Agencia EFE| Zaragoza, 1 abr 2013.-
La
llamada ley de custodia compartida, promulgada por las Cortes de Aragón
hace más de 2 años y medio, acumulaba a finales de 2012 un atasco de
casi 270 informes psicológicos, que el gobierno aragonés va a intentar
atajar con más recursos materiales y la contratación de algún psicólogo
más.
Así lo ha asegurado hoy en la Comisión
Institucional del parlamento autonómico el consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha
comparecido a petición del grupo parlamentario socialista para explicar
la aplicación, el grado de desarrollo y la afección de la Ley 2/2010, de
26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de
convivencia de los padres.
Pasados casi 3 años
desde la entrada en vigor de la ley, el consejero la ha calificado de
"necesaria", "positiva" y "oportuna", pero ha coincidido con los
portavoces de los grupos parlamentarios en la necesidad de crear un
grupo de trabajo, en el seno de las Cortes de Aragón, que analice el
desarrollo de la norma y su aplicación.
El consejero
ha reconocido que, a raíz de la aplicación de la ley, entre los años
2010 y 2011 hubo un incremento "brutal" en la carga de los juzgados de
familia, que llegó al 48 %, y se generó un "atasco
importantísimo" en lo que respecta a la redacción de los informes
psicológicos necesarios para que los jueces apliquen la norma.
El
gobierno de Aragón, según el consejero, adoptó 2 medidas para atajar
el atasco:
a.- aumentó la relación de puestos de trabajo en 2 psicólogos
más
b.- y contrató a una empresa externa para la realización de informes
puntuales.
Estas medidas consiguieron que la lista de espera no se incrementara, aunque no se ha logrado que ésta disminuya.
De hecho, a finales de 2011 había 290 informes pendientes, 359 en julio de 2012 y el nº a finales de 2012 era de 269.
Bermúdez
de Castro también ha reconocido que hay escasez de medios humanos para
tratar todos los asuntos que llegan por esta vía, y ha recordado que el
gobierno de Aragón apuesta por la creación en Zaragoza del IVº
juzgado de familia, que el gobierno de España no tiene previsto crear en
una decisión para el consejero "equivocada".
Ha
reconocido que el servicio de la mediación que prevé la ley "tampoco
funciona muy bien", a pesar de que ha mejorado, y por eso los esfuerzos
van a centrarse también en este campo.
Por todo
ello, y aunque ha reconocido que la ley funciona, ha dicho que se
debería llevar a cabo un "estudio profundo" para ver cómo mejorarla.
Precisamente
la modificación de esta ley ha sido la petición que han formulado desde
la oposición los portavoces de PSOE, CHA e IU.
El
diputado socialista Carlos Tomás ha mostrado sus dudas acerca de que se
cumpla el objetivo de la ley de garantizar el interés de los menores,
tanto en sus aspectos materiales como psicológicos, y el bienestar
general de los niños, y ha exigido el incremento de la plantilla de
psicólogos y que las sentencias salvaguarden el interés de menor.
Patricia
Luquín, diputada de IU, ha recordado que su grupo no está de acuerdo
con esta ley, que prácticamente obliga a dictar sentencias de custodia
compartida "que en la práctica son partidas o repartidas" sin tener en
cuenta a los menores y, en ocasiones, tampoco los informes psicológicos.
Por eso, al igual que Nieves Ibeas (CHA), ha pedido la modificación de la ley.
Ibeas
ha dicho que su grupo va a pedir la creación de un grupo de trabajo
para escuchar a las partes ante la necesaria reforma de la norma, pero
por el PAR, su portavoz, Alfredo Boné, ha recordado que ya existe una
ponencia que estudia el desarrollo del derecho foral aragonés.
Boné ha pedido que la modificación se haga "con datos objetivos y estudios", pero que ésta no se base en "juicios de valor".
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