Carla Camino, 21 Agosto 2026
Comparar las políticas contra la violencia sobre las mujeres exige mirar mucho más allá de una única partida presupuestaria. Los recursos proceden de los presupuestos autonómicos, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de programas estatales específicos, de las redes de acogida, de las prestaciones económicas y de actuaciones vinculadas a vivienda, empleo o atención psicológica. Además, presupuesto aprobado y gasto realmente ejecutado no son conceptos equivalentes, por lo que las cifras de 2026 deben analizarse atendiendo a cada programa y al momento del ejercicio en que se encuentran.
El mapa autonómico combina aumentos de recursos, recortes concretos, nuevas prestaciones y diferencias todavía pendientes de medir en la ejecución definitiva
El Estado garantiza 160 millones anuales para las comunidades
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género constituye el principal elemento común para comparar la financiación territorial. La renovación aprobada en 2025 amplió las medidas del acuerdo y reforzó la inclusión de formas de violencia como la violencia económica, la violencia vicaria y la violencia digital.
El modelo garantiza 160 millones de euros anuales durante 5 ejercicios destinados a las comunidades autónomas. A esa cantidad se añaden en 2026 otros 19,8 millones de euros distribuidos para programas específicos relacionados con la atención integral, los planes personalizados y la protección frente a las violencias sexuales.
En conjunto, las transferencias estatales analizadas alcanzan 179,8 millones de €.
El reparto de los 160 millones del Pacto de Estado tiene en cuenta factores como la población femenina, el desempleo y la temporalidad de las mujeres, la dispersión territorial, la población rural, la insularidad y la presencia de mujeres mayores, extranjeras o con discapacidad.
Navarra y País Vasco no aparecen en el reparto ordinario debido a sus respectivos regímenes de financiación.
Andalucía, Cataluña y Madrid concentran las mayores asignaciones estatales entre las comunidades incluidas en el reparto ordinario.
Andalucía lidera el reparto estatal.
Andalucía es la comunidad que recibe una mayor cantidad de los fondos ordinarios del Pacto en 2026, con aproximadamente 24,02 millones de euros, seguida por Cataluña, con 20,57 millones, y Madrid, con 17,07 millones.
Comunidad autónoma Pacto de Estado 2026
Andalucía ...................................................... 24,02 millones de €
Cataluña ........................................................ 20,57 millones de €
Madrid ........................................................... 17,07 millones de €
Comunitat Valenciana ................................... 14,73 millones de €
Galicia ........................................................... 12,48 millones de €
Castilla y León .............................................. 11,81 millones de €
Castilla-La Mancha ....................................... 10,07 millones de €
Canarias ....................................................... 09,24 millones de €
Aragón .......................................................... 07,45 millones de €
Extremadura ................................................. 07,38 millones de €
Illes Balears .................................................. 06,46 millones de €
Murcia ........................................................... 05,55 millones de €
Asturias ......................................................... 04,54 millones de €
Cantabria ...................................................... 02,48 millones de €
La Rioja ........................................................ 02,41 millones de €
Navarra ........................................................ Régimen foral
País Vasco ................................................... Régimen foral
Este reparto, sin embargo, no permite saber qué comunidad realiza un mayor esfuerzo global contra la violencia de género, porque no incluye todo el dinero aportado directamente desde los presupuestos autonómicos.
Andalucía ...................................................... 24,02 millones de €
Cataluña ........................................................ 20,57 millones de €
Madrid ........................................................... 17,07 millones de €
Comunitat Valenciana ................................... 14,73 millones de €
Galicia ........................................................... 12,48 millones de €
Castilla y León .............................................. 11,81 millones de €
Castilla-La Mancha ....................................... 10,07 millones de €
Canarias ....................................................... 09,24 millones de €
Aragón .......................................................... 07,45 millones de €
Extremadura ................................................. 07,38 millones de €
Illes Balears .................................................. 06,46 millones de €
Murcia ........................................................... 05,55 millones de €
Asturias ......................................................... 04,54 millones de €
Cantabria ...................................................... 02,48 millones de €
La Rioja ........................................................ 02,41 millones de €
Navarra ........................................................ Régimen foral
País Vasco ................................................... Régimen foral
Este reparto, sin embargo, no permite saber qué comunidad realiza un mayor esfuerzo global contra la violencia de género, porque no incluye todo el dinero aportado directamente desde los presupuestos autonómicos.
Madrid recorta partidas concretas de prevención
La Comunidad de Madrid presenta uno de los casos más claros de reducción de partidas específicas detectados en las cuentas de 2026.
El programa autonómico de actuaciones contra la violencia de género e igualdad pasó de aproximadamente 39,85 millones de € en el presupuesto inicial de 2025 a 38,27 millones en 2026, lo que supone una reducción cercana al 4%.
La caída resulta especialmente significativa en la partida destinada a prevención y sensibilización contra la violencia de género, que pasa de alrededor de 2,47 millones de € a 1,31 millones de euros, cerca de un 47% menos.
Las transferencias destinadas a corporaciones locales también disminuyen, desde aproximadamente 369.200 euros hasta 200.200 €.
A estas reducciones se suma el debate sobre la ejecución presupuestaria. Según los datos de ejecución difundidos correspondientes al 1º semestre, hasta el 30 de junio se habían contabilizado únicamente 849 € en la partida de prevención y sensibilización.
El Gobierno autonómico sostiene, por su parte, que las actuaciones se ejecutarán durante el ejercicio y defiende que otros recursos directamente vinculados con la atención a las mujeres víctimas han aumentado.
El caso madrileño muestra por qué resulta necesario separar presupuesto global, partidas concretas y ejecución efectiva del gasto.
La Comunitat Valenciana mantiene ayudas pero cambia el control presupuestario
La situación de la Comunitat Valenciana es diferente. Las cuentas de 2026 mantienen los créditos destinados a las ayudas económicas previstas para víctimas de violencia de género y las indemnizaciones contempladas en la normativa autonómica.
El cambio relevante se encuentra en los mecanismos de seguimiento.
La Ley de Presupuestos de 2025 recogía una disposición específica relacionada con el pacto valenciano contra la violencia machista que obligaba a informar de los objetivos, presupuesto asignado y nivel de ejecución de las actuaciones desarrolladas por cada departamento.
Esa obligación específica no figura en los mismos términos en la legislación presupuestaria de 2026.
La modificación no equivale a eliminar las ayudas a las víctimas, pero sí reduce una herramienta expresamente vinculada al seguimiento público de los recursos destinados a estas políticas.
Asturias aumenta las ayudas y amplía la protección.
Asturias se encuentra entre las comunidades que han reforzado algunas de sus prestaciones.
El Principado ha elevado de 6.000 a 9.000 € las ayudas destinadas a hijos e hijas menores de 26 años de mujeres asesinadas por violencia de género.
También ha crecido la financiación destinada a las prestaciones económicas para mujeres víctimas. La dotación ha pasado de aproximadamente 1,02 millones a 2,24 millones de € durante la actual legislatura.
Los Centros Asesores de la Mujer cuentan además con unos 1,6 millones de € y la red de casas de acogida y pisos tutelados dispone de aproximadamente 1,47 millones.
La evolución muestra un aumento tanto en las ayudas económicas como en la financiación de los recursos asistenciales.
Asturias y Castilla-La Mancha se sitúan entre los territorios que han anunciado incrementos específicos en las políticas contra la violencia machista.
Castilla-La Mancha incrementa un 9% los recursos específicos.
Castilla-La Mancha ha elevado los fondos específicamente destinados a la identificación, prevención y lucha contra la violencia machista.
La dotación alcanza alrededor de 24 millones de € en 2026, aproximadamente un 9% más que en el ejercicio anterior.
El dinero se dirige, entre otras actuaciones, al funcionamiento de la Red de Centros de la Mujer, los recursos de acogida y las políticas de prevención y atención integral.
El presupuesto general del área de Igualdad también crece respecto a 2025.
Galicia estrena ayudas específicas para víctimas de violencia sexual.
Galicia ha incorporado en 2026 una nueva línea dirigida específicamente a víctimas de violencia sexual, dotada con 2 millones de €.
Las prestaciones pueden alcanzar aproximadamente 12.500 € por beneficiaria, dependiendo de las circunstancias previstas en la convocatoria.
La Xunta mantiene además cerca de 2,68 millones de € para las ayudas económicas relacionadas con el art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004 y otra partida destinada a indemnizaciones en determinados casos en los que el agresor declarado responsable no puede hacer frente al pago.
El modelo gallego combina así las ayudas tradicionales para víctimas de violencia de género con una nueva prestación específica para violencias sexuales.
Andalucía amplía derechos para los hijos de mujeres asesinadas.
Además de encabezar el reparto estatal, Andalucía mantiene diferentes programas financiados directamente por la Junta.
Entre ellos figuran ayudas para mujeres víctimas acogidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida y prestaciones para mujeres con insuficiencia de recursos y especiales dificultades para encontrar empleo.
Una de las principales modificaciones de 2026 afecta a los hijos e hijas de mujeres asesinadas.
Andalucía ha ampliado hasta los 26 años la posibilidad de acceder a la prestación económica destinada a descendientes de mujeres víctimas mortales de violencia de género.
Se trata de un cambio que amplía la protección prevista por la normativa autonómica.
Las diferencias entre territorios no se limitan al dinero: algunas comunidades están modificando también derechos, prestaciones y marcos regulatorios.
Cataluña eleva las indemnizaciones.
Cataluña ha actualizado en 2026 las cuantías de varias indemnizaciones vinculadas a la violencia machista.
La indemnización general para mujeres víctimas pasa de aproximadamente 3.892 € en 2025 a 4.009 € en 2026.
En determinados casos relacionados con discapacidad u otras circunstancias protegidas, la prestación puede superar los 5.000 €.
También aumenta la indemnización correspondiente a hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, que se sitúa alrededor de los 57.733 €.
La normativa contempla asimismo determinados supuestos relacionados con la violencia vicaria.
Canarias aumenta el presupuesto de Igualdad.
El Instituto Canario de Igualdad dispone en 2026 de aproximadamente 14,7 millones de € de presupuesto propio, alrededor de 1 millón más que el año anterior.
El incremento se destina, entre otros programas, al refuerzo de la atención de las víctimas y de los servicios vinculados a la red asistencial.
Canarias cuenta además con centros de crisis de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual en diferentes islas.
La comunidad ha estado sometida en ejercicios anteriores a debate político por la ejecución de determinados recursos estatales. El Gobierno canario ha defendido que la utilización de los fondos ha mejorado y que algunos remanentes autorizados continúan destinados a proyectos durante 2026.
Extremadura pone en marcha una nueva ayuda
Extremadura ha incorporado una línea específica de subvenciones destinada a favorecer la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género.
La convocatoria dispone de aproximadamente 1,76 millones de € y busca atender situaciones de vulnerabilidad económica y facilitar la autonomía de las mujeres respecto al agresor.
Paralelamente, se mantienen las prestaciones dirigidas a mujeres con escasos recursos y dificultades especiales de acceso al mercado laboral.
Murcia financia la red de atención especializada.
La Región de Murcia mantiene una importante parte de su política asistencial a través de los Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, conocidos como CAVI.
En 2026 se han destinado alrededor de 3,08 millones de € a ayuntamientos para financiar estos centros y los puntos de atención especializada.
Con otros recursos residenciales y asistenciales, la financiación aprobada supera los 3,4 millones de €.
El acceso al empleo, la vivienda y la independencia económica se ha convertido en otro de los ejes principales de las ayudas autonómicas
Castilla y León apuesta por la inserción laboral.
Castilla y León mantiene incentivos destinados a empresas y entidades que contraten a mujeres víctimas de violencia de género.
Las ayudas pueden alcanzar 10.000 € por contrato indefinido a jornada completa, mientras existen cuantías inferiores para diferentes modalidades de contratación temporal.
La comunidad desarrolla además programas de capacitación, orientación e inserción laboral cofinanciados con recursos europeos.
El objetivo de estas actuaciones es reducir uno de los principales obstáculos que dificultan abandonar definitivamente situaciones de violencia: la dependencia económica respecto al agresor.
Aragón, Baleares, Cantabria y La Rioja mantienen sus programas
Aragón mantiene abiertas las ayudas económicas para víctimas de violencia de género y diferentes servicios de atención social, psicológica, jurídica y laboral.
También dispone de financiación para municipios integrados en el sistema VioGén y programas destinados a la prevención de la violencia de género y la coeducación.
Illes Balears cuenta en 2026 con convocatorias para proyectos relacionados con igualdad y prevención y erradicación de las violencias machistas, además de recursos especializados para víctimas de violencia sexual.
En Cantabria continúan las subvenciones destinadas a municipios y mancomunidades para mantener las Oficinas de Atención e Información a las Mujeres, así como determinadas ayudas de vivienda para colectivos vulnerables entre los que se encuentran las víctimas.
La Rioja, por su parte, mantiene la prestación económica destinada a mujeres víctimas con insuficiencia de recursos y especiales dificultades para acceder a un empleo.
País Vasco estrena regulación para distintas ayudas
El País Vasco, que debido a su régimen financiero no aparece en el reparto ordinario estatal, ha desarrollado en 2026 nuevos instrumentos normativos.
La regulación autonómica establece el procedimiento para conceder las ayudas económicas previstas para las mujeres víctimas de violencia de género.
Dependiendo de las circunstancias familiares y personales, las cantidades pueden situarse entre aproximadamente 3.420 y 12.420 €.
También se ha regulado una prestación económica específica para víctimas de violencias sexuales, dirigida a favorecer su autonomía y recuperación.
Navarra permite seguir el gasto durante el ejercicio.
Navarra es uno de los territorios que ofrece información detallada sobre la evolución de su programa presupuestario.
El programa destinado a la prevención integral de la violencia de género tiene asignados aproximadamente 3,31 millones de € en 2026.
Al cierre del 1º trimestre se habían contabilizado alrededor de 359.662 euros.
La cifra representa solo una fotografía de los 3 primeros meses. No permite concluir que exista una baja ejecución anual, puesto que contratos, subvenciones y transferencias pueden concentrarse en la 2ª mitad del ejercicio.
La ejecución definitiva de los fondos de 2026 no podrá compararse correctamente hasta que termine el ejercicio y se presenten las correspondientes justificaciones.
¿Quién no está ejecutando el presupuesto?
Determinar qué comunidades no aplican el presupuesto contra la violencia machista exige más cautela que analizar los créditos inicialmente aprobados.
A 20 de agosto de 2026 todavía no existe una liquidación homogénea del ejercicio que permita elaborar un ranking fiable de ejecución entre las 17 comunidades.
Las autonomías tienen que justificar los fondos del Pacto de Estado indicando los compromisos adquiridos, obligaciones reconocidas, pagos realizados y posibles remanentes una vez concluido el ejercicio.
Por este motivo, cifras como los 849 € contabilizados hasta junio en la partida madrileña de prevención resultan políticamente relevantes y permiten señalar una ejecución inicial muy reducida, pero no equivalen todavía a la liquidación final de 2026.
Lo mismo sucede con Navarra: disponer del dato del 1º trimestre aporta transparencia, pero no permite determinar cuál será el porcentaje ejecutado al acabar diciembre.
La comparación definitiva deberá realizarse con los datos de cierre presupuestario y las justificaciones que las autonomías presenten posteriormente.
Un mapa autonómico con políticas muy diferentes
La fotografía disponible revela diferencias apreciables entre territorios.
Madrid registra recortes relevantes en determinadas partidas de prevención y transferencias municipales. Comunitat Valenciana conserva las principales ayudas, pero modifica el marco presupuestario de seguimiento que existía el año anterior.
Frente a esos casos, Asturias amplía prestaciones y recursos, Castilla-La Mancha incrementa el dinero específicamente destinado a violencia machista, Galicia incorpora ayudas para víctimas de violencia sexual, Andalucía extiende la protección económica para los hijos de mujeres asesinadas y Cataluña actualiza al alza diferentes indemnizaciones.
El análisis evidencia también que el volumen presupuestado no basta para valorar una política pública. Una administración puede incrementar sus créditos y dejar posteriormente parte del dinero sin gastar, mientras otra puede registrar una ejecución reducida durante los primeros meses y acelerar los pagos al final del ejercicio.
La radiografía definitiva de 2026 dependerá, por tanto, de tres variables:
a.- cuánto presupuesta cada comunidad,
b.- qué derechos y ayudas ofrece y
c.- cuánto dinero termina realmente ejecutando.
Es esa combinación, y no una sola partida, la que permitirá determinar qué territorios refuerzan de manera efectiva la protección frente a la violencia machista y cuáles retroceden.
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