sábado, 27 de junio de 2015

Fracaso de los Juzgados de violencia contra la mujer

Los juzgados de violencia de género cumplen 10 años con 1,4 millones de delitos instruidos y más de 200.000 sentencias.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales cumplen este 29 de junio 10 años de existencia, efemérides que ha recordado la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, para destacar la importancia de este servicio.
En la actualidad, existen 106 juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos en toda España, frente a los 17 que iniciaron su andadura en el año 2005. Además trabajan 355 juzgados compatibles, cuyos titulares reciben una formación especializada al igual que sucede en los juzgados penales y en las secciones de las Audiencias Provinciales competentes en materia de violencia de género.
Conforme los datos del Observatorio, estos juzgados, que tramitan una media superior a las 100.000 denuncias cada año, han instruido más de 1,4 millones de delitos desde su creación y han dictado cerca de 200.000 sentencias, con un porcentaje de condenas que se aproxima al 80 %.
Además en estos 10 años se han solicitado más de 300.000 órdenes de protección, con diferentes porcentajes de órdenes concedidas en los diferentes años que, en todo caso, superan el 60% de las presentadas en los juzgados de violencia sobre la mujer.
Ángeles Carmona ha subrayado la "gran labor" llevada a cabo en estos 10 años por los juzgados de violencia sobre la mujer, que ha contribuido a que España "sea un referente internacional en la lucha contra la violencia de género, como así lo han reconocido, por ejemplo, el Parlamento Europeo y Naciones Unidas".
Asimismo, ha incidido en la necesidad, por un lado, de potenciar los mecanismos de protección de las víctimas de violencia de género, intensificando la coordinación institucional y la sensibilización ciudadana y, por otro, de continuar ofreciendo una respuesta adecuada y firme del Estado de Derecho frente a los maltratadores.

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