miércoles, 12 de septiembre de 2012

El Feminismo español contra el Padre de sus hijos

Violencia género: asociaciones feministas piden legislar para que los maltratadores pierdan la patria potestad. (Ya esta legislado)

11/09/2012 - 1
MADRID, 11 septiembre 2012(SERVIMEDIA)
Un total de 11 organizaciones de mujeres exigieron este martes modificar el Código Civil para que los condenados por violencia de género pierdan la patria potestad de sus hijos, a fin de “salvaguardar la vida y la integridad moral” de los menores.
Así se recoge en una misiva que estas asociaciones han enviado a todos los diputados y senadores, donde también piden que ante el menor indicio de malos tratos, se retiren o no se concedan (según los casos) los períodos de convivencia y el régimen de visitas.
En 2012 y sin contar el trágico suceso de los niños de Córdoba, 2 menores fueron asesinados por sus propios padres en contextos de violencia de género, por “venganza hacia la mujer”, destacaron.
“El interés primordial de los hijos empieza por salvar su vida cuando ya han nacido”, prosiguieron, y “lo demás no deja de ser, en el mejor de los casos, una hipocresía”.
Por ello, las organizaciones firmantes también reclamaron que la custodia compartida se conceda solo cuando ambos cónyuges lo soliciten y se acredite que la convivencia previa haya transcurrido sin apreciarse violencia de género en ninguna de sus modalidades.
Finalmente, pidieron una reforma del Código Penal, a fin de garantizar el cumplimiento íntegro de las penas en “los delitos de violencia de género que afecten a las mujeres y a los menores, hijos comunes de la pareja”.

martes, 11 de septiembre de 2012

CONFERENCIA ANUAL SOBRE DERECHO DE FAMILIA EUROPEO

 www.era.int
ERA, la Academia de Derecho europeo, celebra los próximos días 24 y 25 de septiembre su conferencia anual sobre Derecho europeo de Familia. 
Este año la conferencia se centrará en la figura del divorcio europeo, con
especial atención a las menciones sobre este tema que contiene el Reglamento Roma III, particularmente sobre la decisión del futuro de los bienes comunes. 

La conferencia está dirigida a abogados europeos especializados en
este ámbito. 

Los idiomas de trabajo serán el alemán y el inglés.

Cádiz: Pierde el juicio por la custodia de sus hijos

1 de los 3 padres que acampó ante la Audiencia no obtiene la custodia compartida y deberá pagar una pensión pese a ser un parado sin prestación.


Pierde el juicio tras 26 días en huelga por la custodia de sus hijos
Los 3 padres durante la acampada ante la sede de la Audiencia Provincial el pasado mes de marzo. | ANTONIO VÁZQUEZ 
 
De nada le han servido:
1.-  los 26 días en huelga de hambre que permaneció ante la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz en demanda de la custodia compartida; 
2.- ni tampoco la reciente resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le reconocía haber sido víctima de un funcionamiento anómalo del sistema judicial por retrasos injustificados en el procedimiento de divorcio que mantiene desde 2009. 
 
Este padre chiclanero, que reclamaba compartir la custodia de sus 2 hijos de 4 y 8 años con su expareja, ha perdido su batalla legal en 1ª instancia. 
El juzgado de Chiclana nº 3 ha dictado sentencia que:
a.-  mantiene la custodia a la madre,
b.-  fija el pago de una pensión alimenticia para el padre y
c.-  reduce el tiempo de visita del progenitor. 
 
La asociación Custodia Compartida de Cádiz (APIF) -colectivo al que pertenece José Antonio Caparrós- critica duramente el dictamen judicial, aunque no se muestra sorprendida porque asegura que vaticinaba su contenido: «Este padre, como tantos otros en España, cuando se salen del tiesto de la senda judicial marcada se castiga de forma cruel y sin valoración positiva para los menores».
El progenitor defendió en el juicio celebrado a finales de julio que:
1.- él disponía de más tiempo que la madre para la atención de los pequeños porque es un parado de larga duración mientras que su exmujer trabaja. 
2.- Y además, debido a la situación económica por la que atraviesa, el pago de una pensión alimenticia le supone una obligación a la que no puede hacer frente ya que lleva 2 años desempleado sin cobrar prestación alguna: «No es lógico que mientras la madre no puede hacerse cargo de los menores por su trabajo, a mí se me niegue el derecho a atenderlos frente a las atenciones de la abuela materna, siempre loable, pero en ningún caso sustituible de una atención paterna», indica un comunicado de la asociación APIF en el que recogen declaraciones de Caparrós.
 
La lectura que hace el colectivo al que pertenece este gaditano sobre la sentencia dictada por una jueza, que está de refuerzo en el nº3 de Chiclana, es en clave revanchista dado que el CGPJ le reconoció al padre haber sido víctima de un funcionamiento anómalo de la Justicia; si bien, el Consejo no hace reproches a la labor de la jueza.
Ya antes de celebrarse la vista oral del divorcio, esta asociación advertía que su miembro podía ser víctima de «una posible parcialidad en la sentencia» por haber logrado poner en entredicho el funcionamiento del juzgado chiclanero.
 
Víctima del sistema judicial
La resolución, conocida en mayo, indicaba que en el procedimiento se habían producido varias suspensiones de la vista donde debía resolverse el divorcio -que finalmente se celebró a finales de julio, 2 meses después de conocerse este dictamen- y que éstas obedecían a dilaciones indebidas. «Han originado un perjuicio que el actuante no tiene obligación de soportar, con independencia de cuál sea la coyuntura del órgano judicial, la situación de carga de trabajo y el número de asuntos pendientes». 
El CGPJ, además, exoneraba al padre de haber sido responsable de un procedimiento tan largo en el tiempo (arrancó en 2009), calificando su actuación de «diligente».
José Antonio Caparrós planteaba en su reclamación una indemnización por daños morales y la cifraba en 4 millones de €. 
El informe favorable del órgano de gobierno de los jueces abre la puerta al cobro, pero es el Ministerio de Justicia el que debe determinar si cabe indemnización o no y la cantidad definitiva.
Desde APIF anuncian no solo el recurso ante la Audiencia Provincial contra la sentencia de divorcio dictada en primera instancia; también estudian iniciar acciones legales contra el ministerio o el CGPJ porque no entienden cómo hay recursos para que un juzgado de primera instancia «dicte sentencia el mismo día de la vista».
 
Nota:
Lo que esta claro es que ó el colectivo de afectados cambia de estrategia ó nos quedan otros 30 años más de travesia del desierto, ya llevamos 31 y vemos lo que esta pansando. 
Los problemas se solucionan cuando:
1.- se hace la Liquidación de los Bienes Gananciales (LBG)  
2.- los hijos son económicamente independientes ó tienen 18 años (Ultimas sentencias del TS)
¿Para cuando un Lobby de Presión de afectados por lassentencias de los juzgados de Familia?

Contradicción Sobre la Pensión Compensatoria

Tribunal Supremo-Civil: Se mantiene la pensión compensatoria establecida a favor de la esposa en convenio regulador, a pesar de realizar una actividad laboral

Es objeto del presente recurso de casación la sentencia que, estimando el recurso del ex marido de la recurrente, declaró la extinción de la pensión compensatoria pactada a su favor en convenio regulador homologado en sentencia, en un procedimiento de separación consensual, por apreciar inexistencia de desequilibrio económico alguno que legitimara la existencia de la pensión controvertida.

La Sala declara que los cónyuges pueden pactar lo que consideren más conveniente sobre la regulación de las relaciones que surgen como consecuencia del divorcio o la separación en virtud del principio de autonomía de la voluntad, como lo hicieron en este caso, en el que se pactó que debía abonarse la pensión a pesar de la actividad laboral o negocial de la recurrente como acreedora de dicha pensión, de modo que, al no tener la pensión la función de compensación del desequilibrio económico que pudiera surgir como consecuencia de la separación, debe estimarse el recurso y mantenerse el pacto suscrito entre las partes.

Sentencias al respecto

El Tribunal Supremo revisará la condena de la abogada

...... que encargó matar a su ex marido en Ciempozuelos. 

El Tribunal Supremo revisará el próximo jueves la condena a 22 años y medio de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid a María Dolores Martín Pozo, la abogada que encargó matar a su ex marido en Ciempozuelos por miedo a perder la custodia de la hija que tenían en común. 

Caderna ser Madrid Sur /Ciempozuelos10/09/2012

El Tribunal Supremo revisará la condena de la abogada que encargó matar a su ex marido en Ciempozuelos.
El Tribunal Supremo revisará la condena de la abogada que encargó matar a su ex marido en Ciempozuelos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estudiará a puerta cerrada los recursos contra esa sentencia interpuestos por el fiscal, la abogada condenada y los padres del fallecido.
Por estos mismos hechos, la Audiencia de Madrid condenó también a 12 años y medio de cárcel a Eloy S.B., el dueño de una empresa de seguridad al que la acusada encargó el crimen, mientras que absolvió a Charles Michael G.C., juzgado como presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida de Miguel Ángel Salgado.
La abogada fue condenada por los delitos de asesinato con el agravante de parentesco, homicidio intentado y amenazas, mientras que a Eloy se le consideró culpable de un delito de asesinato y otro de homicidio intentado.

lunes, 10 de septiembre de 2012

Polémica con el modelo anti-violencia contra la mujer español

Quieren aplicar acá el modelo anti-violencia español y hay polémica.

Busca “rehabilitar” al golpeador, pero ONGs dicen que ante la falta de recursos hay que priorizar a la víctima.

Clarin.com/ Por Graciela Gioberchio/ 09/09/12

Están convencidos de que los programas dedicados sólo a la contención de las víctimas de la violencia de género, ayudan, pero no acaban con el problema. 
Y se preguntan: ¿por qué no darle al hombre violento la posibilidad de revertir su situación, o al menos intentarlo? Son psicólogos, psquiatras, trabajadores sociales, jueces, fiscales y defensores que creen que de esa manera se pueden prevenir episodios de violencia, evitar la naturalización del fenómeno y dejar de lamentar pérdida de vidas.
Impulsados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, quieren traer a la Argentina el modelo que, afirman, bajó la violencia de género en España. 
El tema genera polémica porque hay organizaciones que sostienen que con los escasos recursos que el país dispone hoy para esta problemática, se debe priorizar a la víctima .

Se trata del Proyecto Barcelona-Buenos Aires. 
Y ya se capacitaron a profesionales que en marzo comenzarán a trabajar en una prueba piloto en 8 hospitales públicos de Capital y GBA, sumados a otros de Río Negro y Chubut.
“Este proyecto propone un cambio de paradigma, utiliza técnicas específicas que logran un grupo de trabajo que comienza siendo educativo y termina siendo terapéutico”, señala a Clarín Liliana Magrini, del Ministerio Público porteño. 
“No decimos que el violento se convertirá en un ‘angelito’, pero algo en su psiquis va a cambiar y así prevenimos que otras mujeres de su entorno no se conviertan en próximas víctimas”.

La puesta en marcha del programa dicen que dio sus resultados. 
Según datos oficiales de España, en 2008 murieron 78 mujeres por violencia de género. 
El año pasado, la cifra bajó a 61; y en los 1º cinco meses de este año se registraron 19 casos fatales.
Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, considea que el proyecto “es interesante, pero hay que dejar bien claro que España lleva más de 10 años aplicando políticas contra la violencia de género, y en nuestro país todavía no hay coordinación en las políticas de Estado ni un trabajo integral entre la Justicia y las organizaciones no gubernamentales . Además, con los escasos recursos oficiales que se destinan a estas tareas, ante todo hay que priorizar a la víctima”.

Para Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, se trata de un proyecto válido. “Está contemplado en nuestra ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485). Nosotros hace varios años que trabajamos con grupos de hombres violentos derivados de juzgados, con condenas en suspenso. Asistimos a unos 100 hombres por mes. Es un recurso adicional que contribuye a desterrar este lamentable fenómeno”.
En el caso de España, los hombres que entran al programa deben responsabilizarse de los hechos de violencia que protagonizaron y por los cuales son pasibles de recibir condenas inferiores a los 2 años. 
Las autoridades aseguran que se logró bajar el índice de reincidencia. Si el hombre cometió un delito más grave, por el que le corresponde una pena mayor a 2 años de cárcel, también recibe este tipo de asistencia, en la prisión, pero con una intensidad superior. En general, el programa tiene una duración de 4 a 6 meses. 
Tiene una parte educativa otra de reflexión y una de terapia.

domingo, 9 de septiembre de 2012

El 51% de las maltratadas que renuncian al proceso judicial

..... descartan el psicólogo.  

De 6.390 denuncias presentadas en el 1º semestre, unas 831 renunciaron

Efe / Sevilla | Actualizado 08.09.2012
El 51,5% de las mujeres víctimas de violencia de género que denuncian a su agresor y luego abandonan el procedimiento judicial no han recurrido al apoyo psicológico, un porcentaje de abandono que se reduce al 19% cuando dicho apoyo es prestado por los servicios sociales.

Se trata de una de las principales conclusiones del libro La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género: un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza, realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, y que fue presentado ayer por la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.
La investigación, que cuenta con conclusiones cualitativas (fruto de entrevistas a profesionales y víctimas) y cuantitativas (resultado de 803 cuestionarios a mujeres que han sufrido violencia de género), destaca 4 razones de abandono: 
1.- la situación sociodemográfica, 
2.- el propio procedimiento penal, 
3.- los efectos de la violencia de género y
4.- la situación psicológica de la mujer. 
 
Los expertos apuntan situaciones sociales derivadas de la propia violencia que influyen en el abandono, como:
a.-  el miedo de la víctima a la actuación de su expareja y de su entorno familiar; 
b.- el chantaje del agresor por la pensión de los hijos o por la custodia de los mismos; 
c.- el riesgo de que la víctima dé otra oportunidad al agresor o el sentimiento de culpa de la mujer, entre otras.

Respecto a los resultados relacionados con el procedimiento penal destacan hechos como:
5.-  el desconocimiento por parte de las víctimas del proceso judicial (el 74%); o 
6.-  el desfase entre las expectativas de las mujeres y la realidad del procedimiento. 
Así, muchas esperan que la denuncia inicial acabe de raíz con la situación de violencia, como demuestra que el porcentaje de renuncias es menor cuando las mujeres denuncian tras una decisión meditada (22,8%), y es mayor cuando la empuja un suceso traumático pero sin planificación (43,85%). 
De las 6.390 denuncias presentadas en el 1º trimestre, unas 831 renunciaron a continuar con el procedimiento. 
Los tiempos dilatados de los procedimientos penales y la excesiva burocratización pueden originar también un abandono y, de hecho, de los 131 casos estudiados que terminaron en renuncias, la mayoría de los abandonos se produjeron en el período de instrucción (45%) o en las primeras 72 horas (35%), según el estudio. 
 
El informe también reseña la presión de las personas profesionales de la abogacía que están tramitando el procedimiento civil de separación, y que a veces proponen la retirada de la denuncia para garantizar el pago de la pensión o el respeto al régimen de visitas impuesto.