nueva tribuna
La Defensora del Pueblo plantea al Gobierno acoger a los 50.000 'sin techo' en pisos públicos.
La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, resalta en el informe anual a las Cortes de la institución correspondiente a 2011 que actualmente hay en España entre 30.000 y 50.000 personas sin techo, mientras que cientos de miles de viviendas propiedad de las administraciones están vacías o infrautilizadas.
| 09 Abril 2012
La institución asegura en el informe que "no puede permanecer impasible" ante esta situación y desvela que ha iniciado con las consejerías competentes de las comunidades autónomas sendas investigaciones de oficio para recabar la necesaria información sobre el número de viviendas con protección pública (VPP) que estarían desocupadas, así como sobre las medidas que se estarían adoptando para ocuparlas.
Según señala, en el momento de redactar el informe sólo habían contestado a estos requerimientos Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y la Ciudad Autónoma de Melilla. De ellas, ninguna cuantifica las viviendas desocupadas y el País Vasco asegura no tener un 'stock' estructural.
En cuanto al resto de las comunidades autónomas, la Defensora del Pueblo tiene constancia de que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) tenía en septiembre de 2011 casi 300 VPP disponibles, mientras que la Generalitat de Cataluña reconoce que en los últimos años casi se ha triplicado el número de VPP vacías que administra, hasta llegar a 3.264 inmuebles.
Asimismo, la institución tiene constancia de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenía 305 de estas viviendas sin vender porque los posibles compradores no encuentran financiación.
UNA DACIÓN EN PAGO LIMITADA A CASOS NECESARIOS
Por otro lado, aunque reconoce que no puede intervenir en las viviendas en manos privadas, la Defensora del Pueblo recuerda que hay 1,2 millones de viviendas vacías en toda España, unas 600.000 terminadas y no vendidas, 300.000 en construcción y casi 400.000 paradas, según datos recabados del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como de censos de población y vivienda.
Al respecto, la institución señala que la vivienda "no es sólo un bien mercantil, sino un bien de uso y disfrute básicos y un objeto de derecho constitucional".
Este mismo argumento esgrime a la hora de defender la dación en pago.
Al respecto, señala que las personas físicas o pequeños empresarios y profesionales, en especial autónomos, precisan mantener sus viviendas y sus medios de producción para poder ser activos y no pasivos en la lucha por salir de la crisis.
En este sentido, propone aplicar la dación en pago de forma limitada y con carácter retroactivo a esas "adquisiciones de carácter necesario", dejando un sistema que implique más responsabilidades para otro tipo de viviendas en propiedad.
Según señala, en el momento de redactar el informe sólo habían contestado a estos requerimientos Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y la Ciudad Autónoma de Melilla. De ellas, ninguna cuantifica las viviendas desocupadas y el País Vasco asegura no tener un 'stock' estructural.
En cuanto al resto de las comunidades autónomas, la Defensora del Pueblo tiene constancia de que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) tenía en septiembre de 2011 casi 300 VPP disponibles, mientras que la Generalitat de Cataluña reconoce que en los últimos años casi se ha triplicado el número de VPP vacías que administra, hasta llegar a 3.264 inmuebles.
Asimismo, la institución tiene constancia de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenía 305 de estas viviendas sin vender porque los posibles compradores no encuentran financiación.
UNA DACIÓN EN PAGO LIMITADA A CASOS NECESARIOS
Por otro lado, aunque reconoce que no puede intervenir en las viviendas en manos privadas, la Defensora del Pueblo recuerda que hay 1,2 millones de viviendas vacías en toda España, unas 600.000 terminadas y no vendidas, 300.000 en construcción y casi 400.000 paradas, según datos recabados del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como de censos de población y vivienda.
Al respecto, la institución señala que la vivienda "no es sólo un bien mercantil, sino un bien de uso y disfrute básicos y un objeto de derecho constitucional".
Este mismo argumento esgrime a la hora de defender la dación en pago.
Al respecto, señala que las personas físicas o pequeños empresarios y profesionales, en especial autónomos, precisan mantener sus viviendas y sus medios de producción para poder ser activos y no pasivos en la lucha por salir de la crisis.
En este sentido, propone aplicar la dación en pago de forma limitada y con carácter retroactivo a esas "adquisiciones de carácter necesario", dejando un sistema que implique más responsabilidades para otro tipo de viviendas en propiedad.
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