Quién se queda con la casa, cuándo hay que pagar compensaciones económicas, cómo gestionar los gastos de los hijos y otras cuestiones que complican la separación.
Raquel Quelart, 09/11/2026
Los divorcios van de capa caída: el año pasado se disolvieron 80.785 matrimonios, un 2,7% menos que en el 2024. Los datos estadísticos arrojan que la tendencia se remonta a hace al menos una década, impulsada por la menor nupcialidad y también por un factor que amarga la vida de muchas parejas: el dinero o, más bien dicho, la falta de él. Una situación que se agrava para los cónyuges con rentas bajas o modestas, a quienes divorciarse les hace más vulnerables económicamente.
Conscientes de ello, muchas parejas resisten a pesar de estar hartas, tal como admitía la abogada especialista en derecho de familia Adriana Auset en este episodio del podcast 'Bolsillo'. “De hecho, la crisis de la vivienda y el encarecimiento del coste de vida están haciendo que los aspectos económicos de los divorcios sean potencialmente mucho más conflictivos y difíciles de resolver. Muchos matrimonios actualmente se divorciarían y no lo hacen por estos motivos”, ratifica Auset cuando se le vuelve a preguntar por la cuestión.
Antaño, “en muchos divorcios, aunque la separación supusiera un esfuerzo económico, cada miembro de la pareja podía aspirar a reorganizar su vida en otra vivienda con cierta viabilidad. Actualmente esa posibilidad es mucho más complicada, por no decir imposible”, agrega la letrada.
Raquel Quelart, 09/11/2026
Los divorcios van de capa caída: el año pasado se disolvieron 80.785 matrimonios, un 2,7% menos que en el 2024. Los datos estadísticos arrojan que la tendencia se remonta a hace al menos una década, impulsada por la menor nupcialidad y también por un factor que amarga la vida de muchas parejas: el dinero o, más bien dicho, la falta de él. Una situación que se agrava para los cónyuges con rentas bajas o modestas, a quienes divorciarse les hace más vulnerables económicamente.
Conscientes de ello, muchas parejas resisten a pesar de estar hartas, tal como admitía la abogada especialista en derecho de familia Adriana Auset en este episodio del podcast 'Bolsillo'. “De hecho, la crisis de la vivienda y el encarecimiento del coste de vida están haciendo que los aspectos económicos de los divorcios sean potencialmente mucho más conflictivos y difíciles de resolver. Muchos matrimonios actualmente se divorciarían y no lo hacen por estos motivos”, ratifica Auset cuando se le vuelve a preguntar por la cuestión.
Antaño, “en muchos divorcios, aunque la separación supusiera un esfuerzo económico, cada miembro de la pareja podía aspirar a reorganizar su vida en otra vivienda con cierta viabilidad. Actualmente esa posibilidad es mucho más complicada, por no decir imposible”, agrega la letrada.
Incluso en las clases medias-altas, en las que el divorcio no suele ser tan dañino para el bolsillo, sí es oneroso, “porque a mayor renta o patrimonio, se suelen pagar pensiones de alimentos y compensaciones económicas [al cónyuge menos rico] de mayor cuantía en relación a los matrimonios con menos recursos”, argumenta el abogado y mediador Ignacio Marsal.
El precio: El 1º escollo
La primera factura del divorcio es el coste del propio trámite. Aunque las tarifas varían en función del abogado, un divorcio de mutuo acuerdo suele costar entre 900 y 1.200 €, una cifra que puede elevarse hasta los 3.500 € cuando el proceso se resuelve por la vía contenciosa. El importe final dependerá de la complejidad de cada caso. Con todo, el coste del papeleo resulta peccata minuta comparado con otros gastos que se prolongarán en el tiempo, como las pensiones compensatorias o alimenticias y el hecho de tener que afrontar con un único sueldo el alquiler o la hipoteca, los suministros del hogar y, en algunos casos, un 2º vehículo.
¿Quién se queda en la vivienda principal?: El 2º escollo
Auset asegura que la vivienda es hoy “el principal foco de conflicto en un divorcio” coincidiendo con el fuerte incremento de los precios de este tipo de inmuebles, sobre todo en las grandes capitales. Es el asunto, por lo tanto, que más se ha complicado, hasta el punto de que cada vez más excónyuges se ven abocados a tener que convivir bajo el mismo techo ante la falta de alternativa habitacional.
En los casos en los que la separación residencial es viable económicamente y el divorcio se produce de mutuo acuerdo, las partes pactan un precio para vender la vivienda a un 3º o para que un excónyuge le compre su mitad al otro. Es habitual encargar una tasación del inmueble, cuyo coste se reparte entre los 2 copropietarios.
Por el contrario, si el divorcio es contencioso, se solicita judicialmente la división del bien común, se tasa la vivienda y se fija tanto su valor de adjudicación como la compensación que corresponde al excónyuge que deja de ser dueño. Cuando ambas partes quieren quedarse con el piso, el juez suele ordenar la venta a un 3º.
En los casos en que la solución adoptada pasa por que uno de los excónyuges se quede como único propietario de la vivienda familiar, compensando económicamente a quien deja de serlo, puede ocurrir que la falta de financiación termine obligando a vender el inmueble a un 3º. Otra situación frecuente se produce cuando existe una hipoteca: uno de los cónyuges logra adjudicarse el 100% de la vivienda con ayuda familiar o recursos propios, pero el banco se niega a liberar al otro de la deuda, aunque haya perdido la titularidad de la casa. Mientras el préstamo siga vivo, esto puede limitar el acceso de este último a financiación bancaria para comprar otra vivienda. Además, el banco podría reclamarle las cuotas impagadas si el excónyuge no pudiera hacer frente a ellas.
El precio: El 1º escollo
La primera factura del divorcio es el coste del propio trámite. Aunque las tarifas varían en función del abogado, un divorcio de mutuo acuerdo suele costar entre 900 y 1.200 €, una cifra que puede elevarse hasta los 3.500 € cuando el proceso se resuelve por la vía contenciosa. El importe final dependerá de la complejidad de cada caso. Con todo, el coste del papeleo resulta peccata minuta comparado con otros gastos que se prolongarán en el tiempo, como las pensiones compensatorias o alimenticias y el hecho de tener que afrontar con un único sueldo el alquiler o la hipoteca, los suministros del hogar y, en algunos casos, un 2º vehículo.
¿Quién se queda en la vivienda principal?: El 2º escollo
Auset asegura que la vivienda es hoy “el principal foco de conflicto en un divorcio” coincidiendo con el fuerte incremento de los precios de este tipo de inmuebles, sobre todo en las grandes capitales. Es el asunto, por lo tanto, que más se ha complicado, hasta el punto de que cada vez más excónyuges se ven abocados a tener que convivir bajo el mismo techo ante la falta de alternativa habitacional.
En los casos en los que la separación residencial es viable económicamente y el divorcio se produce de mutuo acuerdo, las partes pactan un precio para vender la vivienda a un 3º o para que un excónyuge le compre su mitad al otro. Es habitual encargar una tasación del inmueble, cuyo coste se reparte entre los 2 copropietarios.
Por el contrario, si el divorcio es contencioso, se solicita judicialmente la división del bien común, se tasa la vivienda y se fija tanto su valor de adjudicación como la compensación que corresponde al excónyuge que deja de ser dueño. Cuando ambas partes quieren quedarse con el piso, el juez suele ordenar la venta a un 3º.
En los casos en que la solución adoptada pasa por que uno de los excónyuges se quede como único propietario de la vivienda familiar, compensando económicamente a quien deja de serlo, puede ocurrir que la falta de financiación termine obligando a vender el inmueble a un 3º. Otra situación frecuente se produce cuando existe una hipoteca: uno de los cónyuges logra adjudicarse el 100% de la vivienda con ayuda familiar o recursos propios, pero el banco se niega a liberar al otro de la deuda, aunque haya perdido la titularidad de la casa. Mientras el préstamo siga vivo, esto puede limitar el acceso de este último a financiación bancaria para comprar otra vivienda. Además, el banco podría reclamarle las cuotas impagadas si el excónyuge no pudiera hacer frente a ellas.
Por otro lado, Marsal hace hincapié en que, en ocasiones, la titularidad de la vivienda y el derecho de uso no van de la mano. “Puedo ser titular, pero el juzgado puede establecer que el derecho de uso de la casa lo tenga mi mujer al considerar que está más necesitada de protección”, aclara. Así, si, por ejemplo, la custodia de los menores se le otorga en exclusiva a la madre, “con total seguridad el derecho de uso de la vivienda se le atribuirá a ella”, asevera.
En cualquier caso, razona Auset, “el problema de la vivienda conduce a que la custodia compartida se vuelva más difícil de organizar económicamente, porque requiere que ambos progenitores puedan disponer de una vivienda adecuada y que se encuentren relativamente cercanas para facilitar la estabilidad escolar y social de los hijos”.
El pago de pensiones a hijos y excónyuge: El 3º escollo
Otro conflicto “frecuente”, prosigue la abogada, aparece cuando 1 de los 2 excónyuges tiene que pagar al otro una pensión alimenticia para los hijos. El desacuerdo se da a menudo cuando quien debe abonarla considera que no le queda suficiente dinero para mantener su propio hogar o porque quien la recibe valora que es demasiado baja para cubrir las necesidades reales de los hijos.
En la mitad de divorcios con menores se otorga la custodia compartida. Cuando se aplica este régimen, “en términos generales, cada progenitor asume los gastos ordinarios de los niños (como ropa, gasto escolar y alimentación) mientras viven con él”, explica Marsal. Y los gastos extraordinarios (por ejemplo, ortodoncia y tratamientos médicos) se reparten a partes iguales.
Sin embargo, puede pasar que, aun habiendo custodia compartida, uno de los progenitores tenga que asumir una pensión de alimentos cuando sus ingresos sean más elevados que los del otro. Por ejemplo, si el padre gana 3.000 € y la madre solo 1.000, “casi con total seguridad el padre deberá pagar una pensión de alimentos [para los hijos] a la exmujer”, aclara el letrado.
¿Pero y si con el paso del tiempo quien parte con desigualdad económica acaba prosperando y mejoran sus ingresos de manera sustancial? “Bien, pues esto sería motivo para pedir una modificación de las medidas que se acordaron en el momento en que se dictó la sentencia o se firmó el convenio regulador”, responde.
Otro aspecto que genera dudas es hasta cuándo deberá sufragarse la pensión alimenticia. “Se tiene que soportar hasta que los hijos sean económicamente suficientes, hasta que tengan trabajo con un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas”, responde Marsal.
Por lo tanto, “el progenitor no puede dejar de pagar la pensión a los 18 años si su hijo o hija todavía está estudiando, cosa distinta es que a los 29 años ni trabaje ni estudie”.
“La idea más importante es que tener los mismos ingresos y acordar una custodia compartida no significa necesariamente que todo se reparta a partes iguales, ni que desaparezca automáticamente la pensión de alimentos de los hijos. No obstante, de manera generalizada y en la práctica, ante ingresos iguales los gastos de los hijos se suelen repartir al 50%”, recalca Auset.
Además de la pensión de alimentos, puede ocurrir que uno de los cónyuges esté obligado a abonar al otro una pensión compensatoria, que “busca compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges respecto a la posición que tenía durante el matrimonio cuando concurren los requisitos legales”, dilucida la letrada.
En el régimen de separación de bienes que se aplica por defecto en algunas comunidades, como es el caso de Catalunya, cada cónyuge conserva los bienes que tenía antes del matrimonio y cada uno es propietario de los bienes que adquiere durante el matrimonio. Las cuentas bancarias individuales pertenecen a su titular, “salvo que se acredite otra titularidad o derecho”, y los bienes comprados conjuntamente se reparten según el porcentaje de propiedad que conste en el título de adquisición. Por lo tanto, en separación de bienes “no existe una obligación general de sumar todo el patrimonio generado durante el matrimonio y dividirlo por dos ni hacer una liquidación como sucede en el régimen de gananciales”, comenta la abogada.
Es por este motivo que en Catalunya existe la compensación económica por razón de trabajo, que puede aplicarse cuando uno de los cónyuges se ha dedicado sustancialmente más que el otro a la casa y los hijos sin una remuneración adecuada, lo que ha posibilitado que la otra parte pudiera conseguir un incremento patrimonial superior. “Pero si ambos han trabajado, han tenido ingresos similares y han contribuido de manera equivalente a las responsabilidades familiares, normalmente será más difícil justificar esta compensación”, dice Auset.
¿Cómo organizar el reparto de los gastos de los hijos?: El 4º desafío financiero
En el régimen de custodia compartida hay diferentes maneras de gestionar quién asume los gastos de los hijos.
“La idea más importante es que tener los mismos ingresos y acordar una custodia compartida no significa necesariamente que todo se reparta a partes iguales, ni que desaparezca automáticamente la pensión de alimentos de los hijos. No obstante, de manera generalizada y en la práctica, ante ingresos iguales los gastos de los hijos se suelen repartir al 50%”, recalca Auset.
Además de la pensión de alimentos, puede ocurrir que uno de los cónyuges esté obligado a abonar al otro una pensión compensatoria, que “busca compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges respecto a la posición que tenía durante el matrimonio cuando concurren los requisitos legales”, dilucida la letrada.
En el régimen de separación de bienes que se aplica por defecto en algunas comunidades, como es el caso de Catalunya, cada cónyuge conserva los bienes que tenía antes del matrimonio y cada uno es propietario de los bienes que adquiere durante el matrimonio. Las cuentas bancarias individuales pertenecen a su titular, “salvo que se acredite otra titularidad o derecho”, y los bienes comprados conjuntamente se reparten según el porcentaje de propiedad que conste en el título de adquisición. Por lo tanto, en separación de bienes “no existe una obligación general de sumar todo el patrimonio generado durante el matrimonio y dividirlo por dos ni hacer una liquidación como sucede en el régimen de gananciales”, comenta la abogada.
Es por este motivo que en Catalunya existe la compensación económica por razón de trabajo, que puede aplicarse cuando uno de los cónyuges se ha dedicado sustancialmente más que el otro a la casa y los hijos sin una remuneración adecuada, lo que ha posibilitado que la otra parte pudiera conseguir un incremento patrimonial superior. “Pero si ambos han trabajado, han tenido ingresos similares y han contribuido de manera equivalente a las responsabilidades familiares, normalmente será más difícil justificar esta compensación”, dice Auset.
¿Cómo organizar el reparto de los gastos de los hijos?: El 4º desafío financiero
En el régimen de custodia compartida hay diferentes maneras de gestionar quién asume los gastos de los hijos.
En 1º lugar, puede establecerse un porcentaje proporcional a los ingresos de cada progenitor, por el que, por ejemplo, uno costee el 30% y el otro el 70%.
Una manera de organizarse muy habitual es crear una cuenta común en la que ambos progenitores ingresan una cantidad mensual para costear los gastos de los hijos.
Una manera de organizarse muy habitual es crear una cuenta común en la que ambos progenitores ingresan una cantidad mensual para costear los gastos de los hijos.
Sin embargo, Marsal no recomienda esta fórmula porque, según su experiencia, “suele dar problemas” por la dificultad de definir qué tipología de gastos deben cubrirse con el bote común y por el hecho de que algunos progenitores cargan en la cuenta pagos que no están justificados.
En contraste, el 2º modelo consiste en que cada progenitor asume los gastos ordinarios de los hijos durante el tiempo que están a su cargo.
En cuanto los gastos escolares, como matrícula, libros, uniformes y excursiones y actividades escolares, “no siempre se consideran incluidos en los gastos cotidianos de cada progenitor”, comenta Auset, por lo que es importante que el convenio regulador especifique quién los paga y cómo se reparten.
En cuanto a los gastos extraordinarios, aquellos que no forman parte de las necesidades habituales y previsibles de los hijos, como determinados tratamientos médicos, la ortodoncia u otras necesidades excepcionales o urgentes, “pueden surgir discrepancias, ya que las sentencias suelen exigir el acuerdo de ambos progenitores”, declara la abogada. Para evitar conflictos, una solución es establecer de mutuo acuerdo en el convenio regulador un número mínimo de actividades extraescolares que podrá realizar el menor. Por ejemplo, se puede fijar una actividad relacionada con el aprendizaje de un idioma extranjero y otra de carácter deportivo.
Por último, Marsal recomienda: “Antes de firmar el convenio regulador, tenemos que saber cuáles son los derechos que nos corresponden, qué patrimonio tenemos y qué hay que repartir, así como qué obligaciones económicas tendremos que asumir tras la separación. Puede ocurrir que [uno de los cónyuges] tenga que pagar una pensión de alimentos a los hijos si la custodia se concede a la otra parte y, además, una compensación económica al excónyuge. En ese caso, podría tener que afrontar el pago de 2 pensiones: la de los hijos y la del otro cónyuge, al menos durante un tiempo”.
En cuanto a los gastos extraordinarios, aquellos que no forman parte de las necesidades habituales y previsibles de los hijos, como determinados tratamientos médicos, la ortodoncia u otras necesidades excepcionales o urgentes, “pueden surgir discrepancias, ya que las sentencias suelen exigir el acuerdo de ambos progenitores”, declara la abogada. Para evitar conflictos, una solución es establecer de mutuo acuerdo en el convenio regulador un número mínimo de actividades extraescolares que podrá realizar el menor. Por ejemplo, se puede fijar una actividad relacionada con el aprendizaje de un idioma extranjero y otra de carácter deportivo.
Por último, Marsal recomienda: “Antes de firmar el convenio regulador, tenemos que saber cuáles son los derechos que nos corresponden, qué patrimonio tenemos y qué hay que repartir, así como qué obligaciones económicas tendremos que asumir tras la separación. Puede ocurrir que [uno de los cónyuges] tenga que pagar una pensión de alimentos a los hijos si la custodia se concede a la otra parte y, además, una compensación económica al excónyuge. En ese caso, podría tener que afrontar el pago de 2 pensiones: la de los hijos y la del otro cónyuge, al menos durante un tiempo”.
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