Balance de la Aplicación de la Ley Integral de Violencia de "Género"

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Los dos primeros años de la Ley de Violencia de Género se saldan con 140 mujeres asesinadas.

AGENCIAS
29 de Junio de 2007

Trágico balance.
Hoy se cumplen dos años desde la entrada en vigor del capítulo penal y judicial de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Una norma que, sin embargo, no ha podido evitar que, en ese periodo, 140 mujeres hayan muerto a manos de sus parejas o ex parejas.

La entrada en vigor del capítulo penal de la ley puso en funcionamiento 436 juzgados, 22 de ellos exclusivos para la materia y de nueva creación, con el objetivo de mejorar la protección de la justicia a las maltratadas y a sus hijos.

Desde entonces, las amenazas leves de un hombre a una mujer, su pareja o ex pareja, hasta entonces tipificadas como faltas y castigadas con arresto de fin de semana, se sancionan como delito, con penas de prisión de seis meses a un año, o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

No es suficiente.
Sin embargo, los avances del ámbito judicial, legal y asistencial no frenaron la sangrienta estadística y, desde el 29 de junio de 2005, 140 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas.
Sólo entre el 2000 y el 2006, el Instituto de la Mujer contabilizó 438 muertes, que junto a las 39 de este año, suman un total de 477 mujeres muertas por malos tratos.
De las 438 mujeres asesinadas entre 2000 y 2006:
1.- 197 murieron a manos de su cónyuge;
2.- 107 de su compañero;
3.- 44 de su novio;
4.- 37 de su ex compañero;
5.- 29 de su ex novio, y
6.- 24 de su ex marido.

La nueva ley, anima a denunciar.
No obstante, uno de los aspectos más positivos de la ley fue el incremento de las denuncias por maltrato.
En su primer año de vida, los juzgados dedicados a la violencia de género recibieron casi 147.000 denuncias, mientras que en 2004 tan sólo sumaron 99.000 y en 2003 se elevaron a 76.000.
Sin embargo, el 70 por ciento de las mujeres asesinadas este año no había denunciado a su agresor.

Ante estos datos, en diciembre de 2006, el Gobierno aprobó un conjunto de medidas urgentes para acelerar y hacer más efectivas las disposiciones de la ley y un Plan de Sensibilización y Prevención, con un presupuesto de 48 millones de euros.
Entre las medidas, figuraba un programa específico de seguimiento permanente de los agresores a través de dispositivos electrónicos y la incorporación de 222 nuevos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra esta lacra social. EGJ