Ángel Luis Campo, Magistrado, 30.08.2017
En nuestro estado de derecho los jueces y tribunales tienen una doble misión: juzgar y hacer cumplir lo juzgado. No entra entre nuestras funciones el legislar, sino el hacer cumplir las leyes. El convenio de La Haya y el reglamento 2201/2003 de la UE están ahí, nos gusten o no, y se deben cumplir.
Personalmente, creo que en materia de secuestro de menores son normas acertadas que imponen a los jueces la obligación de resolver, de forma urgente, los casos en cuestión. De tal forma que si hay secuestro, y en este caso es evidente que lo ha habido, se debe acordar la restitución inmediata de los menores a su país de residencia habitual, en este caso Italia. Sólo hay 2 excepciones. La 1ª es cuando el menor, por el tiempo transcurrido, tenga ya arraigo en su nueva residencia. Es una manera de evitar que la pasividad del progenitor que se ve privado de sus hijos pueda perjudicarlos haciendo una reclamación tras haber transcurrido varios meses desde el secuestro. Pero esta excepción no puede beneficiar al secuestrador que de mala fe oculta a los hijos, como ha hecho Juana Rivas en este caso. La 2ª excepción es que el regreso del menor a su lugar de residencia habitual le suponga un riesgo o peligro real para su integridad física o psíquica. En este caso, el juez primero y el tribunal en apelación después, tras valorar todas las actuaciones, han considerado que no existe ese peligro.
Hay por tanto una resolución judicial firme que hay que cumplir. No siendo admisible en un estado de derecho que la opinión pública, los medios de comunicación e incluso algunos políticos, justifiquen la desobediencia e incumplimiento de una resolución judicial firme. Aquí hay 2 progenitores y 2 versiones. Ninguno de ellos puede tomarse la justicia por su mano y decidir unilateralmente dónde van a vivir sus hijos. Para eso están las leyes, los procesos judiciales y tribunales que dirán qué progenitor toma esa decisión.
Vivimos en una sociedad donde cada vez hay más secuestros de este tipo, tanto a nivel internacional como nacional. Y por desgracia la opinión pública siempre cree que la mujer/madre actúa correctamente, cuando uno de los principios de nuestra constitución es la igualdad, a todos los efectos, entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, dejemos de apoyar la desobediencia e incumplimiento y apoyemos y aboguemos por la legalidad. Con ello se protegerá de verdad el interés superior del menor.
Posdata. ¿Ahora qué sucederá con los que apoyaron la desobediencia y el incumplimiento? ¿Qué pasará con los menores que han estado manipulados e influenciados durante el tiempo de su secuestro? Mi experiencia me dice que los hijos necesitan a papá y a mamá. Y que los poderes públicos debemos trabajar y actuar para que eso sea así, aunque los progenitores dejen de vivir juntos.
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