2 vocales votan en contra del informe, que pide el mantenimiento de los 18 días de permiso al año que disfrutan los jueces (Los llamados Moscosos)
MADRID, 4Octubre 2012 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ha aprobado este jueves un informe muy crítico con los recortes
auspiciados por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en el estatuto de los
jueces, en especial en lo referido a los días para asuntos propios y
el trabajo de los jueces sustitutos.
El texto, cuya ponente ha sido la
vocal Concepción Espejel, sale adelante con 2 votos particulares
discrepantes, que firman los vocales Antonio Dorado y José Manuel Gómez
Benítez, mientras que Gabriela Bravo ha emitido un voto particular
concurrente, ha informado este órgano.
El informe solicita el mantenimiento
de los seis permisos de 3 días de los que disponen los jueces al año
para asuntos propios, frente a lo dicho en el Anteproyecto de reforma de
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prevé permisos para que los
jueces puedan ausentarse de la sede del órgano por un máximo de 9
días al año y no más de 3 al mes para el estudio y resolución de
causas de especial complejidad o para hacer frente a situaciones de
acumulación de asuntos.
En un principio, Justicia preveía 3 días por
asuntos propios.
El Consejo del Poder Judicial
argumenta que la razón de ser de los 6 permisos anuales de 3 días
"se anuda a la especificidad propia de la actividad jurisdiccional, que,
no debe olvidarse, supone el ejercicio efectivo y continuo poder del
Estado".
La estructura actual de los permisos y
licencias responde a las singularidades propias del ejercicio de la
función jurisdiccional.
"No deben ser objeto de una mera equiparación
con el régimen jurídico previsto para los funcionarios públicos", alega.
Además, el informe del Consejo pone
"peros" a los planes para reducir prácticamente a la excepcionalidad a
los jueces sustitutos, que son aquellos no miembros de la carrera,
normalmente abogados, que a día de hoy hacen las sustituciones y
refuerzos en los juzgados.
El Pleno reconoce la gravedad de la
situación económica actual y su deseo de que la actividad jurisdiccional
sea responsabilidad de jueces y magistrados profesionales.
Ahora bien,
precisa que es "imprescindible" tener en cuenta la "sobrecarga
generalizada que gravita sobre la Administración de Justicia", por lo
que deben establecerse medidas que propicien la adecuación de la
plantilla a las necesidades reales de los tribunales.
De lo contrario, advierte de que "se
corre el riesgo de reducir el estándar se calidad", lo que redundaría en
perjuicio de los ciudadanos. De esta manera, el Consejo propone una
serie de mejoras técnicas para el mejor funcionamiento del sistema de
refuerzos y sustituciones, al tiempo que entiende que no debería
aplicarse en el Tribunal Supremo puesto que dispone de magistrados
eméritos.
También sugiere que la retribución
por sustituciones o refuerzos no esté condicionada a la carga de trabajo
global que soporte el juez afectado y que la remuneración se fije en
consideración al "trabajo desempeñado por quien sustituye o participa en
una medida de refuerzo".
El Pleno, constituido por vocales y
el presidente, Gonzalo Moliner, se refiere también a la ausencia de un
horario laboral estándar.
Esta circunstancia implica que el tiempo
efectivo se prolongue durante "las tardes, noches e, incluso, los días
festivos, lo que justifica el mantenimiento de un régimen jurídico
diferenciado que, a su vez, permite mitigar las limitaciones que la
actividad jurisdiccional impone a la efectiva de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, especialmente, por razones fácilmente
comprensibles, para los jueces y magistrados destinados en territorios
no peninsulares".
En cuanto al régimen jurídico de
bajas por enfermedad, el informe aboga por mantener el modelo actual
atendiendo a la inexistencia de datos de absentismo en la carrera
judicial y a la especificidad de la función jurisdiccional, así como a
la necesidad de culminar un estudio sobre enfermedades profesionales de
jueces y magistrados.
El ministro de Justicia se comprometió el pasado
martes a elaborar un catálogo de enfermedades profesionales y a mantener
12 días de permiso.
El contenido de este Anteproyecto
motivó gran parte del malestar que expresaron de forma unánime las
juntas de jueces, que llegaron a plantear la convocatoria de huelgas.
También pidieron aumentar la inversión en la Administración de Justicia.
CONTENIDO DE LA REFORMA
La legislación vigente establece que
los miembros de la Carrera Judicial podrán disfrutar de "permisos de
3 días, sin que puedan exceder de 6 permisos en el año natural, ni
de 1 al mes". Sin embargo, el Ejecutivo planteó en principio
reducirlos a "3 días de permiso al año natural", y a 9 (no más de 3 al mes) para utilizarlos en el estudio de las causas "de mayor
complejidad.
El CGPJ, por su parte, aboga por
mantener el vigente régimen de permisos y licencias de los magistrados
porque dichos permisos tienen su origen en los días libres de los que
disfrutan otros funcionarios públicos y porque además suelen utilizarse
en dedicar más tiempo en el estudio y la resolución de los asuntos, bien
por su complejidad o por la excesiva carga de trabajo en el juzgado.
SUSTITUTOS EXCEPCIONALES
Sobre los cambios planeados para los
jueces sustitutos, cuya existencia el Ministerio de Justicia pretende
convertir en casi "excepcional", el informe advierte del esfuerzo y
dedicación al que obligará a los miembros "profesionales" de la carrera
teniendo en cuenta su actual carga de trabajo, por lo que sugieren que
el nuevo sistema se acompase con medidas de adecuación de plantilla para
que no redunde en detrimento de la calidad de la justicia.
Los vocales que han estudiado este
asunto cuestionan el sistema de listas previsto por el Ministerio para
realizar las sustituciones y refuerzos por no ser de carácter voluntario
en todo tipo de órganos y exigen que quienes estén dispuestos a
realizar las sustituciones sean retribuidos de forma puntual y adecuada.
Igualmente, el informe advierte de
las dificultades que entrañará para las Salas de Gobierno realizar los
planes anuales de sustituciones y se queja de que, además, éstas tengan
que tener el beneplácito del Ministerio aunque sea solo por razones
presupuestarias.
Además, el Consejo se queja de que se quiera aumentar
el número de efectivos profesionales y a la vez alargar el tiempo de
permanencia en la Escuela Judicial.
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