Los costes dependerán de la cuantía de bienes a
repartir
Iniciar un proceso de divorcio no sólo no es una cuestión
agradable sino que, además, puede ser complicada y, depende cómo se afronte,
más o menos larga. Los gastos dependerán de los bienes que haya que repartir.
Formato “económico”: el mutuo acuerdo
Si se consigue un divorcio de mutuo acuerdo, los costes
serán mínimos. Este tipo de divorcio consiste, como su nombre lo indica, en la
conformidad de ambos cónyuges a deshacer su vínculo matrimonial. Esta clase es la más concurrida, ya que el 75,9% de los divorcios
españoles efectuados durante el 2015 fueron de mutuo acuerdo en comparación con el 24,1% restante, que fueron
contenciosos.
En el caso del mutuo acuerdo, será necesario elaborar un
convenio regulador que sistematice algunos aspectos del matrimonio, como es la
atribución de guarda y custodia de hijos en común, entre otros. Si también
existe conformidad sobre este convenio, no es necesaria la celebración de un
juicio y la demanda de divorcio se presentará ante el Juzgado de Primera
Instancia del domicilio de los cónyuges para su ratificación.
Contencioso: procedimiento prolongado y
costoso
“Si, por el contrario, unos de los cónyuges no está de
acuerdo con el divorcio o sus consecuencias, se deberá acudir a la vía
judicial, el llamado divorcio contencioso, procedimiento más prolongado y,
en consecuencia, más costoso”, explica Ignasi Vives, abogado de Sanahuja
Miranda.
En este caso sí que debe celebrarse un juicio a razón de
que el juez debe resolver el conflicto y acordar qué medidas adoptar en cada
caso.
Ante notario: la vía más rápida
Desde el año pasado existe la modalidad ante notario, como
declara Vives: “Este proceso es más
rápido (puede tardar 2 días frente a los 2 meses del proceso convencional) pero
también es algo más caro”.
Se deben cumplir los siguientes requisitos para optar por
esta 3ª vía: que sea de mutuo acuerdo, tener abogado y no tener hijos en común.
Aspectos que pueden complicar el proceso
Otro tema clave es la intervención de expertos y peritos durante juicios en
el caso de un divorcio contencioso. Un claro ejemplo sería la necesidad de
contar con un psicólogo infantil para evaluar la mejor solución con relación a
los hijos menores de la pareja. En este caso, “los costes también se verían incrementados”, precisa
Vives.
Una de las cuestiones económicas más controvertidas entre
padres separados o divorciados es la pensión
alimenticia. En el supuesto de que la guarda y custodia sea
atribuida a uno de los cónyuges y el otro disfruta de un régimen de visitas,
este deberá realizar una aportación mensual de pensión de alimentos.
Existen unos criterios generales en el momento de fijar el
importe de dicha pensión, que son la capacidad económica de ambos cónyuge, el nº
de hijos en común, los gastos y necesidades que estos tengan, la atribución del
uso de la vivienda familiar y otras circunstancias relevantes.
El Consejo del Poder Judicial ha elaborado unas
tablas orientadoras
para determinar la pensión alimenticia de menores, que en
ningún caso pueden vincular al juez, cuyo
criterio discrecional primará en la determinación de la aportación.
En caso de que exista una hipoteca, se pagará a medias entre ambos cónyuges,
pero los gastos de la vivienda conyugal irán a cargo del cónyuge que la haya
obtenido en la sentencia de divorcio.
Para evitar costes extras, siempre se sugiere contar desde un inicio con un
buen asesoramiento jurídico y económico.
7 rupturas cada 10 matrimonios
En España se producen casi 7 rupturas por cada 10
matrimonios, lo que supone un ratio muy superior a la media europea, que es
menor a 5. A ello contribuye el hecho de que cada vez
se celebran menos matrimonios –de 5,4 matrimonios por cada 1.000 habitantes
en el 2000 se ha pasado a 3,4 en 2014– y se tramitan
más divorcios –la cifra se ha duplicado en los últimos 10 años–, según
el último informe sobre la evolución de la familia en España presentado por el
Instituto de Política Familiar (IPF).
Según indican datos del INE, durante el 2015 se celebraron
162.571 matrimonios en España. Durante este mismo período, se produjeron 96.562
divorcios, 4.652 separaciones y 144 nulidades, cifras que en su totalidad
experimentan un descenso del 4,3% respecto al 2014.
Si bien se aprecia un descenso en esta área, siguen siendo
muchas las familias que sufren estas rupturas. En el 2015, se calcula que
alrededor de 100.000 niños españoles
se vieron afectados por divorcios, aproximadamente 10.000 más que durante el
2014.
En cuanto al año en curso, el nº de divorcios y
separaciones ha descendido un 13,2% durante
el 1º trimestre en
comparación con el mismo período respecto al año anterior. Así lo indican los
datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que
calcula un total de 28.728 demandas de divorcio registradas entre enero y marzo
de 2016 en contraposición con las 33.015 efectuadas entre los mismos meses de
2015.
También ha habido un cambio en el nº de divorcios según
comunidades autónomas: durante el 1º trimestre del 2016, Cataluña y la
Comunidad Valenciana eran dónde más divorcios se producían, en contraposición
con Cataluña y Andalucía, a la cabeza durante el 2015.
En España se registran 7 rupturas
cada 10 matrimonios, según el Instituto de Política Familiar (IPF).
