http://www.cafebabel.es/article/33374/padres-divorciados-pobreza-custodia-italia.html
Sociedad / Hombres divorciados, hombres arruinados: el caso italiano.
Divorciarse es a menudo la causa de un crack financiero, que hace precipitarse a los ex conyugues a condiciones de marginación social e indigencia, donde a veces el hombre acaba llevando la peor parte.
Una situación italiana (aunque también se da en el resto de la Unión Europea) según denuncian las asociaciones de padres separados
ENFOQUE.Por Marco Riciputi @ Traducción: Nadya Gil Rubiales .23/04/10
Padres desplumados…
La fotografía tomada de una investigación de 2009 del Eurispes (Instituto Italiano de Investigación y Estadística) ha desencadenado un cierto debate en el país debido a las dimensiones del fenómeno.
Aunque la tasa de rupturas familiares en Italia es más baja de la que se registra en otros países europeos (Lituania, Letonia, República Checa, pero también Francia y España), anualmente se divorcian unas 400.00 personas.
Un número en constante aumento desde el año 2000, tras un relativo periodo de calma después del Iº boom tras la aprobación de la ley del divorcio en 1972.
“La situación italiana es muy similar a la española”
Si la pareja tiene hijos menores de edad, la justicia italiana suele entregar la guardia y custodia a la madre: esto sucede en el 67,1% de los casos, contra un 28% de sentencias en las cuales se resuelve la custodia compartida.
Esta práctica tiene también unas importantes consecuencias económicas.
En primer lugar, el abandono por parte del padre del domicilio familiar, que debe por lo tanto costearse un alquiler.
A esto hay que añadir que en el 24,9% de las separaciones se obliga a uno de los cónyuges a la asignación de una pensión mensual, que en el 97,9% de los casos está a cargo del marido, cuyo importe asciende a 498,19 euros.
En fin, debemos asimismo tener en cuenta la pensión de manutención del hijo, que es de 445 euros al mes, como media, y que en el 94% de los casos es procurada por el padre.
…y al margen de la sociedad
Dadas estas premisas, no sorprende encontrar en los periódicos italianos historias de una nueva clase pobre emergente: los padres divorciados y separados que se ven obligados a dormir en los coches y que, cada vez más a menudo, son huéspedes de los comedores sociales a cargo de instituciones religiosas.
No pueden ni siquiera acceder a ayudas oficiales, porque ésta se limita a esporádicas iniciativas de la administración local, como sucede en Roma, Milano y Bolzano.
Top Dad: El número de divorcios en Italia aumenta desde el desde el año 2002
“La legislación actual en cuanto al tema de la custodia de los hijos está bien hecha”, comenta el presidente de la Asociación de Padres Separados, Alessandro Ciardiello.
“Pero hay una gran resistencia cultural por parte de la magistratura a la hora de aplicarla”.
La dificultad en elegir la custodia compartida de los hijos sería el indicio mayor del rol educativo secundario al cual es relegado el hombre una vez que se ha roto el núcleo familiar.
La batalla de Ciardiello por darle la vuelta a esta situación comenzó a mediados de los 90, con ayuda de la red.
“Hace 10 años las asociaciones de padres separados eran por lo normal locales y estaban desvinculadas entre ellas, pero el uso de internet ha permitido crear un red que ha dado visibilidad y eficacia al movimiento”.
Padres en pie de guerra
“La situación italiana es muy similar a la española”, observa Alessio Cardinale, de Adiantum, una asociación por la tutela de los menores.
“Con el agravante de que en el caso italiano los padres separados viven a menudo lejos de la ciudad de origen y no pueden ni siquiera contar con la ayuda de la red familiar”.
La situación es diferente en Francia y en los países escandinavos, donde el principio de custodia compartida es hoy en día parte de la cultura dominante.
“En los países nórdicos la casa puede ser entregada al menor y los progenitores se alternan una semana cada uno y esta diferente relación tiene también un impacto diverso sobre la condición económica de la ex pareja, menos devastadora para el padre, al contrario de lo que sucede en Italia”, continúa Cardinale.
Protestation des pères divorcés en Italie enchaînés en guise de protestation
Italia sería victima de una cultura que vela por la prevalencia del rol materno y no tiene en cuenta un mayor rol social que tiene la mujer fuera de los muros del hogar, ni el mayor rol educativo al padre en la familia.
Una visión antigua y sostenida por la Iglesia que, para los abogados de los padres separados, encuentra en la magistratura su piedra angular.
Todo esto impulsó a Adiantum a plantarse contra el Ministerio de Justicia por la falta de control en la aplicación de la ley de custodia compartida aprobada en 2006.
“Pero estamos preparados para ir más allá de Italia y llegar hasta la Corte Europea de Derechos Humanos” concluye un guerrillero Cardinale.
sábado, 24 de abril de 2010
Ana Mª Perez del Campo contra los derechos de los hijos
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.magazinedigital.com/media/5110.jpg&imgrefurl=http://www.magazinedigital.com/reportajes/sociedad/reportaje/pageID/4/cnt_id/1462&h=274&w=411&sz=29&tbnid=Gj7IJS-nyVg15M:&tbnh=83&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dana%2Bmaria%2Bperez%2Bdel%2Bcampo&hl=es&usg=__ABmNNT0bAzw4I-hCOtYE_dhV5P8=&ei=0qPQS7HPCZWimwPMoZhI&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBEQ9QEwBA
Reportajes / Sociedad: Rebeldes contra la adversidad
Mercedes de la Rosa.20/01/2008
Cuando la vida sorprende con duras circunstancias inesperadas, tenemos 2 opciones:
quedarnos paralizados frente a ellas o luchar y salir reforzados.
Los protagonistas de este reportaje decidieron no lamentarse y hacer de sus duras vivencias una causa para salir adelante.
Se rebelaron contra la autocompasión, la rabia o la pena que sentían, para abrazar sus causas como motor y motivo de cambio Ana María, en la guardería del centro de acogida para mujeres maltratadas con recuperación integral en la Comunidad de Madrid del que fue directora durante años.
Ana María Pérez del Campo. "O eres valiente o renuncias a vivir" "Nací guerrera."
Ana María llegó al mundo en 1936, poco antes de que un golpe de Estado marcara su vida y su fortaleza.
A los 25 años, embarazada de su 3º hijo y con un entorno que trataba de convencerla de lo contrario ("puedes hacer la vista gorda; el tenedor no tiene por qué cogerse por las púas…"), Ana María se separó y se puso a trabajar; un escándalo para la época. (era el año 1961).
"Me ponía enferma ver tanta discriminación, e intuyendo el futuro que les esperaba a mis hijas, me puse a luchar para cambiarlo".
Viendo la multitud de dificultades con las que se encontraba, se asoció con otras mujeres en su misma situación bajo la Asociación Católica de Mujeres Separadas, para no llamar la atención del régimen.
"Lo teníamos que hacer sigilosamente, si llegamos a decir que íbamos a hacer la revolución, nos hubieran mandado a casa."
Fueron las primeras en ofrecer asesoría jurídica y atención psicológica gratuita a mujeres, en manifestarse contra el adulterio y a favor del aborto y en trabajar para conseguir la ley del Divorcio, aprobada en el 79.
Entre reuniones clandestinas, caceroladas en la boca del metro, persecuciones y alguna que otra noche en el calabozo, reivindicaban lo que consideraban justo.
"Éramos provocadoras –reconoce–, pero sentíamos que teníamos que hacer algo. Lo que estábamos viviendo era duro y humillante, y no se solucionaba llorando, sino luchando."
Los fines de semana, les contaba a sus hijos que estaba cambiando el mundo entre cuentos de Gulliver.
Feminista convencida, no se conformó con lo conseguido y pronto se puso un nuevo objetivo: visibilizar la violencia de género para acabar con ella.
Planteó la denuncia permanente y logró que en 1991 se construyera el primer centro de acogida para mujeres maltratadas con recuperación integral en la Comunidad de Madrid con la subvención 0,5% del IRPF del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Dirigió el centro durante 15 años y ni siquiera un cáncer de mama con quimioterapia ni las denuncias por malversación de fondos interpuestas por los maltratadores, que ganó, le hicieron bajar la guardia.
"Las mujeres no hacemos asociaciones de víctimas, sino de luchadoras."
Para Ana María existen dos tipos de muertes:
"Las que salen en el telediario y las que no se cuantifican porque son muertas en vida".
Su lucha sigue. Ahora batalla desde el Observatorio de la Violencia y como presidenta de la federación. "O eres valiente o renuncias a vivir."
POR LOS DERECHOS DE LA MUJER
La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas transmite a las mujeres los Valores y los principios de igualdad como base para que alcancen en la sociedad el lugar que, como seres humanos, les corresponde.
Tiene asociaciones en Santander, Ourense, Albacete, Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid.
Reportajes / Sociedad: Rebeldes contra la adversidad
Mercedes de la Rosa.20/01/2008
Cuando la vida sorprende con duras circunstancias inesperadas, tenemos 2 opciones:
quedarnos paralizados frente a ellas o luchar y salir reforzados.
Los protagonistas de este reportaje decidieron no lamentarse y hacer de sus duras vivencias una causa para salir adelante.
Se rebelaron contra la autocompasión, la rabia o la pena que sentían, para abrazar sus causas como motor y motivo de cambio Ana María, en la guardería del centro de acogida para mujeres maltratadas con recuperación integral en la Comunidad de Madrid del que fue directora durante años.
Ana María Pérez del Campo. "O eres valiente o renuncias a vivir" "Nací guerrera."
Ana María llegó al mundo en 1936, poco antes de que un golpe de Estado marcara su vida y su fortaleza.
A los 25 años, embarazada de su 3º hijo y con un entorno que trataba de convencerla de lo contrario ("puedes hacer la vista gorda; el tenedor no tiene por qué cogerse por las púas…"), Ana María se separó y se puso a trabajar; un escándalo para la época. (era el año 1961).
"Me ponía enferma ver tanta discriminación, e intuyendo el futuro que les esperaba a mis hijas, me puse a luchar para cambiarlo".
Viendo la multitud de dificultades con las que se encontraba, se asoció con otras mujeres en su misma situación bajo la Asociación Católica de Mujeres Separadas, para no llamar la atención del régimen.
"Lo teníamos que hacer sigilosamente, si llegamos a decir que íbamos a hacer la revolución, nos hubieran mandado a casa."
Fueron las primeras en ofrecer asesoría jurídica y atención psicológica gratuita a mujeres, en manifestarse contra el adulterio y a favor del aborto y en trabajar para conseguir la ley del Divorcio, aprobada en el 79.
Entre reuniones clandestinas, caceroladas en la boca del metro, persecuciones y alguna que otra noche en el calabozo, reivindicaban lo que consideraban justo.
"Éramos provocadoras –reconoce–, pero sentíamos que teníamos que hacer algo. Lo que estábamos viviendo era duro y humillante, y no se solucionaba llorando, sino luchando."
Los fines de semana, les contaba a sus hijos que estaba cambiando el mundo entre cuentos de Gulliver.
Feminista convencida, no se conformó con lo conseguido y pronto se puso un nuevo objetivo: visibilizar la violencia de género para acabar con ella.
Planteó la denuncia permanente y logró que en 1991 se construyera el primer centro de acogida para mujeres maltratadas con recuperación integral en la Comunidad de Madrid con la subvención 0,5% del IRPF del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Dirigió el centro durante 15 años y ni siquiera un cáncer de mama con quimioterapia ni las denuncias por malversación de fondos interpuestas por los maltratadores, que ganó, le hicieron bajar la guardia.
"Las mujeres no hacemos asociaciones de víctimas, sino de luchadoras."
Para Ana María existen dos tipos de muertes:
"Las que salen en el telediario y las que no se cuantifican porque son muertas en vida".
Su lucha sigue. Ahora batalla desde el Observatorio de la Violencia y como presidenta de la federación. "O eres valiente o renuncias a vivir."
POR LOS DERECHOS DE LA MUJER
La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas transmite a las mujeres los Valores y los principios de igualdad como base para que alcancen en la sociedad el lugar que, como seres humanos, les corresponde.
Tiene asociaciones en Santander, Ourense, Albacete, Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid.
La cara (oculta) de la violencia de género
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=576729
La cara (oculta) de la violencia de género
La capacidad que tiene la mujer violenta para maltratar psicológicamente a un padre responsable es inmensa.
24/04/2010 RAÚL Mainar
Como la Luna, la violencia de género también tiene su cara oculta.
La prensa sólo nos sirve la dimensión de un problema en el que casi siempre la víctima es la mujer.
Muestra el maltrato físico al que se ven sometidas y, desgraciadamente en demasiadas ocasiones, muestra la muerte de mujeres a manos de las personas que supuestamente más las amaban.
Pero eso, como digo, sólo es una cara de una realidad que va más allá.
Como en la Luna, hay algo oculto que nadie destaca, quizás porque, como en la Luna, habría que hacer un viaje muy largo, un esfuerzo importante, y darle la vuelta al asteroide para saber lo que nos oculta.
Quizás, sólo quizás, esta cara oculta también sea menor, pero no por ello menos importante.
En las clases, manuales y conferencias con que se ilustra a las mujeres sobre la violencia de género se les informa que el maltrato físico es sólo la punta del iceberg.
Que en escasas ocasiones hay violencia sin preaviso.
Que son numerosos los síntomas de un más que posible ataque violento contra ellas.
El lenguaje verbal y el maltrato psicológico que ejerce el hombre son los antecedentes de la violencia física.
Es ahí cuando, según cuentan, deben de actuar y denunciar.
Así el Estado podrá intervenir a tiempo y utilizar las herramientas a su disposición para garantizar la seguridad de sus ciudadanas (y ahora permítanme aquí remarcar ciudadanas y no ciudadanos).
Porque: ¿qué pasa con los ciudadanos agredidos por sus parejas o ex parejas?
¿Han oído Uds. algo? No se les ve por ningún lado. Simplemente parecen no existir.
Bien, pues un puñado de ellos anda, andamos, escondidos en esa cara del problema a la que la Justicia no ha hecho todavía ningún esfuerzo por llegar.
Es un hecho evidente que en un desencuentro de pareja, por razones puramente de fuerza física, una mujer difícilmente agredirá a un hombre.
Sin embargo, en estas situaciones de tensión también la mujer puede ejercer la violencia.
Porque también hay mujeres violentas.
La mujer violenta se manifiesta de una manera mucho más sutil.
La mujer violenta sabe utilizar su debilidad física, la psicología y la connivencia del Estado a su favor.
La mujer violenta sabe que el sólo hecho de mentir juega a su favor, y eso ya le servirá como garantía de que el Estado velará por alejar de su área más próxima al presunto delincuente con el que convivió.
Pero la mujer violenta puede ir más allá.
Si hay hijos de por medio, el Estado habrá a buen seguro concedido la custodia a la madre, por defecto, a pesar de tramitarse el divorcio bajo el auspicio de un Juez y de un Ministerio que vela supuestamente por la Justicia.
En esas condiciones la capacidad que tiene entonces la mujer violenta para maltratar psicológicamente a un padre responsable es inmensa.
Pónganse en el lugar de esos padres a los que sólo les permiten ver a sus hijos en un determinado momento, generalmente 3-4 horas de un día cualquiera de la semana (algunas veces, los que tienen más suerte, hasta dos veces a la semana).
Suena similar a los regimenes de visitas familiares a los reos en las cárceles, sólo que en este caso su delito ha sido simplemente divorciarse.
¿No es eso acaso maltrato psicológico a los padres divorciados favorecido por un injusto sistema judicial?
Pero un injusto régimen de visitas impuesto por un Juez es, como el maltrato físico del que hablábamos antes, sólo la punta del iceberg de unas relaciones entre los padres generalmente ya muy deterioradas.
El deterioro llega a tal punto que el progenitor custodio (la madre en el 90% de las ocasiones) está en disposición de utilizar el régimen de visitas establecido para impedir el encuentro entre hijos y padres y, en muchos casos, humillar a estos últimos.
Y, créanme, las excusas utilizadas por esas madres para ello son infinitas.
a.-Impedir la opinión del padre en las decisiones que tienen que ver con la educación del hijo o de cualquier tema que le afecte directamente (médico, social, etc.), aunque las sentencias remarquen la obligatoriedad de tomar este tipo de decisiones entre los dos padres;
b.-teléfonos comunicando que impiden contactar con el hijo;
c.-traslado de domicilio;
d.-supuestas alteraciones en la rutina de vida de hijo provocadas por el padre; y,
e.-al final, para alejar definitivamente a ese molesto padre que se afana por mantener ese débil hilo de unión con su hijo,
f.-falsas acusaciones de amenazas a la policía.
Esa es la receta para conseguir un padre sumiso y pagador, forzado a pasar una pensión alimenticia y a desentenderse de los hijos si quiere mantener su equilibrio mental.
Así, a los padres agredidos sólo les queda la esperanza de que sus hijos crezcan y un día se hagan oír para exigir compartir más tiempo con ellos, pero para entonces puede ser ya muy tarde.
Si realmente son capaces de ponerse en esa situación entenderán que algunos hombres estallen (los menos) y otros (muchos) nos volvamos a casa frustrados, impotentes, empañados en lágrimas, incapaces de comprender por qué la sociedad no quiere hacer ese viaje al otro lado de la Luna.
Por eso resulta loable que por fin un partido político haya sido capaz de encender los motores de ese cohete y llevar la custodia compartida a debate a la Aljafería.
¿Serán capaces el resto de partidos de ponerse de acuerdo y pilotar tamaña nave?
Sería un gran ejercicio de responsabilidad social que además de seguramente reducir los niveles de violencia de género (real e imaginaria) permitiría el desarrollo de niños más felices.
Padre divorciado
La cara (oculta) de la violencia de género
La capacidad que tiene la mujer violenta para maltratar psicológicamente a un padre responsable es inmensa.
24/04/2010 RAÚL Mainar
Como la Luna, la violencia de género también tiene su cara oculta.
La prensa sólo nos sirve la dimensión de un problema en el que casi siempre la víctima es la mujer.
Muestra el maltrato físico al que se ven sometidas y, desgraciadamente en demasiadas ocasiones, muestra la muerte de mujeres a manos de las personas que supuestamente más las amaban.
Pero eso, como digo, sólo es una cara de una realidad que va más allá.
Como en la Luna, hay algo oculto que nadie destaca, quizás porque, como en la Luna, habría que hacer un viaje muy largo, un esfuerzo importante, y darle la vuelta al asteroide para saber lo que nos oculta.
Quizás, sólo quizás, esta cara oculta también sea menor, pero no por ello menos importante.
En las clases, manuales y conferencias con que se ilustra a las mujeres sobre la violencia de género se les informa que el maltrato físico es sólo la punta del iceberg.
Que en escasas ocasiones hay violencia sin preaviso.
Que son numerosos los síntomas de un más que posible ataque violento contra ellas.
El lenguaje verbal y el maltrato psicológico que ejerce el hombre son los antecedentes de la violencia física.
Es ahí cuando, según cuentan, deben de actuar y denunciar.
Así el Estado podrá intervenir a tiempo y utilizar las herramientas a su disposición para garantizar la seguridad de sus ciudadanas (y ahora permítanme aquí remarcar ciudadanas y no ciudadanos).
Porque: ¿qué pasa con los ciudadanos agredidos por sus parejas o ex parejas?
¿Han oído Uds. algo? No se les ve por ningún lado. Simplemente parecen no existir.
Bien, pues un puñado de ellos anda, andamos, escondidos en esa cara del problema a la que la Justicia no ha hecho todavía ningún esfuerzo por llegar.
Es un hecho evidente que en un desencuentro de pareja, por razones puramente de fuerza física, una mujer difícilmente agredirá a un hombre.
Sin embargo, en estas situaciones de tensión también la mujer puede ejercer la violencia.
Porque también hay mujeres violentas.
La mujer violenta se manifiesta de una manera mucho más sutil.
La mujer violenta sabe utilizar su debilidad física, la psicología y la connivencia del Estado a su favor.
La mujer violenta sabe que el sólo hecho de mentir juega a su favor, y eso ya le servirá como garantía de que el Estado velará por alejar de su área más próxima al presunto delincuente con el que convivió.
Pero la mujer violenta puede ir más allá.
Si hay hijos de por medio, el Estado habrá a buen seguro concedido la custodia a la madre, por defecto, a pesar de tramitarse el divorcio bajo el auspicio de un Juez y de un Ministerio que vela supuestamente por la Justicia.
En esas condiciones la capacidad que tiene entonces la mujer violenta para maltratar psicológicamente a un padre responsable es inmensa.
Pónganse en el lugar de esos padres a los que sólo les permiten ver a sus hijos en un determinado momento, generalmente 3-4 horas de un día cualquiera de la semana (algunas veces, los que tienen más suerte, hasta dos veces a la semana).
Suena similar a los regimenes de visitas familiares a los reos en las cárceles, sólo que en este caso su delito ha sido simplemente divorciarse.
¿No es eso acaso maltrato psicológico a los padres divorciados favorecido por un injusto sistema judicial?
Pero un injusto régimen de visitas impuesto por un Juez es, como el maltrato físico del que hablábamos antes, sólo la punta del iceberg de unas relaciones entre los padres generalmente ya muy deterioradas.
El deterioro llega a tal punto que el progenitor custodio (la madre en el 90% de las ocasiones) está en disposición de utilizar el régimen de visitas establecido para impedir el encuentro entre hijos y padres y, en muchos casos, humillar a estos últimos.
Y, créanme, las excusas utilizadas por esas madres para ello son infinitas.
a.-Impedir la opinión del padre en las decisiones que tienen que ver con la educación del hijo o de cualquier tema que le afecte directamente (médico, social, etc.), aunque las sentencias remarquen la obligatoriedad de tomar este tipo de decisiones entre los dos padres;
b.-teléfonos comunicando que impiden contactar con el hijo;
c.-traslado de domicilio;
d.-supuestas alteraciones en la rutina de vida de hijo provocadas por el padre; y,
e.-al final, para alejar definitivamente a ese molesto padre que se afana por mantener ese débil hilo de unión con su hijo,
f.-falsas acusaciones de amenazas a la policía.
Esa es la receta para conseguir un padre sumiso y pagador, forzado a pasar una pensión alimenticia y a desentenderse de los hijos si quiere mantener su equilibrio mental.
Así, a los padres agredidos sólo les queda la esperanza de que sus hijos crezcan y un día se hagan oír para exigir compartir más tiempo con ellos, pero para entonces puede ser ya muy tarde.
Si realmente son capaces de ponerse en esa situación entenderán que algunos hombres estallen (los menos) y otros (muchos) nos volvamos a casa frustrados, impotentes, empañados en lágrimas, incapaces de comprender por qué la sociedad no quiere hacer ese viaje al otro lado de la Luna.
Por eso resulta loable que por fin un partido político haya sido capaz de encender los motores de ese cohete y llevar la custodia compartida a debate a la Aljafería.
¿Serán capaces el resto de partidos de ponerse de acuerdo y pilotar tamaña nave?
Sería un gran ejercicio de responsabilidad social que además de seguramente reducir los niveles de violencia de género (real e imaginaria) permitiría el desarrollo de niños más felices.
Padre divorciado
viernes, 23 de abril de 2010
La Justicia, cada vez más cuestionada
http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=33380
La Justicia, cada vez más cuestionada
Aunque son 2 casos bien distintos, el Estatut de Cataluña y la causa abierta contra Garzón han situado al mundo de la judicatura en el foco de la opinión pública.
La adscripción ideológica de los jueces parece pesar más que su competencia profesional teledirigidos por una clase política que prima el peso de las mayorías parlamentarias y las componendas de los 2 principales partidos sobre el reparto de cuotas en el TC.
NUEVATRIBUNA.ES 21.04.2010
El Estatut de Cataluña va camino de generar una crisis institucional sin precedentes por el bloqueo sine die del Tribunal Constitucional para emitir una sentencia.
La polémica ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de cambiar las reglas de juego en pleno partido tal y como están exigiendo las fuerzas políticas catalanas con el president José Montilla a la cabeza.
El debate servirá también para calentar el clima preelectoral catalán cara a la próxima cita con las urnas pero el asunto ha llegado a un enquistamiento que parece de difícil solución.
Coincidiendo en el tiempo con el caso Garzón por la causa abierta contra el franquismo, el Estatut añade un eslabón más a la cadena de despropósitos jurídicos.
La división de poderes y la propia independencia judicial están gravemente cuestionados a ojos de la opinión pública que ve cómo pesan más las adscripciones ideológicas de los magistrados que su competencia profesional.
En el origen de este mal, el poder legislativo y las mayorías parlamentarias tienen mucho que decir, sin contar con las componendas de los 2 principales partidos (PSOE y PP) para repartirse las cuotas de representación en un tribunal, el Constitucional, que precisamente es el órgano encargado de interpretar las leyes que salen del Parlamento.
Como ya planteara CiU en 2004 en su propuesta de modificación de la Ley Orgánica del TC, España está sufriendo las consecuencias de lo que en Italia se conoce con el término lottizzazione o reparto de poder.
El artículo 159 de la Constitución fija el sistema de elección y composición del Constitucional.
2 magistrados nombrados por el Rey a propuesta del Gobierno; 8 de origen parlamentario -4 por el Congreso y 4 por el Senado, por una mayoría de 3/5 partes, que da lugar a un sistema de reparto proporcional al peso de los partidos mayoritarios- y 2 magistrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Tal protagonismo del poder político sobre el poder judicial ha impedido hasta el momento proceder a la renovación de los miembros del TC que han superado su mandato con un bloqueo que de prolongarse supondrá que a finales de 2010, 8 de los 12 jueces del Alto Tribunal se encuentren en situación de interinidad.
Resulta contraproducente que el PP, que pretende abanderar la independencia judicial en su defensa pública del Supremo por el procesamiento a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, siga poniendo trabas a la renovación del TC escudándose en que fueron el Gobierno y el PSOE los que no aceptaron la lista de candidatos propuesta por el principal partido de la oposición, resultando así beneficiado por la actual correlación de fuerzas en el Constitucional que debe dirimir sobre el recurso interpuesto contra el Estatut.
Han pasado casi 4 años desde que se presentara dicho recurso y 5 intentos por sacar adelante una sentencia que sigue sin llegar poniendo en pie de guerra a las fuerzas políticas catalanas y abriendo una brecha entre el PSC y el PSOE.
Montilla está dispuesto a consensuar con todos los partidos representados en el Parlament una resolución que será debatida y votada en el pleno de la próxima semana para renovar el Alto Tribunal de manera inmediata.
En Madrid, tanto CiU como ERC pujan por reformas legislativas que impidan entre otras cosas que el TC pueda pronunciarse sobre estatutos refrendados por la ciudadanía.
Y es que, como ha dicho el presidente de Convergencia i Unió, Artur Mas, lo que se está produciendo es un “choque de legitimidades”.
Por su parte, el PP, retoma su idea del recurso previo para evitar situaciones similares.
La lottizzazione a la que hemos hecho referencia (siguiendo el modelo italiano) obliga a PSOE y PP a ponerse de acuerdo para la renovación de los miembros del Constitucional y conduce a un excesivo partidismo de la justicia española cuando “lo deseable” a juicio de Montilla es que “los magistrados no sean elegidos por cuotas, sino por capacidad, trayectoria y competencia, para que tengan respeto y credibilidad".
El problema de fondo está en que pesa más la ideología de los magistrados que su capacidad profesional. Pero no sólo eso.
Los acuerdos entre los 2 principales partidos ni siquiera están expuestos al debate público sino que se hacen en los aledaños del Parlamento con lo que resulta difícil creer que las sentencias emanadas de este órgano se hagan estrictamente por criterios jurídicos.
Hay que recordar que el TC no es un verdadero tribunal del poder judicial sino un órgano constitucional de control de los tres poderes, por tanto un órgano esencialmente político.
La discusión reside en si el Constitucional está legitimado o no para emitir una sentencia sobre el Estatut, dada su incapacidad manifiesta.
En este punto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha optado por defender sin ambages a los magistrados por no recaer sobre ellos la responsabilidad de renovar el órgano sino en las fuerzas políticas mayoritarias.
No obstante no sería mala solución adoptar algunas de las propuestas que se están haciendo en Cataluña como reformar la ley para que los jueces que hayan cumplido su mandato cesen de manera inmediata lo que forzaría sin ninguna duda al PSOE y en especial al PP (partido que tiene muchos intereses electorales puestos por haber sido ellos los que plantearon un recurso de inconstitucionalidad) a romper de una vez la baraja
La Justicia, cada vez más cuestionada
Aunque son 2 casos bien distintos, el Estatut de Cataluña y la causa abierta contra Garzón han situado al mundo de la judicatura en el foco de la opinión pública.
La adscripción ideológica de los jueces parece pesar más que su competencia profesional teledirigidos por una clase política que prima el peso de las mayorías parlamentarias y las componendas de los 2 principales partidos sobre el reparto de cuotas en el TC.
NUEVATRIBUNA.ES 21.04.2010
El Estatut de Cataluña va camino de generar una crisis institucional sin precedentes por el bloqueo sine die del Tribunal Constitucional para emitir una sentencia.
La polémica ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de cambiar las reglas de juego en pleno partido tal y como están exigiendo las fuerzas políticas catalanas con el president José Montilla a la cabeza.
El debate servirá también para calentar el clima preelectoral catalán cara a la próxima cita con las urnas pero el asunto ha llegado a un enquistamiento que parece de difícil solución.
Coincidiendo en el tiempo con el caso Garzón por la causa abierta contra el franquismo, el Estatut añade un eslabón más a la cadena de despropósitos jurídicos.
La división de poderes y la propia independencia judicial están gravemente cuestionados a ojos de la opinión pública que ve cómo pesan más las adscripciones ideológicas de los magistrados que su competencia profesional.
En el origen de este mal, el poder legislativo y las mayorías parlamentarias tienen mucho que decir, sin contar con las componendas de los 2 principales partidos (PSOE y PP) para repartirse las cuotas de representación en un tribunal, el Constitucional, que precisamente es el órgano encargado de interpretar las leyes que salen del Parlamento.
Como ya planteara CiU en 2004 en su propuesta de modificación de la Ley Orgánica del TC, España está sufriendo las consecuencias de lo que en Italia se conoce con el término lottizzazione o reparto de poder.
El artículo 159 de la Constitución fija el sistema de elección y composición del Constitucional.
2 magistrados nombrados por el Rey a propuesta del Gobierno; 8 de origen parlamentario -4 por el Congreso y 4 por el Senado, por una mayoría de 3/5 partes, que da lugar a un sistema de reparto proporcional al peso de los partidos mayoritarios- y 2 magistrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Tal protagonismo del poder político sobre el poder judicial ha impedido hasta el momento proceder a la renovación de los miembros del TC que han superado su mandato con un bloqueo que de prolongarse supondrá que a finales de 2010, 8 de los 12 jueces del Alto Tribunal se encuentren en situación de interinidad.
Resulta contraproducente que el PP, que pretende abanderar la independencia judicial en su defensa pública del Supremo por el procesamiento a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, siga poniendo trabas a la renovación del TC escudándose en que fueron el Gobierno y el PSOE los que no aceptaron la lista de candidatos propuesta por el principal partido de la oposición, resultando así beneficiado por la actual correlación de fuerzas en el Constitucional que debe dirimir sobre el recurso interpuesto contra el Estatut.
Han pasado casi 4 años desde que se presentara dicho recurso y 5 intentos por sacar adelante una sentencia que sigue sin llegar poniendo en pie de guerra a las fuerzas políticas catalanas y abriendo una brecha entre el PSC y el PSOE.
Montilla está dispuesto a consensuar con todos los partidos representados en el Parlament una resolución que será debatida y votada en el pleno de la próxima semana para renovar el Alto Tribunal de manera inmediata.
En Madrid, tanto CiU como ERC pujan por reformas legislativas que impidan entre otras cosas que el TC pueda pronunciarse sobre estatutos refrendados por la ciudadanía.
Y es que, como ha dicho el presidente de Convergencia i Unió, Artur Mas, lo que se está produciendo es un “choque de legitimidades”.
Por su parte, el PP, retoma su idea del recurso previo para evitar situaciones similares.
La lottizzazione a la que hemos hecho referencia (siguiendo el modelo italiano) obliga a PSOE y PP a ponerse de acuerdo para la renovación de los miembros del Constitucional y conduce a un excesivo partidismo de la justicia española cuando “lo deseable” a juicio de Montilla es que “los magistrados no sean elegidos por cuotas, sino por capacidad, trayectoria y competencia, para que tengan respeto y credibilidad".
El problema de fondo está en que pesa más la ideología de los magistrados que su capacidad profesional. Pero no sólo eso.
Los acuerdos entre los 2 principales partidos ni siquiera están expuestos al debate público sino que se hacen en los aledaños del Parlamento con lo que resulta difícil creer que las sentencias emanadas de este órgano se hagan estrictamente por criterios jurídicos.
Hay que recordar que el TC no es un verdadero tribunal del poder judicial sino un órgano constitucional de control de los tres poderes, por tanto un órgano esencialmente político.
La discusión reside en si el Constitucional está legitimado o no para emitir una sentencia sobre el Estatut, dada su incapacidad manifiesta.
En este punto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha optado por defender sin ambages a los magistrados por no recaer sobre ellos la responsabilidad de renovar el órgano sino en las fuerzas políticas mayoritarias.
No obstante no sería mala solución adoptar algunas de las propuestas que se están haciendo en Cataluña como reformar la ley para que los jueces que hayan cumplido su mandato cesen de manera inmediata lo que forzaría sin ninguna duda al PSOE y en especial al PP (partido que tiene muchos intereses electorales puestos por haber sido ellos los que plantearon un recurso de inconstitucionalidad) a romper de una vez la baraja
La Euroorden: Inmadura y contradictoria
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/23/union_europea/1272023116.html
Duras críticas de la comisaria de Justicia Reding: 'La euroorden española victimiza a las maltratadas por IIª vez'
La propuesta cuenta con el beneplácito de 12 Estados miembros.Los otros 15 y la propia CE se oponen a la propuesta.
Reding dice que la orden 'es inmadura y llena de contradicciones'
Efe Bruselas viernes 23/04/2010
La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, ha lanzado unas duras críticas contra la euroorden para la protección de las mujeres maltratadas que ha presentado la Presidencia española al considerar que "no ayudará a las mujeres" que han sufrido la violencia de sus parejas.
Reding, que ya en el pasado se había mostrado contraria a la iniciativa, y que prepara su propio programa de defensa de víctimas desde la Comisión Europea, apuntó que la propuesta que España quiere aprobar antes del fin de su presidencia "victimiza por IIª vez" a las maltratadas y "sólo beneficiará a los abogados" que traten los litigios que se puedan derivar.
La euroorden prevé que las medidas de protección -como el alejamiento para los agresores- tengan validez en los 27 y por tanto acompañen a la mujer cuando se desplazan por la UE.
Apoyo suficiente
No obstante, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha logrado, pese a la oposición de la Comisión Europea, el apoyo de una mayoría suficiente de los Estados miembros para aprobar la orden europea.
Su objetivo ahora es concluir en las próximas semanas los detalles de la nueva norma y alcanzar un acuerdo político en junio, que debe ser ratificado por la Eurocámara.
La CE que ve demasiadas complicaciones técnicas para el reconocimiento de unas medidas judiciales que, según el país, adoptan distintas autoridades (penal, civil o administrativa).
En el debate público celebrado durante la reunión de ministros de Justicia de la UE, la propuesta de compromiso presentada por España -que reduce la ambición inicial de la presidencia pero abarca todas las medidas destinadas a proteger la seguridad de la víctima e impedir un delito, independientemente de que las dicte una autoridad judicial o administrativa- consiguió el apoyo de 15 Estados miembros que garantizan la mayoría cualificada necesaria para aprobarla.
Se trata en concreto de Bélgica, Italia, Francia, Portugal, Finlandia, Grecia, Suecia, Rumanía,
Bulgaria, Reino Unido, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Países Bajos y Malta.
Sólo Alemania, República Checa, Eslovenia, Austria, Letonia, Hungría, Chipre y Luxemburgo se alinearon con las tesis del Ejecutivo comunitario o expresaron reservas.
Reding apuntó que la propuesta era "inmadura y llena de contradicciones".
La comisaria aseguró que "quiere hacer algo por las víctimas" y, por ello, a principios de 2011 presentará "un proyecto grande, importante y sólido que habrá pasado por estudios de impacto, consultas públicas y que dará seguridad jurídica a las víctimas".
La comisaria apuntó que el Parlamento Europeo deberá, en todo caso, dar el visto bueno en el caso de que los 27 continúen adelante con la iniciativa impulsada por España.
"Si no se cuenta con el Parlamento Europeo, la CE, como guardiana del Tratado de Lisboa, se dirigirá al Tribunal de Justicia de la UE", advirtió Reding.
Duras críticas de la comisaria de Justicia Reding: 'La euroorden española victimiza a las maltratadas por IIª vez'
La propuesta cuenta con el beneplácito de 12 Estados miembros.Los otros 15 y la propia CE se oponen a la propuesta.
Reding dice que la orden 'es inmadura y llena de contradicciones'
Efe Bruselas viernes 23/04/2010
La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, ha lanzado unas duras críticas contra la euroorden para la protección de las mujeres maltratadas que ha presentado la Presidencia española al considerar que "no ayudará a las mujeres" que han sufrido la violencia de sus parejas.
Reding, que ya en el pasado se había mostrado contraria a la iniciativa, y que prepara su propio programa de defensa de víctimas desde la Comisión Europea, apuntó que la propuesta que España quiere aprobar antes del fin de su presidencia "victimiza por IIª vez" a las maltratadas y "sólo beneficiará a los abogados" que traten los litigios que se puedan derivar.
La euroorden prevé que las medidas de protección -como el alejamiento para los agresores- tengan validez en los 27 y por tanto acompañen a la mujer cuando se desplazan por la UE.
Apoyo suficiente
No obstante, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha logrado, pese a la oposición de la Comisión Europea, el apoyo de una mayoría suficiente de los Estados miembros para aprobar la orden europea.
Su objetivo ahora es concluir en las próximas semanas los detalles de la nueva norma y alcanzar un acuerdo político en junio, que debe ser ratificado por la Eurocámara.
La CE que ve demasiadas complicaciones técnicas para el reconocimiento de unas medidas judiciales que, según el país, adoptan distintas autoridades (penal, civil o administrativa).
En el debate público celebrado durante la reunión de ministros de Justicia de la UE, la propuesta de compromiso presentada por España -que reduce la ambición inicial de la presidencia pero abarca todas las medidas destinadas a proteger la seguridad de la víctima e impedir un delito, independientemente de que las dicte una autoridad judicial o administrativa- consiguió el apoyo de 15 Estados miembros que garantizan la mayoría cualificada necesaria para aprobarla.
Se trata en concreto de Bélgica, Italia, Francia, Portugal, Finlandia, Grecia, Suecia, Rumanía,
Bulgaria, Reino Unido, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Países Bajos y Malta.
Sólo Alemania, República Checa, Eslovenia, Austria, Letonia, Hungría, Chipre y Luxemburgo se alinearon con las tesis del Ejecutivo comunitario o expresaron reservas.
Reding apuntó que la propuesta era "inmadura y llena de contradicciones".
La comisaria aseguró que "quiere hacer algo por las víctimas" y, por ello, a principios de 2011 presentará "un proyecto grande, importante y sólido que habrá pasado por estudios de impacto, consultas públicas y que dará seguridad jurídica a las víctimas".
La comisaria apuntó que el Parlamento Europeo deberá, en todo caso, dar el visto bueno en el caso de que los 27 continúen adelante con la iniciativa impulsada por España.
"Si no se cuenta con el Parlamento Europeo, la CE, como guardiana del Tratado de Lisboa, se dirigirá al Tribunal de Justicia de la UE", advirtió Reding.
Madrid regula la Justicia Gratuita:no hay dinero para todos
23 Abril 10 - Marta Palacio http://www.larazon.es/noticia/9709-justicia-gratuita-solo-para-quien-lo-necesite
La Comunidad modifica el reglamento de la asistencia jurídica para acabar con los abusos
Justicia gratuita, sólo para quien lo necesite.
El objetivo del nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita es racionalizar el gasto y evitar el colapso de los juzgados.
A partir de verano, tendrá acceso a un abogado de oficio aquél que demuestre ingresos insuficientes.
23 Abril 10 - Marta Palacio. MADRID-
La Comunidad ha decidido poner coto a los abusos de la Justicia gratuita.
El repunte del gasto que genera este servicio regional y el colapso de los expedientes ha llevado al Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre a elaborar un decreto que modificará los requisitos para acceder a un abogado de oficio de forma gratuita.
Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que adelantó que el decreto se pondrá en marcha antes del verano.
A partir de entonces, se racionalizará la gestión actual y se hará cumplir escrupulosamente la ley que establece que tendrán derecho a la Justicia gratuita aquellos que demuestren insuficiencia de ingresos.
Y es que, actualmente, en la práctica, no se justificaba en todos los casos este hecho, lo que ha provocado un incremento exponencial del gasto destinado a esta función, que hoy supera los 50 millones de euros anuales, mientras que en 2002, cuando se reguló este servicio se presupuestó en 9 millones de euros.
De este modo, una vez entre en vigor el nuevo decreto desaparecerá la presunción de insuficiencia de ingresos por parte de los abogados.
Además, a partir de verano, será necesario que los abogados presenten siempre una acreditación en la que se especifique que recurren una resolución «por mandato expreso» del cliente.
Un permiso que hasta ahora no era necesario y que ha provocado «muchos abusos» en el sentido de que algunos abogados seguían recurriendo las causas de sus clientes (y por tanto cobrando minutas y «colapsando» la Justicia) sin su consentimiento.
Revisión de facturas
Asimismo, se requerirá, con mayor rigor, a los letrados las facturas para tramitar los pagos, con el fin de establecer un mayor control de las cantidades que destina la Comunidad.
Por último, el decreto también modificará la asistencia en los juicios rápidos, como los de Tráfico, que han aumentado exponencialmente en el último tiempo.
De tal modo, que únicamente se prestará asistencia jurídica gratuita a aquél que no tenga seguro o que de manera fehaciente certifique y pruebe que no tiene suficiencia de ingresos.
Comentarios al respecto:
francisco 23 Abril 10: Hombre, creíamos que la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita regia también para la Comunidad de Madrid. Ya vemos que no. Como siempre, van por libre.
¡ Viva la República independiente de Madrid!
La Comunidad modifica el reglamento de la asistencia jurídica para acabar con los abusos
Justicia gratuita, sólo para quien lo necesite.
El objetivo del nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita es racionalizar el gasto y evitar el colapso de los juzgados.
A partir de verano, tendrá acceso a un abogado de oficio aquél que demuestre ingresos insuficientes.
23 Abril 10 - Marta Palacio. MADRID-
La Comunidad ha decidido poner coto a los abusos de la Justicia gratuita.
El repunte del gasto que genera este servicio regional y el colapso de los expedientes ha llevado al Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre a elaborar un decreto que modificará los requisitos para acceder a un abogado de oficio de forma gratuita.
Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que adelantó que el decreto se pondrá en marcha antes del verano.
A partir de entonces, se racionalizará la gestión actual y se hará cumplir escrupulosamente la ley que establece que tendrán derecho a la Justicia gratuita aquellos que demuestren insuficiencia de ingresos.
Y es que, actualmente, en la práctica, no se justificaba en todos los casos este hecho, lo que ha provocado un incremento exponencial del gasto destinado a esta función, que hoy supera los 50 millones de euros anuales, mientras que en 2002, cuando se reguló este servicio se presupuestó en 9 millones de euros.
De este modo, una vez entre en vigor el nuevo decreto desaparecerá la presunción de insuficiencia de ingresos por parte de los abogados.
Además, a partir de verano, será necesario que los abogados presenten siempre una acreditación en la que se especifique que recurren una resolución «por mandato expreso» del cliente.
Un permiso que hasta ahora no era necesario y que ha provocado «muchos abusos» en el sentido de que algunos abogados seguían recurriendo las causas de sus clientes (y por tanto cobrando minutas y «colapsando» la Justicia) sin su consentimiento.
Revisión de facturas
Asimismo, se requerirá, con mayor rigor, a los letrados las facturas para tramitar los pagos, con el fin de establecer un mayor control de las cantidades que destina la Comunidad.
Por último, el decreto también modificará la asistencia en los juicios rápidos, como los de Tráfico, que han aumentado exponencialmente en el último tiempo.
De tal modo, que únicamente se prestará asistencia jurídica gratuita a aquél que no tenga seguro o que de manera fehaciente certifique y pruebe que no tiene suficiencia de ingresos.
Comentarios al respecto:
francisco 23 Abril 10: Hombre, creíamos que la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita regia también para la Comunidad de Madrid. Ya vemos que no. Como siempre, van por libre.
¡ Viva la República independiente de Madrid!
jueves, 22 de abril de 2010
Modificación de Medidas tras el divorcio
http://www.rupturas.es/dudas/modificaciones.htm
Modificación de medidas definitivas
Las medidas definitivas son aquellas que han sido acordadas en la sentencia de separación y/o divorcio.
Hay que tener en cuenta que estas medidas son efectivas desde el mismo momento en que la sentencia se notifica a las partes sin que la interposición de los recursos que pudieran corresponder contra la misma suspenda su ejecución.
Además, en caso de incumplimiento por alguno de los cónyuges, el otro puede instar su ejecución judicial; pues están establecidas en sentencia judicial.
Sin embargo, estas medidas que el Juez adopta podràn ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias económicas o personales existentes en el momento de su adopción.
También pueden ser modificadas por el Ministerio Fiscal, si existen menores.
Al igual que en todos los demás procedimientos, la normativa vigente contempla la posibilidad de que puedan modificarse las medidas definitivas por la vía del mutuo acuerdo.
Si existe acuerdo para llevar a cabo la modificación de las medidas definitivas se acompañará a la solicitud de modificación de medidas el oportuno convenio regulador, en el que se establecerán las modificaciones que se desean efectuar; para que sea aprobado por el Juez.
Si no existiese acuerdo, el cónyuge interesado en que se lleve a cabo la modificación deberá solicitarla mediante demanda, con la que aportara todos aquellos documentos y pruebas que acrediten el cambio de circunstancias que justifica esa modificación de medidas, e indicará en qué términos deben modificarse las medidas definitivas.
De dicha demanda se dará traslado al otro cónyuge, para que pueda contestarla.
Una vez haya sido contestada la demanda, se convocará a las partes a una vista (también al Ministerio Fiscal si existiesen hijos menores o incapacitados), en la que el Juez intentará que lleguen a un acuerdo.
Si el acuerdo no fuese posible, se practicarán las pruebas propuestas que se consideren pertinentes y, a la vista de las mismas, el Juez decidirá si procede o no la modificación de las medidas definitivas y, en caso afirmativo, establecerá las que procedan.
Finalizado el procedimiento de modificación de medidas, y si se considera por el Juez que procede la modificación solicitada, las medidas que se habían establecido en la sentencia de separación o divorcio serán sustituidas por las que se establezcan en la sentencia que pongan fin a este procedimiento de modificación de medidas, y serán las que rijan a partir de ese momento; pudiendo ser modificadas de la misma forma si se produjesen nuevos cambios respecto de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
Modificación de medidas definitivas
Las medidas definitivas son aquellas que han sido acordadas en la sentencia de separación y/o divorcio.
Hay que tener en cuenta que estas medidas son efectivas desde el mismo momento en que la sentencia se notifica a las partes sin que la interposición de los recursos que pudieran corresponder contra la misma suspenda su ejecución.
Además, en caso de incumplimiento por alguno de los cónyuges, el otro puede instar su ejecución judicial; pues están establecidas en sentencia judicial.
Sin embargo, estas medidas que el Juez adopta podràn ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias económicas o personales existentes en el momento de su adopción.
También pueden ser modificadas por el Ministerio Fiscal, si existen menores.
Al igual que en todos los demás procedimientos, la normativa vigente contempla la posibilidad de que puedan modificarse las medidas definitivas por la vía del mutuo acuerdo.
Si existe acuerdo para llevar a cabo la modificación de las medidas definitivas se acompañará a la solicitud de modificación de medidas el oportuno convenio regulador, en el que se establecerán las modificaciones que se desean efectuar; para que sea aprobado por el Juez.
Si no existiese acuerdo, el cónyuge interesado en que se lleve a cabo la modificación deberá solicitarla mediante demanda, con la que aportara todos aquellos documentos y pruebas que acrediten el cambio de circunstancias que justifica esa modificación de medidas, e indicará en qué términos deben modificarse las medidas definitivas.
De dicha demanda se dará traslado al otro cónyuge, para que pueda contestarla.
Una vez haya sido contestada la demanda, se convocará a las partes a una vista (también al Ministerio Fiscal si existiesen hijos menores o incapacitados), en la que el Juez intentará que lleguen a un acuerdo.
Si el acuerdo no fuese posible, se practicarán las pruebas propuestas que se consideren pertinentes y, a la vista de las mismas, el Juez decidirá si procede o no la modificación de las medidas definitivas y, en caso afirmativo, establecerá las que procedan.
Finalizado el procedimiento de modificación de medidas, y si se considera por el Juez que procede la modificación solicitada, las medidas que se habían establecido en la sentencia de separación o divorcio serán sustituidas por las que se establezcan en la sentencia que pongan fin a este procedimiento de modificación de medidas, y serán las que rijan a partir de ese momento; pudiendo ser modificadas de la misma forma si se produjesen nuevos cambios respecto de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
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