Un informe sobre calidad de la Justicia emitido por el Consejo General del Poder Judicial recoge el brutal descenso que ha supuesto la ley de tasas a la hora de que los españoles recurran una decisión de los tribunales.
Del nexo causal entre la entrada en vigor de la polémica reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y dicha caída en los recursos da cuenta la comparativa con el año anterior (2012) y el hecho de que no se produzca en los asuntos penales, donde no hay tasas.
El principal descenso se produce, según el referido informe (Indicadores sobre la revocación de sentencias a la luz de la Estadística Judicial. Año 2013), en los temas civiles, donde los recursos de apelación elevados, que habían disminuido un 2,9% en 2012, “han tenido una fortísima reducción del 30,2% en 2013”, en las propias palabras del autor de este Boletín Información Estadística Nº 36 y fechado en mayo de 2014. Estos recursos de apelación tienen una tasa de 800 euros.
Más llamativo resulta el caso de los juzgados mercantiles, donde si bien bajaron de forma apreciable los recursos, ese descenso es aún más pronunciado si se tiene en cuenta lo acaecido el año anterior. Así, los recursos de apelación elevados en estos juzgados, que habían tenido un incremento del 20,3% en 2012, han disminuido un 17,6% durante 2013.
La historia se repite en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en los que también se pagan tasas y los recursos de apelación elevados han disminuido un 16%. En este orden jurisdiccional, el coste de las tasas oscilan desde los 200 euros, si el procedimiento es abreviado, hasta los 1.200 euros del recurso de casación.
Idéntica situación tiene lugar en lo Social, donde los recursos de suplicación elevados durante el año pasado bajaron en un 18,8%. Para este tipo de recursos, el ciudadano debe abonar 500 euros más el 0,10% de la cantidad del juicio.
De forma sintomática, en lo Penal -donde no se pagan tasas- los recursos de apelación elevados cayeron en un 4,2%.
A la espera del TC
Estas tasas judiciales han provocado desde su anuncio un fuerte rechazo por la práctica totalidad de los sectores que conforman la Justicia, especialmente por parte de los abogados. Incluso, el Colegio de Abogados de Tenerife declaró al actual ministro “persona non grata” a raíz de entrada en vigor.
Estas protestas no sólo no han remitido sino que continúan, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si se ajustan a la Carta Magna o, por el contrario, suponen un recorte a la tutela judicial efectiva, como sostienen sus detractores.
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