma Manel Casas, vicepresidente de la Federación de Canaletas.
"No queremos cárcel, lo que pedimos es que se termine con esta impunidad, que se aplique la ley", dice Ramón Pastor.
Jueces y abogados afirman que los incumplimientos, tanto de visitas como de pensiones, rondan el 30% de los casos, aunque especifican que la mayoría de las quejas por las visitas no llegan al juzgado.
"Hay que dejar claro, primero, que las sentencias se cumplen en un 80%", afirma Jesús Gavilán, juez de familia de Madrid.
"Cuando se incumplen, suele ser algo recíproco: 'yo no te dejo ver a los niños si no pagas' y viceversa", explica.
Este juzgado, por ejemplo, ha tramitado, en los últimos 10 años, en torno a 300 incumplimientos sobre unos 10.000 sentencias, el 75% por impago de pensiones.
Custodia materna.
"Lo triste es que, a menudo, son los propios separados los que no visitan a sus hijos, porque los tienen en segundo plano", afirma Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas.
Los afectados alegan que el problema es que los jueces conceden sistemáticamente la custodia de los hijos a la madre, aunque ambos se hayan ocupado de su cuidado, y que los abogados les desaniman a solicitarla.
La realidad es que pocos padres la piden: en el 95% de los casos de mutuo acuerdo los cónyuges la pactan para la madre y sólo en un 16% de los contenciosos hubo un enfrentamiento por la custodia, resuelto a favor de la madre en un 63% de los casos y del padre en un 25%, según los datos de varios juzgados madrileños.
"Los jueces no somos sexistas", insiste Jesús Gavilán.
"La realidad es que son casi siempre las madres las que se ocupan de los hijos. Los padres suelen pedir la custodia de forma testimonial aunque reconocen que los niños están mejor con la madre. A menudo se utiliza a éstos para negociar las condiciones de la separación, porque el piso se lo quedan los niños", explica.
Los separados consideran que la solución es la custodia compartida, una fórmula no prevista en la ley, aunque se utiliza en casos excepcionales.
"Eso del régimen de visitas es carcelario", afirma Ramón Pastor.
"¿Cómo es posible que sólo se pueda ver a unos hijos cuatro días al mes? Se valora más que duerman en la misma cama que que tengan un padre y una madre", razona.
Pero, los jueces son reacios a esta fórmula para preservar la estabilidad del menor y cuando se concede es porque los ex-cónyuges tienen una relación excelente.
"Es obvio que el régimen de visitas es sólo un marco de referencia y lo normal es ser flexible", explica la juez María Jesús Muriel.
"Si encima los padres se llevan mal, es caótico para los críos estar de aquí para allá, un mes con uno y un mes con otro".
Familias abandonadas.
La mayoría de los expertos valoran el artículo 487 bis como una medida disuasoria eficaz.
"No se trata de una prisión por deudas, sino por abandono de familia, algo muy grave y duramente penado en la mayoría de las legislaciones", afirma María José Varela, abogada.
"Una gran parte de los demandados accede voluntariamente al pago porque se asustan al recibir la querella", explica María Luisa Casal, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que ha tramitado 608 querellas en los últimos 4 años, por impago de pensiones, por valor de más de 500 millones de pesetas.
Los alimentos adeudados oscilan alrededor de las 20.000 pesetas mensuales por hijo.
"El problema más grave son los profesionales liberaIes, los que trabajan en la economía sumergida o los que ponen sus bienes a nombre de terceras personas, algo frecuente cuando hay un segundo matrimonio", afirma el juez Jesús Gavilán.
Muchos jueces absuelven a los querellados porque alegan que no son solventes, aunque el impago sea objetivo.
La cárcel llega en caso de reincidencia, porque la ley permite que no se cumplan las penas inferiores a un año, si no hay antecedentes.
En el caso de la obstaculización de las visitas, los profesionales reconocen las dificultades para actuar, aunque pocos son partidarios de convertirla en delito.
"La ley prevé que se retire la custodia a quien incumple una sentencia obstaculizando las visitas, pero es algo muy delicado, porque no es fácil establecer hasta qué punto son los propios niños los que no quieren ver al otro o están manipulados. Esta solución suele ser siempre peor que el mal que intenta evitarse", explica María Jesús Muriel.
La escasez de asistentes sociales y de psicólogos en los juzgados complica la situación, según los expertos.
"Una solución sería una policía judicial especializada que pudiera intervenir, porque ir a buscar a los niños con la policía es tremendo", dice Muriel.
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