La ley lo contempla, pero nunca se ha condenado al Estado por responsabilidad civil subsidiaria.
Las víctimas dicen sentirse desprotegidas.
De las 24 fallecidas este año, sólo una tenía medidas de protección en vigor.
(....)8 de las 24 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en nuestro país habían denunciado, un porcentaje superior al de años anteriores. Y si bien 2 retiraron después la denuncia, 6 se reiteraban en que estaban sufriendo malos tratos. A pesar de ello, sólo 1 tenía alguna medida de protección en vigor en el momento de su muerte, órdenes que deben activarse automáticamente en un plazo de 72 horas posteriores a la denuncia, pero que son retiradas si el proceso se cierra en contra de la demandante.
De entre las 54 fallecidas el año pasado, 11 habían presentado denuncia, pero sólo 4 de ellas tenían alguna medida activa en el momento del crimen.
¿Por qué una mujer que denuncia termina siendo asesinada?
¿Es el Estado incapaz de proteger a sus víctimas?(El Estado responsable de las muertes o los legisladores inutiles que hacen las leyes por votos).
“Pensábamos que la ley integral de violencia de género daría más protección a la víctima, pero estamos viendo fallos en el sistema”, dice Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres.
Fallos reconocidos incluso desde el propio Gobierno. Esta misma semana, la nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, admitía posibles errores en el último caso de violencia de género conocido, el de Hana, la mujer asesinada esta semana en Madrid junto a su actual pareja. Su exmarido, presunto homicida y que se ahorcó despues del crimen, tenía una orden de alejamiento, que no funcionó
“No podemos tolerar que una mujer que ha pedido ayuda, que ha salido del silencio, que ha roto con la violencia, pueda ser asesinada”, decía el martes Camarero, en su comparecencia ante el Congreso.
Como ha ocurrido en Francia, también en España el Estado tiene responsabilidad si se demuestra que algo ha fallado en la protección a una víctima “En España existe la misma posibilidad, no sólo en violencia de género, sino en cualquier actuación de la Justicia en la que se desprenda una dejación en el deber de auxilio”, dice Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, “Está previsto por ley y el Estado es responsable civil subsidiario de los errores que pueda causar una conducta negligente de un juez o de la policía”.
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