10.000 casos colapsan los juzgados de violencia machista
Los jueces discrepan sobre la eficacia de la ley ante el alud de denuncias.
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PERE RÍOS - Barcelona - 02/11/2007
Jaume L. está separado. Un viernes de hace unas semanas le telefonearon los Mossos d'Esquadra para que se presentara en la comisaría.
Su ex esposa, T. C., le había denunciado por amenazas.
El hombre explicó que tenía a las niñas ese fin de semana y pidió un aplazamiento para el lunes. Después de algunos titubeos de la policía, se presentó en la noche del domingo, cuando las niñas ya habían vuelto con la madre.
Algunas denuncias acaban en simples faltas y son archivadas.
Declaró y quedó en libertad. Al día siguiente acudió al juzgado de violencia sobre la mujer y la denuncia inicial quedó reducida a una falta. De ella contra él y de él contra ella, con la misma prueba en ambos casos: los correos electrónicos que se cruzaron y que evidencian su enemistad. Unos días después, el caso se archivó sin juicio por mutuo acuerdo.
Jaume L. tuvo suerte. Lo habitual es que acabara detenido e inmerso en un proceso de meses. Una nimia denuncia de la ex esposa de Jaume L. movilizó a la policía y la justicia en aplicación de la Ley de Violencia sobre la Mujer.
Miles y miles de casos colapsan los juzgados de Cataluña, que empezaron a funcionar el 29 de junio de 2005. Sólo en los cuatro juzgados especializados de la ciudad de Barcelona hay ya más de 4.000 asuntos penales en trámite. En toda Cataluña, están en los 10.000.
"Un alto porcentaje de las denuncias no responden a los fines que trata de combatir la ley y no tienen justificación". Es la opinión de Ignacio de Torres, que fue durante casi dos años titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cerdanyola.
Además de los casos civiles y penales, se encargaba de tramitar todas las denuncias de violencia machista de su partido judicial.
"Hay un aumento de las denuncias, pero son denuncias que no llevan a nada, que lo único que hacen es criminalizar las relaciones de pareja", añade el juez De Torres, quien, en cuanto pudo, se marchó de ese juzgado. Lo mismo que han hecho todos los jueces de Cataluña que fueron destinados a esos juzgados, excepto en un caso.
Es el de Francisca Verdejo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona, que tiene una visión muy distinta.
En su opinión, la ley que está aplicando es buena y positiva y está ayudando a combatir el problema de la violencia machista.
"La respuesta penal es necesaria para intimidar, pero no es suficiente", explica esta juez.
Ella es una juez atípica. Asegura que le apasiona el trabajo que realiza, prácticamente vive por y para el juzgado y reconoce que los medios de que dispone sólo están al alcance de muy pocos jueces en España: en Barcelona hay un equipo de policía judicial en el mismo edificio de los juzgados, equipos psicosociales, un turno específico de abogados de oficio y fiscales especializados.
Con todo, reconoce que los cuatro juzgados especializados que hay en la ciudad son insuficientes. "En Madrid acabarán el año con 10 y aquí tenemos una carga de trabajo parecida y sólo se está pidiendo uno más", dice.
Hace unos días, Verdejo dejó listo para juicio un caso al uso, ocurrido en abril.
Una pareja discutió, se insultaron y amenazaron. Ella denunció que él le propinó un puñetazo en el estómago y presentó un informe médico. El hombre acabará en el banquillo y será otro juez quien lo juzgue.
Verdejo cree que la ley penal es necesaria para combatir la violencia machista, pero "ha de ir acompañada de prevención e información". En su opinión, no existen denuncias falsas, sino falta de pruebas en muchos casos que obligan al juez a archivar el caso o absolver.
Una condena por violencia machista lleva aparejada siempre una orden de alejamiento que impide al agresor acercarse a la víctima. Así lo establece el Código Penal y así lo tienen que acordar los jueces, aunque cada vez surgen más voces discrepantes entre los que imparten justicia.
Ya son tantas que hasta la presidenta del Observatorio Contra la Violencia de Género, Montserrat Comas, sugirió hace unos días en el Congreso una reforma legal para que la medida no sea automática y se estudie en cada caso.
La abogada Ester Omella considera que esa medida sólo es efectiva "en un porcentaje mínimo de ocasiones" porque no impide que "determinados perfiles de agresores se acerquen a la víctima e incluso atenten contra su integridad física".
La abogada también recuerda que esa medida impide la reconciliación de la pareja.
El quebrantamiento de la orden puede suponer el inicio de un nuevo proceso penal y su ingreso en prisión, a no ser que el hombre regrese con la mujer a petición de ésta.
Otra cosa son las órdenes de protección que dictan los jueces cuando se presenta una denuncia. Desde mediados de 2005 hasta el pasado 31 de marzo se solicitaron en Cataluña 11.135 órdenes, de las que los jueces acordaron 7.845 (70%).
Basta una coacción o una amenaza para justificar esta petición y que el juez la acuerde en poco menos de 72 horas, lo que puede comportar que el hombre tenga que abandonar el domicilio, que sea el juez quien decida sobre el régimen de visitas de los hijos y fije una pensión para alimentos.
Todo ello, provisionalmente, pero "después es muy difícil de cambiar", afirma la letrada Omella.
Y es que el abuso del derecho penal, puede producir situaciones como las que explica el juez Ignacio de Torres, cuando una mujer acudió a su juzgado para denunciar.
"Quiero que me dé una orden de alejamiento", le reclamó.
"¿Usted sabe lo que es eso, señora?", replicó el juez.
"No muy bien, pero mi vecina la tiene", replicó la denunciante.
"Yo quiero una orden para enseñársela a mi marido cuando venga borracho y no se me acerque", explica otra juez que le espetó una denunciante.
"Al principio se pensaba y se decía que se usaba el proceso penal para obtener ventajas en el proceso civil de separación", pero no es verdad, asegura la juez Francisca Verdejo.
Su compañero de promoción Ignacio de Torres no lo ve así. "La igualdad entre hombres y mujeres no se consigue con leyes así".
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