Rosalina Moreno, 18 Julio 2020
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha encargado a la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) un informe sobre la situación de la Justicia en materia de Familia.
En concreto, sobre la sustracción de menores, las demoras en los juzgados, la situación de los equipos psicosociales y la falta de especialización de la Justicia en asuntos tan delicados para los ciudadanos como las custodias de niños, los divorcios, las sucesiones, las filiaciones o la atención a las personas discapacitadas.
Se lo pidió en la reunión que mantuvieron el pasado miércoles.
Por parte del Defensor del Pueblo, además de Fernández Marugán asistieron el jefe de gabinete, Francisco Virseda, la técnica del área Jurídica, Carmen Marín, y la responsable del departamento de Inmigración, Elena Arce, y por parte de la AEFA, la junta directiva, encabezada por su presidenta, Mª Dolores Lozano, la secretaria de la organización, Inmaculada Marín, y los vocales Álvaro Iraizoz, Beatriz de Pablo, Ramon Quintano y Mª Dolores López-Muelas.
Según han informado a Confilegal desde la AEAFA, Fernández Marugán comparte con la asociación su “preocupación” ante la “falta de especialización de los juzgados que atienden asuntos de familia”.
La AEAFA lleva desde hace más 2 décadas reivindicando la creación de la Jurisdicción de Familia, Infancia y Capacidad independiente de la jurisdicción Civil, labor en la que ha sumado “el respaldo de un amplio sector de la ciudadanía y de colectivos profesionales como psicólogos, trabajadores sociales y sanitarios vinculados con Familia, Infancia y Capacidad”.
Afirma que “la creación de una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad, propia e independiente es necesaria para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria a muchas situaciones en las que se ven afectados los derechos fundamentales de carácter personal de un gran sector de la población”.
La AEAFA destaca que “estas materias, junto con las relativas a la capacidad de las personas, se rigen por principios especiales, distintos a los de la generalidad de la jurisdicción civil”.
Señala que esta especialización “ha de abarcar tanto a la 1ª como a la 2ª instancia, así como prever y garantizar en todo el territorio, sin discriminación alguna entre comunidades autónomas ni partidos judiciales, la dotación de servicios psicosociales, especialmente adscritos a cada uno de los Juzgados, en los que deben exigirse idénticas condiciones de formación y especialización”.
La Asociación Española de Abogados de Familia hace hincapié en que los conflictos familiares tienen una elevada carga emocional.
Apunta que según los últimos estudios científicos, “este tipo de crisis es la 2ª experiencia más estresante por la que puede atravesar una persona después de la muerte de un ser querido”.
Además, informa que según el Observatorio del Derecho de Familia AEAFA, el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un alto nivel de conflictividad, en gran medida por el uso de la vivienda.
“Somos conscientes de que el problema no es divorciarse, sino divorciarse mal”, señala la asociación.
Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho una propuesta de reforma orgánica de la especialización en familia en la ‘Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida’.
El pasado 20 de junio, el órgano de gobierno de los jueces aprobó, con 20 votos a favor y 1 en blanco, esta guía, impulsada por su Comisión de Igualdad, para establecer criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida, que reclama, entre otras cuestiones, una reforma urgente de la legislación con el fin de regular de manera clara la custodia compartida; la especialización en materia de familia de órganos judiciales en 1ª y 2ª instancia, y la mejora en la comunicación entre los juzgados de familia y los juzgados penales para garantizar la seguridad de los menores en los casos de violencia intrafamiliar.
Según se desprende de la guía del CGPJ, “la creación de la especialización en familia, dentro del orden jurisdiccional civil, deberá ir acompañada de una reforma adecuada de la planta judicial, de la creación de las secciones especializadas correspondientes dentro del Ministerio Fiscal, y la aprobación de un Código de Familia, que contenga toda la normativa específica en la materia, sustantiva y procesal, así como la relativa los equipos profesionales y técnicos auxiliares que colaboran o puedan colaborar con la adecuada gestión del conflicto familiar (equipos psicosociales, 209 equipos de mediación, coordinación de parentalidad, puntos de encuentro y centros de atención a la familia, entre otros)”.
El texto íntegro se puede consultar aquí: Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
LA AEAFA TRASLADA AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE ‘LOS JUZGADOS SE ESTÁN HUNDIENDO POR EL CORONAVIRUS’
La AEAFA también informó a Francisco Fernández Marugán en el encuentro sobre la situación de los juzgados de Familia, que “se ha agravado” con la crisis del coronavirus.
“Los juzgados de Familia se están hundiendo por la falta de medios y la dilación de los pleitos, donde los niños viven en medio de los conflictos sin que se les dé una solución”, trasladó al Defensor del Pueblo el vocal de la AEAFA Álvaro Iraizoz.
El Defensor del pueblo y la AEAFA coinciden en que “se requiere una adaptación de la Justicia a la nueva realidad de la sociedad del siglo XXI y de los nuevos tipos de familias, con un aumento de medios materiales y humanos”.
“El servicio público ha de responder a los principios de especialidad y proximidad”, sostiene la AEAFA.
Afirma que “la creación de una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad, propia e independiente es necesaria para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria a muchas situaciones en las que se ven afectados los derechos fundamentales de carácter personal de un gran sector de la población”.
La AEAFA destaca que “estas materias, junto con las relativas a la capacidad de las personas, se rigen por principios especiales, distintos a los de la generalidad de la jurisdicción civil”.
Señala que esta especialización “ha de abarcar tanto a la 1ª como a la 2ª instancia, así como prever y garantizar en todo el territorio, sin discriminación alguna entre comunidades autónomas ni partidos judiciales, la dotación de servicios psicosociales, especialmente adscritos a cada uno de los Juzgados, en los que deben exigirse idénticas condiciones de formación y especialización”.
La Asociación Española de Abogados de Familia hace hincapié en que los conflictos familiares tienen una elevada carga emocional.
Apunta que según los últimos estudios científicos, “este tipo de crisis es la 2ª experiencia más estresante por la que puede atravesar una persona después de la muerte de un ser querido”.
Además, informa que según el Observatorio del Derecho de Familia AEAFA, el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un alto nivel de conflictividad, en gran medida por el uso de la vivienda.
“Somos conscientes de que el problema no es divorciarse, sino divorciarse mal”, señala la asociación.
Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho una propuesta de reforma orgánica de la especialización en familia en la ‘Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida’.
El pasado 20 de junio, el órgano de gobierno de los jueces aprobó, con 20 votos a favor y 1 en blanco, esta guía, impulsada por su Comisión de Igualdad, para establecer criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida, que reclama, entre otras cuestiones, una reforma urgente de la legislación con el fin de regular de manera clara la custodia compartida; la especialización en materia de familia de órganos judiciales en 1ª y 2ª instancia, y la mejora en la comunicación entre los juzgados de familia y los juzgados penales para garantizar la seguridad de los menores en los casos de violencia intrafamiliar.
Según se desprende de la guía del CGPJ, “la creación de la especialización en familia, dentro del orden jurisdiccional civil, deberá ir acompañada de una reforma adecuada de la planta judicial, de la creación de las secciones especializadas correspondientes dentro del Ministerio Fiscal, y la aprobación de un Código de Familia, que contenga toda la normativa específica en la materia, sustantiva y procesal, así como la relativa los equipos profesionales y técnicos auxiliares que colaboran o puedan colaborar con la adecuada gestión del conflicto familiar (equipos psicosociales, 209 equipos de mediación, coordinación de parentalidad, puntos de encuentro y centros de atención a la familia, entre otros)”.
El texto íntegro se puede consultar aquí: Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
LA AEAFA TRASLADA AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE ‘LOS JUZGADOS SE ESTÁN HUNDIENDO POR EL CORONAVIRUS’
La AEAFA también informó a Francisco Fernández Marugán en el encuentro sobre la situación de los juzgados de Familia, que “se ha agravado” con la crisis del coronavirus.
“Los juzgados de Familia se están hundiendo por la falta de medios y la dilación de los pleitos, donde los niños viven en medio de los conflictos sin que se les dé una solución”, trasladó al Defensor del Pueblo el vocal de la AEAFA Álvaro Iraizoz.
El Defensor del pueblo y la AEAFA coinciden en que “se requiere una adaptación de la Justicia a la nueva realidad de la sociedad del siglo XXI y de los nuevos tipos de familias, con un aumento de medios materiales y humanos”.
“El servicio público ha de responder a los principios de especialidad y proximidad”, sostiene la AEAFA.
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