Los abogados de Gijón denuncian al juez Del Campo ante la Fiscalía Anticorrupción

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GIJÓN: Los abogados de Gijón denuncian al juez Del Campo ante la Fiscalía Anticorrupción
Le acusan de acoger en la sede judicial un servicio de mediación dirigido por su hermana, al que derivaba parejas en fase de divorcio.


Gijon. El Comercio Digital.19.02.11

La Fiscalía Especial contra la Corrupción recibió el pasado miércoles una denuncia sugiriendo que el magistrado-juez Ángel Luis del Campo Izquierdo incurre en los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
El denunciado es titular del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Gijón, encargado junto al nº 9 de resolver los conflictos de familia.
Según el escrito, Del Campo decidió en mayo de 2010 «de forma directa y unilateral» albergar dentro de la sede judicial un servicio de mediación que confió a la entidad Mediadores Asociados del Principado de Asturias (MAPA), cuya presidenta resulta ser su propia hermana, Susana del Campo.


Desde entonces «el magistrado, utilizando su potestad jurisdiccional, convierte en obligatoria la asistencia de las partes y sus abogados a una comparecencia» ante el citado servicio, según explica la denuncia.
Del Campo estaría citando a las parejas en trámites de divorcio a su despacho para persuadirles de que antes de continuar con el litigio, acudan al sistema de mediación existente en una estancia dentro del propio del juzgado.
«El magistrado acompaña físicamente a las partes y sus abogados hasta la entrada de todos ellos en la referida dependencia», agrega el escrito.


Cabe matizar que el servicio prestado por la asociación MAPA resulta gratuito para las familias.
Eso sí, también es cierto que la entidad se hizo acreedora de una subvención de 7.839 euros concedida el pasado año por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para apoyar «el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y a las familias en el ámbito de los servicios sociales especializados».


La denuncia la promueve el Colegio de Abogados de Gijón y la firma en su nombre el decano Sergio Herrero.
Se da la circunstancia de que esta agrupación profesional implantó el 1 de noviembre de 2007 el denominado Servicio de Orientación en Mediación (SOM), una atención equivalente y desempeñada en este caso por letrados mediadores familiares titulados.
La asistencia se presta igualmente de forma gratuita para el ciudadano; los abogados no cobran por las horas dedicadas a la mediación y es el propio Colegio el que carga con los gastos logísticos del inmueble donde se desarrolla la actividad.


El Colegio subraya que desde su inicio, el SOM «ha venido funcionando con absoluta normalidad y sin queja ni reclamación alguna de nadie».
La agrupación profesional no habría solicitado nunca «ninguna subvención, patrocinio ni ayuda económica» para mantener activo dicho servicio.
Es más, a la hora de ponerlo en marcha, el Colegio convenió un protocolo de actuación con los 2 Juzgados de Familia de Gijón, para que le derivaran los casos que los jueces estimaran susceptibles de mediación familiar.


El sistema funcionó bajo estas reglas hasta mayo de 2010, cuando Ángel Luis del Campo optó por remitir los casos del Juzgado nº 8 a la sociedad MAPA, a la que dio una serie de facilidades que el Colegio de Abogados no duda ahora en acusar de ilegales tras realizar las oportunas averiguaciones.

Los letrados han comprobado que el magistrado-juez no recibió la autorización pertinente para proceder a semejante adjudicación.
Durante los últimos meses el Colegio ha preguntado al Consejo General del Poder Judicial, a la Consejería de Justicia y a la de Bienestar Social.
Todos confirman que no habilitaron acuerdo alguno para que el MAPA asumiera el servicio de mediación.


Además, siempre según el denunciante, Del Campo cedió a la asociación de su hermana el uso de una de las dependencias del Juzgado.
Se trata de un despacho «oficialmente asignado a la Fiscalía» y cuya titularidad la tiene la Consejería de Justicia.
Preguntado sobre el asunto, el director general de Justicia, José Manuel Fernández, confirmó a los letrados que «no existe autorización o resolución que ampare la prestación de dicho servicio en el interior de la sede física del órgano judicial que lo promueve».


Responsabilidad penal

Entre las pruebas que aporta el Colegio hay una serie de correos electrónicos que Susana del Campo, presidenta de MAPA, dirigió a varios abogados de familia de Gijón.
En ellos los invita a una reunión en el propio Juzgado de Familia nº 8, a las 16 horas, lo que da buena medida de la facilidad con la que disponía del edificio oficial.
Los letrados destacan que la forma de operar de Del Campo y su hermana lesiona los derechos de las familias que pasan por el juzgado.
Esto sería así porque cuando la disputa es derivada al SOM, el Colegio no notifica al magistrado si los progenitores asisten efectivamente o no a la charla.
Queda por tanto salvaguardada la «voluntariedad y confidencialidad» del servicio.
En cambio, cuando es el propio magistrado el que los persuade de que deben pasar por el MAPA y los conduce hasta la misma puerta, los sujetos se verían forzados a seguir la admonición.


Por todo lo antedicho, el colegio solicita a la Fiscalía «además del evidente reproche moral», que depure las «posibles responsabilidades penales» que hubiere.
«La dignidad propia de la función jurisdiccional, la ejemplaridad que debe predicarse de quienes la ejercen y el más elemental sentido de la Justicia, sufren cuando se utiliza la potestad de un magistrado para beneficiar a un familiar», concluye el escrito.