La salud mental de nuestros magistrados

http://www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_PK=57547&idseccio_PK=547&h=
No hay mecanismos para controlar la salud mental de quienes imparten justicia
• Sus herramientas de trabajo son la razón y la ley.
Sin embargo, en España los jueces no tienen que someterse a revisiones periódicas de salud mental, requisito imprescindible para acceder a profesiones como las de bombero, piloto o policía. No existen controles psíquicos para los magistrados.

Reportaje por: Ana María Pascual 06/07/09
Muy cerca de la Audiencia Nacional y enfrente del Tribunal Supremo, en la calle Marqués de la Ensenada, de Madrid, los 5 miembros de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instruyen expedientes sancionadores para los magistrados que no ejercen su labor con la debida diligencia.

Hace 5 años, esta comisión deliberaba respecto a un magistrado que tenía pendientes cientos de sentencias.
Un informe psicológico resumía la salud mental de aquel juez, titular de un juzgado de lo Penal único de una capital de provincia: “Trastorno depresivo recurrente por el que está recibiendo asistencia médico-psiquiátrica, lo que le ha producido una disminución de su impulso vital con incidencia en su producción laboral e intelectual”.

El CGPJ castigó al juez, equiparando su enfermedad mental con una negligencia profesional.
Se le incoaron 2 expedientes, con sus correspondientes multas.
Puesto que la dolencia psíquica del juez no desapareció, la situación en su juzgado fue de mal en peor, llegando a 3 años de retrasos en el dictado de sentencias.
Finalmente, la Comisión Disciplinaria abogó por la jubilación forzosa por incapacidad permanente.

En España, para ser policía, bombero o piloto hay que demostrar que se está en pleno uso de las facultades mentales; estos profesionales deben someterse a controles periódicos de salud mental. Los jueces, no.
Ni para ingresar en la judicatura ni durante su carrera están obligados a pasar pruebas para detectar trastornos psicológicos.

José Miquel López, que fue titular del Juzgado nº 6 de Barcelona, llegó a:
a.- simular un infarto en pleno juicio;
b.- otro día se puso a llorar ante la declaración de un acusado;
c.- en otra ocasión condenó a un testigo.
d.- Imponía a veces penas superiores a las que solicitaba el fiscal, algo prohibido por la ley.
e.- Y quizá lo más grave: mantuvo en prisión a una mujer a la que él mismo había absuelto previamente.
Fue apartado de la carrera judicial en octubre de 1995 por “enfermedad grave”.

70 jueces y magistrados han sido jubilados por incapacidad permanente desde junio de 1995 –en la actualidad hay 4.860 jueces en activo–.
Aproximadamente el 90 %(es decir, al menos 60) lo fueron por trastornos psicológicos, según indican fuentes del CGPJ.

La incapacidad de un juez también puede ser física, sobre todo en casos de graves enfermedades crónicas y terminales.
No parece ser lo que le ocurrió a María Luisa Borrego, ex titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, jubilada forzosamente en marzo de 2007.
Las noticias de la inestabilidad mental de la jueza le llegaron al CGPJ por parte de la fiscalía cántabra, que había recogido las quejas de buena parte de los funcionarios de aquel juzgado.
La policía estuvo a punto de ver cómo fracasaba una operación contra una banda de falsificadores de tarjetas de crédito cuando la jueza Borrego ordenó a los agentes que devolvieran a los delincuentes las tarjetas falsas y los efectos que habían comprado con ellas, desde abrigos de piel hasta ordenadores.
También llegó a pedir a la policía que no le enviaran detenidos por las tardes ni los días festivos, en los que a veces se negaba a trabajar, obviando las guardias a las que estaba obligada.

Padecimientos psíquicos.
En octubre de 2006, el CGPJ reconoció que al menos una treintena de magistrados en activo sufrían “padecimientos psíquicos”.
Desde entonces hasta hoy sólo una decena de jueces han sido incapacitados permanentemente por enfermedades mentales.
En lo que va de año, un único magistrado ha sido jubilado forzosamente por incapacidad permanente.
En 2008, fueron dos; en 2007, ocho, igual que en 2006; el año anterior fue el que más jubilaciones de este tipo ha sumado desde 1995: diez.

Los motivos por los que se incapacita a los jueces se mantienen en secreto; en los acuerdos del Pleno tan sólo constan los términos lesión y patología.
Con sólo 32 años, Guillermo Forteza, que entonces era titular del Juzgado de Instrucción 14 de Valencia, fue jubilado por incapacidad permanente en 1989.
Antes fue condenado por “coacción y vejación injusta” a su esposa.
Se hizo popular por ordenar unas espectaculares redadas contra prostitutas.
Los informes de 2 médicos forenses y de un tribunal médico coincidieron en que el juez sufría “un trastorno de la personalidad que le hace incapaz para continuar desempeñando sus funciones judiciales”.
Forteza se pasó entonces al mundo de la abogacía, y fue acusado, en 2 ocasiones, de exigir dinero a los presos a cambio de conseguirles beneficios penitenciarios.

El magistrado Agustín Azparren conoce el mecanismo por el que se incapacita a un juez, ya que formó parte durante 7 años de la Comisión Disciplinaria del CGPJ.
“Cuando un juez es examinado psicológicamente por los médicos forenses, se emplean criterios genéricos, no centrados en la función judicial. Esto habría que cambiarlo”, opina Azparren.
Este ex vocal del CGPJ cree que el número de incapacitaciones aumentaría si se llevara a cabo “una valoración más específica” de la salud mental de los jueces.
“Lo óptimo sería que existiera una unidad médica especial para examinar a los jueces que lo precisen”, añade.

De hecho, el anterior CGPJ –del que fue vocal este magistrado– propuso la creación de esta comisión médica, aunque sin éxito, de momento.
3 años tardó el gobierno de los jueces en apartar de la carrera judicial a Manuel García Navarro, ex magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Jaén.
En ese tiempo, 140 juicios se quedaron sin sentencia, debido a las continuas bajas por problemas depresivos del juez.
Tras su retirada forzosa, el juzgado debió repetir buena parte de aquellos juicios por separaciones, pensiones alimenticias y desahucios.
Antes de su inhabilitación definitiva, García Navarro fue expedientado dos veces.

La vía sancionadora es la única que existe para apartar de la carrera a un juez que no está en plenas facultades mentales, lo que hace que el proceso sea largo y lento.
En el caso del ex juez Ángel Falcón, titular del Juzgado de lo Penal único de Guadalajara, el CGPJ tardó 9 años en incapacitarlo.
En ese tiempo, generó importantes retrasos y un tremendo caos en su juzgado ante sus continuas bajas por depresiones.
Falcón juzgaba todos los crímenes cometidos en la provincia.

Miguel Ángel Jubero, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que “no es lógico que se castigue al juez por una depresión. Hay que crear un catálogo de enfermedades profesionales propias de la carrera judicial, como las de carácter depresivo, ‘el síndrome del quemado’ y el estrés, e incluso físicas, como úlceras e insomnio”.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, anunció a finales del pasado año que abrirían “una amplia reflexión” sobre las incapacidades permanentes de los jueces.
“Hay personas que pueden estar afectadas con determinadas enfermedades y que sufren una merma importante en su capacidad, tanto volitiva como intelectual, y que en consecuencia seguramente ello les limitaría para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales”, razonó Bravo, quien ha declinado explicar a esta revista si el actual CGPJ maneja algún proyecto para garantizar el equilibrio mental de los jueces españoles.

Jueces para la Democracia cree que los aspirantes a juez deberían someterse a una prueba psicológica previa.
“No se trata de establecer perfiles para futuros jueces, sino de descartar candidatos con patologías psicológicas incompatibles con la función judicial –dice su portavoz, Miguel Ángel Jubero –. Si hay algún paranoico que quiere ser juez, que lo sepamos antes de que sea tarde”.

Psicólogos consultados por esta revista señalan que la de los jueces es la profesión que menos acude a terapias.
Pero nadie está a salvo de depresiones y trastornos de personalidad.