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PROVINCIA ALICANTE:Los divorcios conflictivos superan ya a los de mutuo acuerdo por la crisis
Aumentan también las modificaciones de las pensiones porque muchos padres están en paro
27.06.10 M.C.S. ALICANTE.
La crisis está teniendo una importante incidencia en los Juzgados de Familia.
Hasta el punto de que este año, a diferencia del anterior, los divorcios conflictivos -contenciosos como se conocen en el ámbito jurídico- ya superan a los de mutuo acuerdo, según fuentes judiciales.
En esta tesitura económica los cónyuges pelean hasta las últimas etapas procesales la vivienda y otros bienes comunes o las pensiones alimenticias de sus hijos.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el pasado año se produjeron en la provincia 2.887 divorcios consensuados por 2.138 en los que no hubo acuerdo, así como 219 y 139 separaciones, respectivamente.
La tendencia ahora se ha invertido, lo que hace más necesario si cabe la mediación para acercar posturas y evitar que las discusiones se prolonguen en el tiempo y repercutan negativamente en los menores, que casi siempre pagan los platos rotos de las relaciones acabadas.
En su última memoria anual, la de 2008, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat destacaba la agilidad en la tramitación de los procedimientos en los que hay consenso.
En Valencia, de hecho, un protocolo permitió celebrar ya en el año 2008 cerca de 1.900 juicios rápidos de familia que tuvieron una resolución entre 7 y 10 días después de presentarse las demandas.
En cualquier caso, la crisis también ha provocado una reducción en el número de demandas. Muchas parejas se han visto obligadas a aparcar sus divorcios y a seguir conviviendo en el mismo hogar porque no pueden hacer frente a los gastos que conlleva el procedimiento -una separación amistosa puede salir por 1.000 euros y probablemente el triple si es contenciosa- o directamente no pueden vender la vivienda común por el parón del mercado inmobiliario.
Igualmente, se han disparado las reclamaciones por impago de pensiones y los jueces se han visto obligados a revisar en muchos casos las sentencias para reducir su importe.
Y es que no son pocos los divorciados que se declaran insolventes porque se han quedado en paro.
El cónyuge que directamente no quiere pagar a su ex y persiste en esa actitud se arriesga a ser llevado a la vía penal como autor de un delito y a ser condenado a entre 3 meses y 1 año de cárcel o a una multa.
Las prestaciones impagadas deben producirse durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos y siempre requieren de la denuncia previa de la persona agraviada.
Pero si existe un punto conflictivo en toda separación es la custodia de los hijos.
La legislación española, que data de 1995, establece como norma que uno de los cónyuges ha de ejercerla y únicamente contempla la custodia compartida como una excepción sujeta a criterios muy restrictivos.
Las cosas, sin embargo, han comenzado a cambiar a medida que la sociedad se ha transformado y los roles masculino y femenino se han ido difuminando.
«La madre hasta ahora ha sido la principal cuidadora de los hijos. Rara vez lo hacía el padre. Pero hay cada vez más hombres que reclaman ese papel», señala la magistrada Susana Martínez González, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Alicante.
Pero un abogado especializado en separaciones se muestra escéptico:
«En algunos países las parejas rotas comparten hasta la casa y otros bienes. Nos llevan años de adelanto y eso requiere un cambio de mentalidad que va a tardar en asentarse aquí».
Las iniciativas en ese sentido desde los poderes públicos pueden ayudar al cambio de mentalidad. La Generalitat está trabajando en una ley que regula la custodia compartida, lo que convertiría a la Comunitat en la IIª región española en dotarle de un marco jurídico tras Aragón.
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