...... porque es informático
El magistrado afirma que la
crisis no afecta a esta profesión y está en "expansión"
JuanaViúdez |Málaga 10 ENE
2011
Francisco Igorra, un padre separado de Málaga, está
tratando de que los juzgados corrijan una sentencia de divorcio que le obliga a
pagar una pensión alimenticia de 950 euros a los 3 hijos que tiene con sus
ex esposa. Igorra, programador informático de 39 años, asegura que no tiene
trabajo y apenas dinero para subsistir, algo que el juez de familia no se cree.
En su sentencia de divorcio, de marzo de 2010, el magistrado José Luis Utrera
aseguró que la informática pertenece a "una rama económica que no se ha
visto afectada por la crisis y en continua expansión".
El padre ha recurrido el fallo sin éxito ante la
Audiencia Provincial y ahora quiere llevar su caso al Tribunal Constitucional.
Ya adeuda una buena cantidad de dinero a su ex pareja, que le ha denunciado por
impago de la pensión por vía penal. "Ella me dijo que no iba a parar hasta
verme en la cárcel. No hago absolutamente nada que no pueda acreditar después,
porque me denuncia por todo", asegura.
La pareja se separó en 2008. En noviembre de este año, el
juez Utrera fijo una serie de medidas provisionales, entre ellas la pensión
alimenticia que tendría que pagar por sus 3 hijos, que hoy tienen 17, 15 y 6
años, y viven con la madre. "No se descarta que el demandado pudiera
realizar trabajos en la economía sumergida", contempló entonces el
magistrado refiriéndose a un dato que aportó su esposa durante un
interrogatorio.
En la sentencia de divorcio, de marzo de 2010, Utrera
mantuvo la cuantía de la pensión: 950 euros. El juez incidió en que no le
resultaba creíble "el nivel de ingresos alegado por el padre" y que,
durante el juicio, no acreditó suficientemente que había dejado de trabajar
para unas empresas que le generaban una facturación de unos 3.000 euros
mensuales. "Parece más bien que estamos ante una insolvencia buscada de
propósito para no hacer frente a sus obligaciones parentales", estimó.
"Ni que yo fuera el segundo Bill Gates (...) Si he
tenido que recurrir a la Iglesia para conseguir alimentos", se queja
Igorra. El padre mantiene que calcularon su situación económica con "una
única factura" presentada por la defensa de su mujer y, desde entonces, no
se han preocupado de investigar si su situación económica ha cambiado.
Igorra asegura que ha pasado "serias calamidades
económicas". Ahora vive en un piso propiedad de los padres de su nueva
pareja y tiene "6 meses de desempleo", fruto de su último trabajo.
"Me siento ninguneado e indefenso. No puedo hacer nada en el juzgado sin
que me pregunten si he pagado la pensión, pero mi ex esposa ha cambiado de
colegio a mis hijos y ha decidido que hagan la comunión, algo que está obligada
a consultarme", relata. Durante la separación, Igorra pidió que se
estudiara si sus hijos padecían el llamado síndrome de alienación parental, un
proceso que consiste en programar a los hijos para que odien a uno de los
padres, y que no está diagnosticado por la Organización Mundial de la Salud.
"Una
psicóloga hizo un informe charlando con las 2 mayores, pero no hablaron con
el pequeño, la madre o conmigo y así no se puede determinar", explica. En el recurso de apelación, reclamó la custodia de sus hijos y que fuera la madre quien le pagara a él una pensión de 450 euros, o que al menos, redujeran la cuantía que tiene que pagar a esta cifra.
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