Han muerto más de 34 menores a manos de sus responsables adultos desde 2000.
Con 25 perros y en pésimas condiciones sanitarias. Así vivían
hasta hace 2 semanas una vecina de Dúrcal (Granada) y una niña de
4 años supuestamente comprado por aquella a sus padres
originarios, a quienes la Policía detuvo ayer. De confirmarse este caso
–que hizo público ayer el alcalde del municipio–, entraría a formar
parte de la lista de cerca de 3.000 menores que son maltratados (34
muertos desde 2000) cada año en España.
De estos, el 68% son niñas, según el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida.
Para combatirlo, los expertos reivindican una ley de mínimos que permita aunar criterios entre las comunidades. “Hay 17 métodos independientes y falta conexión entre las administraciones”, denuncia Ana Maya, miembro del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid.
Su reivindicación también la comparte Isabelle Peris, secretaria de coordinación de la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada, que añade: “Tanto el abuso sexual como el maltrato emocional o el físico parten siempre de la no atención de las necesidades primarias del niño”. Además, insiste en “evitar la doble victimización, como ocurre cuando una víctima de abuso sexual debe esperar 6 años a que se juzgue su caso”.
Frente a indicios o evidencias de malos tratos, las directrices a seguir por los profesionales (médicos, trabajadores sociales, profesores, policías...) se limitan al Protocolo Básico de Intervención Contra el Maltrato Infantil, que aprobó el Observatorio de la Infancia en noviembre de 2007.
En este, apenas se dan unas pinceladas detalladas sobre “detección, notificación, evaluación, intervención y tratamiento y seguimiento”. Y se destaca que debe estar enmarcado “en un programa más amplio al maltrato infantil”, algo que todavía no se ha desarrollado.
El caso "Alba"
En Catalunya, el caso Alba, en 2006, puso de manifiesto la descoordinación entre los órganos de la Administración catalana para detectar un caso de maltratos a una menor. Por eso, el Govern adoptó una serie de medidas.
Las propuestas más importantes fueron la creación de los Equipos de Valoración de Malos tratos Infantiles (EVAMI) –formados por un médico, un psicólogo y un trabajador social– y el Registro Unificado de Malos Tratos Infantiles, el RUMI, una base de datos para que los médicos de la sanidad pública puedan saber el historial del niño.
Pero el RUMI aún está en pruebas y sólo funciona en los hospitales de Vall d’Hebrón y Sant Joan de Déu.
Por otra parte, la Policía detuvo ayer en Madrid a un ciudadano británico condenado por abusar sexualmente de una menor en Reino Unido. El arrestado estaba en la lista de los 18 más buscados por una organización británica contra el crimen.
De estos, el 68% son niñas, según el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida.
Para combatirlo, los expertos reivindican una ley de mínimos que permita aunar criterios entre las comunidades. “Hay 17 métodos independientes y falta conexión entre las administraciones”, denuncia Ana Maya, miembro del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid.
Su reivindicación también la comparte Isabelle Peris, secretaria de coordinación de la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada, que añade: “Tanto el abuso sexual como el maltrato emocional o el físico parten siempre de la no atención de las necesidades primarias del niño”. Además, insiste en “evitar la doble victimización, como ocurre cuando una víctima de abuso sexual debe esperar 6 años a que se juzgue su caso”.
Frente a indicios o evidencias de malos tratos, las directrices a seguir por los profesionales (médicos, trabajadores sociales, profesores, policías...) se limitan al Protocolo Básico de Intervención Contra el Maltrato Infantil, que aprobó el Observatorio de la Infancia en noviembre de 2007.
En este, apenas se dan unas pinceladas detalladas sobre “detección, notificación, evaluación, intervención y tratamiento y seguimiento”. Y se destaca que debe estar enmarcado “en un programa más amplio al maltrato infantil”, algo que todavía no se ha desarrollado.
El caso "Alba"
En Catalunya, el caso Alba, en 2006, puso de manifiesto la descoordinación entre los órganos de la Administración catalana para detectar un caso de maltratos a una menor. Por eso, el Govern adoptó una serie de medidas.
Las propuestas más importantes fueron la creación de los Equipos de Valoración de Malos tratos Infantiles (EVAMI) –formados por un médico, un psicólogo y un trabajador social– y el Registro Unificado de Malos Tratos Infantiles, el RUMI, una base de datos para que los médicos de la sanidad pública puedan saber el historial del niño.
Pero el RUMI aún está en pruebas y sólo funciona en los hospitales de Vall d’Hebrón y Sant Joan de Déu.
Por otra parte, la Policía detuvo ayer en Madrid a un ciudadano británico condenado por abusar sexualmente de una menor en Reino Unido. El arrestado estaba en la lista de los 18 más buscados por una organización británica contra el crimen.
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