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de acuerdo con el compromiso asumido por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso de los Diputados, en
sesión del 13 de junio de 2012, hace casi un año.
Así lo confirma el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria dirigida a UPyD, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que el ministro se comprometiera entonces a presentar en el plazo de 6 meses — un plazo que expiró en diciembre— la citada normativa, donde se priorizase el derecho del menor por encima de los progenitores y en la que sea el juez quién considere lo más conveniente para el niño.
En concreto, Gallardón prometió esta ley en una interpelación, cuya moción consecuente fue respaldada por el Grupo Popular, y en la que se instaba al Ejecutivo, sin perjuicio de las especialidades correspondientes en las comunidades en las que exista un Derecho Civil Foral propio, se desarrolle la regulación legal que modifique el art. 92 del Código Civil y cuantos otros preceptos fueren necesarios, para conseguir la viabilidad de la guardia y custodia compartida en los supuestos de ruptura de la unidad familiar.
En ella se pedía también un impulso a la conciliación en este tipo de casos, atendiendo siempre al interés superior del menor; debiendo entenderse como un derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores, así como a la inversa, la obligación que tienen estos de ejercitar la corresponsabilidad parental.
Según cuenta el Gobierno en esta respuesta parlamentaria, la comisión general de codificación ha elaborado ya el texto y, en la actualidad, se está trabajando sobre él, dentro de los distintos centros directivos del Ministerio de Justicia con competencias en la materia.
Es más, asegura que la tramitación de la ley "comenzará en breve" y, dado que la materia sobre custodia compartida también afecta al Ministerio de Sanidad, se realizará en colaboración con dicho departamento. Asimismo, dice que se consultará con las comunidades autónomas y con las diferentes asociaciones con intereses sobre la materia, cuyo criterio será valorado para el redacción final del proyecto.
Iniciativa ciudadana
Precisamente, la Mesa del Congreso de los Diputados admitió la semana pasada a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve la extensión a todo el territorio nacional de las diferentes normativas forales y autonómicas reguladoras de la Custodia Compartida, en casos de separación o divorcio de los progenitores.
A partir de esta decisión, los promotores de la ILP tienen un plazo de 6 meses para recabar las 500.000 firmas necesarias para poder discutir su iniciativa en el pleno de la Cámara Baja.
(....) La iniciativa ciudadana justifica que se debe abandonar la idea de que son los poderes públicos los que deben de regular e imponer los diferentes roles que cada miembro de la familia debe de tener y desarrollar en el seno de su familia.
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