El Congreso debate mañana propuestas de PP y ERC para revisar la Ley sobre violencia de género, ante las últimas muertes.
El Gobierno plantea a los medios moderar los contenidos sobre violencia de género para evitar el 'efecto repetición'.
MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana sendas mociones de los Grupos Parlamentarios del PP y ERC, con el fin de revisar la Ley Integral contra la Violencia de Género, ante las últimas cifras de mujeres fallecidas a manos de su pareja o ex pareja, incrementar la protección de las víctimas y las dotaciones presupuestarias en esta materia.
La portavoz del PP en Igualdad, Susana Camarero, hará hincapié en el "goteo incesante" de casos registrado durante las últimas semanas y criticará al Ejecutivo porque "sigue sin asumir responsabilidades". Los 'populares' exigirán al Gobierno una evaluación "inmediata" de la norma y un incremento de las medidas de protección y seguridad a las víctimas.
Por otro lado, el PP rechaza la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal planteada por el Gobierno para eliminar la dispensa de las mujeres a declarar contra su pareja. Por contra, sugiere mantener la investigación aunque se retire la denuncia y mantener las medidas de protección a la mujer y de vigilancia al maltratador.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de ERC reclama la reforma de seis leyes que afectan al ámbito de la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, al entender que "los resultados no están siendo los esperados".
La moción, que recoge Europa Press, reclama la modificación de la Ley Integral para ampliar el objeto de protección a todas las mujeres, con independencia de su vínculo con el agresor, incluir la violencia económica e incrementar las ayudas a las víctimas.
También plantea la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita, para considerar la situación económica de la víctima y no de la unidad familiar a la que pertenece; modificar la Ley del Poder Judicial para definir "de forma clara y definida" las competencias de los juzgados de violencia y permitir que los informes socio-sanitarios puedan aportarse como pruebas periciales.
De la misma manera, los independentistas catalanes proponen modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir la protección de la víctima en el proceso de la declaración con mamparas o soportes audiovisuales, eliminar la dispensa a la víctima a declarar contra su cónyuge y dictar la orden de alejamiento si, en el plazo de 72 horas, no se ha podido cursar la citación del acusado.
ERC propone igualmente mejoras en la Ley reguladora de orden de protección, legitimar a los fiscales para tramitar de oficio las denuncias, incluir como falta disciplinaria la "inactividad" de jueces y del Ministerio Fiscal en este tipo de delitos y posibilitar que la declaración de los profesionales sociales pueda actuar como prueba en los casos de violencia.
PROPUESTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Fuentes de la Administración informaron a Europa Press que el Gobierno planteará a los medios de comunicación la posibilidad de moderar el tratamiento de la información relativa a los casos de violencia de género con el fin de evitar el 'efecto repetición' en los potenciales agresores y que las víctimas se vean disuadidas por miedo a presentar una denuncia.
El Ejecutivo ha puesto en marcha un grupo interministerial para realizar un "análisis pormenorizado" de las políticas en materia de violencia de género y corregir los "fallos" que pudieran derivarse de la aplicación de la norma.
Los responsables del Gobierno mantienen su apuesta por la Ley Integral, pero están preocupados por la evolución en el número de víctimas (al menos 35 en lo que va de año, superando la cifra registrada en junio de 2006).
Tal y como anunció la semana pasada el titular de Trabajo, Jesús Caldera, el Gobierno convocará a los representantes de los medios de comunicación con el fin de promover un código de autorregulación en el tratamiento informativo de la violencia de género. El encuentro se producirá antes del verano.
Según las mismas fuentes, tras los últimos meses, y después de conocer la opinión de expertos en la materia, el Ejecutivo teme que la manera de transmitir algunos mensajes pueda ser "contraproducente", como por ejemplo, detallar el número de puñaladas o la virulencia con la que se cometió un determinado homicidio.
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