QUICO ALSEDO, 24 febrero 2020
«Papá nunca me hizo nada». Con estas sencillas palabras quedó vista para sentencia hace 10 días, y este lunes definitivamente archivada, la denuncia por presuntos abusos sexuales a su hija contra Daniel I.Aguirre, uno de los padres afectados por el Caso Infancia Libre, denunciados instrumentalmente, sostiene la Policía, para ser apartados de sus vástagos.
Una denuncia sostenida durante años por su madre -y miembro de la asociación-, Patricia González Arribas, archivada una y otra vez, y que era prácticamente su única vía para evitar lo que pueda suceder ahora en el juzgado de al lado, donde la Fiscalía le pide 3 años de cárcel por secuestrar a la hija de ambos, que hoy tiene 11 años y que, por iniciativa de su progenitora, tuvo que pasar de nuevo por el trauma de declarar, esta vez ante un juez, que no, que su padre jamás le hizo nada.
Se trata del enésimo revés contra la asociación apadrinada por Podemos en las instituciones -llevó a sus rectoras, luego detenidas, a conferenciar al Congreso y la Asamblea de Madrid-, y uno de cuyos psiquiatras de cabecera, Antonio Escudero Nafs, fue asesor en 2010 del Observatorio Contra la Violencia de Género en época de Rodríguez Zapatero.
Precisamente un informe de Escudero Nafs de 2017 provocó ahora la reapertura de la causa contra I. Aguirre, trabajador del diario EL MUNDO. Una causa que ha constado de una sola diligencia: la declaración de la niña, que ha repetido que no existió abuso alguno, según consta en el auto de archivo. Así, la juez de Instrucción nº 54 de Madrid cierra el procedimiento, despachándose no obstante a gusto con la denunciante, y sugiriendo la denuncia instrumental.
INFORMES 'EX PROFESO'
Dice la magistrada, por ejemplo, que el centro pertinente de la Comunidad de Madrid ya descartó en 2016 el abuso, que la madre se negó a cumplir la orden judicial de que la menor fuera tratada en un hospital neutral (el reputado Niño Jesús de Madrid), y que uno de los informes supuestamente incriminatorios aportados por la madre fue realizado "ex profeso".
La autora de dicho informe, la pediatra granadina Narcisa Palomino, fue señalada por la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla, junto a Escudero Nafs, como parte del entramado de profesionales que dio cobertura a las madres de Infancia Libre en su decisión de huir con sus hijos, desescolarizarlos en algunos casos, y negarse a cumplir las resoluciones judiciales -la Fiscalía se ha negado a acusar al entramado de 'asociación ilícita', como pedía la Policía, pero eso podría suceder en las causas por secuestro contra las madres-.
La magistrada de Instrucción nº 54 llega incluso a señalar una incongruencia que podría ser reveladora de las intenciones de la madre en su periplo con la niña, y de la fabricación de informes señalada por los agentes: Escudero Nafs vio a la menor el 17 de julio de 2017, realizó un informe en el que certificaba que había recibido abusos, y pese a la gravedad de los hechos que supuestamente conoció no volvió a verla nunca más. "Sorprende que tras varias sesiones tratando a la menor, cuando ella cuenta el episodio supuestamente ocurrido con su padre se detenga el tratamiento", escribe literalmente la juez.
RELATOS QUE NO CUADRAN
Aguirre y González llevaban ya 3 años separados cuando él comenzó una relación con una nueva pareja y pidió a la mujer que le devolviera un dinero que le debía de la casa adquirida años antes por ambos. Ahí se produjo la 1ª denuncia, en diciembre de 2014. Instrucción nº 54 de Madrid ya archivó la causa en 2015, cuando la niña refirió abusos de forma "ambigua e imprecisa", y el propio forense señaló que los relatos de la menor y su madre no casaban.
Posteriormente, el Centro especializado de Intervención en Abuso Infantil (CIASI) de la Comunidad de Madrid certifica que "los hechos son no compatibles con abuso sexual infantil". Después, dado que la madre sigue oponiéndose a que el padre vea a su hija, el juzgado de Familia determina que la niña debe ser tratada por un psiquiatra del Niño Jesús, y no por Escudero Nafs.
Sin embargo, Patricia González nunca llega a llevar a su hija al Niño Jesús: las madres de Infancia Libre sostienen, como sostuvo en el Congreso su presidenta, la también detenida y encausada Mª Sevilla, que los psicólogos forenses de los juzgados suelen infravalorar y malentender los casos de abuso sexual intrafamiliar, y de alguna manera se declaran insumisas al sistema.
2 AÑOS EN PARADERO DESCONOCIDO
Con ese planteamiento, González huye con su hija en octubre de 2017, y permanece en paradero desconocido, con Aguirre gastándose miles de euros en detectives para tratar de recuperar a su hija, hasta que ambas son halladas por la Policía Nacional en mayo de 2019, ocultas en un pueblo de la Sierra de Madrid, pero aún cobrando cada mes la pensión del padre, que no ha dejado de pasarla en ningún momento pese al secuestro.
La causa por sustracción de menores arranca ahí contra la madre, que aporta nuevos informes para intentar volver a poner a la defensiva al padre con, otra vez, presuntos abusos sexuales sucedidos años atrás, y de los que no hay más prueba que informes de Escudero Nafs y Palomino. El mismo día en que la menor declara en Instrucción nº 54 la Fiscalía hace público que se le piden 3 años a la madre por su secuestro.
La niña, que estuvo 2 años en poder de su madre y separada del progenitor, admite en la sala que dichos abusos jamás tuvieron lugar y da a entender que en otras ocasiones repitió lo contrario porque sentía que eso esperaba su entorno. La literatura científica ilustra largamente cómo los hijos de padres separados suelen intentar no desairar al progenitor que entienden débil en un conflicto entre ambos.
Ahora, la magistrada archiva nuevamente la causa (de forma provisional, como siempre se hace en casos de abusos por si aparecieran pruebas nuevas) y se niega a realizar todas las diligencias pedidas por la madre, afeándole incluso que pida que declaren Escudero Nafs (quien "no volvió a ver más a la menor"), Palomino (quien sólo la vio "en una ocasión") e incluso la abuela materna, "también investigada por la sustracción de la menor", señala la jueza, no sin intención.
Dice la magistrada, por ejemplo, que el centro pertinente de la Comunidad de Madrid ya descartó en 2016 el abuso, que la madre se negó a cumplir la orden judicial de que la menor fuera tratada en un hospital neutral (el reputado Niño Jesús de Madrid), y que uno de los informes supuestamente incriminatorios aportados por la madre fue realizado "ex profeso".
La autora de dicho informe, la pediatra granadina Narcisa Palomino, fue señalada por la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla, junto a Escudero Nafs, como parte del entramado de profesionales que dio cobertura a las madres de Infancia Libre en su decisión de huir con sus hijos, desescolarizarlos en algunos casos, y negarse a cumplir las resoluciones judiciales -la Fiscalía se ha negado a acusar al entramado de 'asociación ilícita', como pedía la Policía, pero eso podría suceder en las causas por secuestro contra las madres-.
La magistrada de Instrucción nº 54 llega incluso a señalar una incongruencia que podría ser reveladora de las intenciones de la madre en su periplo con la niña, y de la fabricación de informes señalada por los agentes: Escudero Nafs vio a la menor el 17 de julio de 2017, realizó un informe en el que certificaba que había recibido abusos, y pese a la gravedad de los hechos que supuestamente conoció no volvió a verla nunca más. "Sorprende que tras varias sesiones tratando a la menor, cuando ella cuenta el episodio supuestamente ocurrido con su padre se detenga el tratamiento", escribe literalmente la juez.
RELATOS QUE NO CUADRAN
Aguirre y González llevaban ya 3 años separados cuando él comenzó una relación con una nueva pareja y pidió a la mujer que le devolviera un dinero que le debía de la casa adquirida años antes por ambos. Ahí se produjo la 1ª denuncia, en diciembre de 2014. Instrucción nº 54 de Madrid ya archivó la causa en 2015, cuando la niña refirió abusos de forma "ambigua e imprecisa", y el propio forense señaló que los relatos de la menor y su madre no casaban.
Posteriormente, el Centro especializado de Intervención en Abuso Infantil (CIASI) de la Comunidad de Madrid certifica que "los hechos son no compatibles con abuso sexual infantil". Después, dado que la madre sigue oponiéndose a que el padre vea a su hija, el juzgado de Familia determina que la niña debe ser tratada por un psiquiatra del Niño Jesús, y no por Escudero Nafs.
Sin embargo, Patricia González nunca llega a llevar a su hija al Niño Jesús: las madres de Infancia Libre sostienen, como sostuvo en el Congreso su presidenta, la también detenida y encausada Mª Sevilla, que los psicólogos forenses de los juzgados suelen infravalorar y malentender los casos de abuso sexual intrafamiliar, y de alguna manera se declaran insumisas al sistema.
2 AÑOS EN PARADERO DESCONOCIDO
Con ese planteamiento, González huye con su hija en octubre de 2017, y permanece en paradero desconocido, con Aguirre gastándose miles de euros en detectives para tratar de recuperar a su hija, hasta que ambas son halladas por la Policía Nacional en mayo de 2019, ocultas en un pueblo de la Sierra de Madrid, pero aún cobrando cada mes la pensión del padre, que no ha dejado de pasarla en ningún momento pese al secuestro.
La causa por sustracción de menores arranca ahí contra la madre, que aporta nuevos informes para intentar volver a poner a la defensiva al padre con, otra vez, presuntos abusos sexuales sucedidos años atrás, y de los que no hay más prueba que informes de Escudero Nafs y Palomino. El mismo día en que la menor declara en Instrucción nº 54 la Fiscalía hace público que se le piden 3 años a la madre por su secuestro.
La niña, que estuvo 2 años en poder de su madre y separada del progenitor, admite en la sala que dichos abusos jamás tuvieron lugar y da a entender que en otras ocasiones repitió lo contrario porque sentía que eso esperaba su entorno. La literatura científica ilustra largamente cómo los hijos de padres separados suelen intentar no desairar al progenitor que entienden débil en un conflicto entre ambos.
Ahora, la magistrada archiva nuevamente la causa (de forma provisional, como siempre se hace en casos de abusos por si aparecieran pruebas nuevas) y se niega a realizar todas las diligencias pedidas por la madre, afeándole incluso que pida que declaren Escudero Nafs (quien "no volvió a ver más a la menor"), Palomino (quien sólo la vio "en una ocasión") e incluso la abuela materna, "también investigada por la sustracción de la menor", señala la jueza, no sin intención.
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