Las necesidades de la Ley de Violencia Doméstica

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/goteras/juzgados/maltrato/elpepusoc/20090216elpepisoc_3/Tes
Los desafíos de la violencia de género.
Las goteras de los juzgados del maltrato.
Los jueces revelan graves carencias para aplicar la ley contra la violencia machista .
MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 16/02/2009

Faltan oficinas de atención a las víctimas, equipos psicosociales, médicos forenses y fiscales exclusivos, unidades de valoración del riesgo, una mejor coordinación con los servicios sociales, puntos de encuentro familiar, dependencias reservadas para las víctimas y formación en violencia de género para los jueces y secretarios judiciales.

Cuando se iban a cumplir 3 años de la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la mujer en España, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a elaborar un informe que ha detectado graves carencias personales y materiales en los órganos judiciales encargados de proteger a las mujeres maltratadas.
Un ejemplo: de los 405 juzgados que han colaborado en el informe, sólo 39 (apenas el 9,63%) tenía brazaletes o pulseras electrónicas en su partido judicial para proteger a las víctimas y detectar si el agresor rompe la orden de alejamiento y está cerca de la mujer.

En mayo de 2008 se remitieron encuestas a los 458 juzgados de violencia sobre la mujer existentes en España para conocer su situación.
Un 88,4% de los jueces -de 405 juzgados- participaron en el estudio, en el que quedan claras las enormes diferencias que existen entre los juzgados exclusivos -83 en total cuando se hizo la encuesta- y los compatibles -la mayoría, 375-, que aparte de los asuntos de violencia sobre la mujer se ocupan de otros temas civiles y penales.

Estos últimos, aparte de estar más saturados, carecen de los importantes recursos que poco a poco se han ido poniendo en marcha en los órganos exclusivos y especializados en violencia de género.
Estos son los resultados que ha arrojado el informe, concluido el año pasado y que hace público ahora el Observatorio de violencia de género del CGPJ.
- Oficinas de atención a las víctimas. Sólo el 40% de los juzgados las tienen dentro de su partido
judicial, pero hay una gran diferencia entre los juzgados exclusivos (el 89% tienen estas
oficinas) y los compatibles (30%).

- Equipos psicosociales. Están formados por psicólogos y trabajadores sociales. Son los
encargados de hacer informes que ayudan al juzgado a evaluar la situación dentro del
ámbito familiar. Menos de 2/3 partes de los juzgados (el 63%) tienen equipos en la
provincia y sólo el 21% dispone de ellos en el partido judicial.
Una vez más, los juzgados compatibles salen mucho peor parados que los exclusivos: sólo
tienen equipos psicosociales en el partido judicial el 11% de estos órganos frente al 68% de
los exclusivos.

- Médico forense. Es una figura esencial para atender a víctima y agresor y emitir informes que
ayuden al juez a tomar una decisión. Pues bien, sólo un 9,8% de los juzgados tienen
forense en exclusiva y más de la mitad lo comparte con otros partidos judiciales.
De nuevo, distancia entre juzgados exclusivos y compatibles: los primeros tienen un
forense propio en un 33% de los casos, algo que sólo ocurre en el 4,5% de los segundos.

- Ministerio fiscal. Sólo hay un fiscal que se dedique en exclusiva al juzgado en el 21% de los
órganos -en el 76% de los exclusivos y en el 9% de los compatibles-.
1/3 de los juzgados lo comparte con otros del mismo partido y más de la mitad, incluso con
otros partidos judiciales.

- Unidades de Valoración Forense Integral. Son básicas en el proceso y para que el juez pueda
decidir la mejor forma de proteger a una víctima.
Las denuncias de las mujeres van aumentando y los recursos siguen siendo limitados, así
que es muy importante que se valore el riesgo concreto que sufre cada una de ellas y que
se logre detectar si su vida o integridad física están en peligro.
A pesar de la importancia de estas unidades, sólo el 11% de los juzgados las tiene dentro de
su partido y casi la mitad (el 47%) no dispone de ellas ni siquiera en la provincia.

Además, no sólo hay problemas de cantidad, también de calidad de la asistencia (por
problemas de falta de plantilla). Estas unidades deberían examinar a las víctimas, a los
agresores y a los menores de edad, pero cuando trabajan para un juzgado compatible, los
informes que emiten tardan más, son mucho menos completos y en un amplio porcentaje
no se analiza a todos los miembros de la familia.

- Asistencia jurídica a la mujer. El 39% de los juzgados comparte el turno de asistencia letrada a
las víctimas con otros partidos judiciales, lo que hace muy difícil que las mujeres reciban una
atención rápida y efectiva.
- Coordinación con los servicios sociales y asistenciales. Menos de la mitad de los juzgados
consultados dice tener una buena coordinación con estos servicios, esenciales para ayudar a
la mujer maltratada. La relación con Policía y Guardia Civil, sin embargo, es aparentemente
más fluida: el 80% de los jueces aseguran que hay una buena coordinación.
- Puntos de encuentro familiar. Sólo un tercio de los juzgados tiene este tipo de centros dentro
del partido judicial, que se usan para ayudar a que se cumpla el régimen de visitas de los
niños sin que la madre tenga que ver a su agresor.

- Dependencias para víctimas. La existencia de estas dependencias está prevista en la Ley de
Violencia de Género, para proteger a la mujer y que no tenga que encontrarse con su agresor
en el juzgado. A pesar de la previsión legal, dos tercios de los órganos judiciales no las tienen.

- Instalaciones para videoconferencias. Son importantes como medida de seguridad hacia las
víctimas; para que puedan declarar fuera del juzgado. El 42% de los juzgados no las tienen.
- Plantilla. Casi tres cuartas partes de los juzgados, sobre todo los compatibles, consideran la
plantilla con la que cuentan inadecuada.
- Formación. Más de la mitad de los jueces no ha recibido ninguna formación en materia de
violencia de género.
- Juzgados compatibles. Si sólo se tuvieran en cuenta los resultados de estos órganos, que son los
mayoritarios, el 82% del total, los resultados de esta encuesta serían aún más demoledores:
sólo el 30% tiene oficinas de atención a la víctima dentro del partido judicial;
apenas el 21% tiene equipos psicosociales;
sólo el 4,5% dispone de un médico forense exclusivo y
el 62% lo comparte incluso con juzgados de otros partidos;
el 65% también comparte al fiscal con otros partidos judiciales;
sólo el 4,8% tiene unidades de valoración del riesgo dentro del partido judicial;
apenas 17 de 375 tienen brazaletes o pulseras electrónicas.