La Justicia, cada vez más cuestionada

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La Justicia, cada vez más cuestionada

Aunque son 2 casos bien distintos, el Estatut de Cataluña y la causa abierta contra Garzón han situado al mundo de la judicatura en el foco de la opinión pública.
La adscripción ideológica de los jueces parece pesar más que su competencia profesional teledirigidos por una clase política que prima el peso de las mayorías parlamentarias y las componendas de los 2 principales partidos sobre el reparto de cuotas en el TC.

NUEVATRIBUNA.ES 21.04.2010
El Estatut de Cataluña va camino de generar una crisis institucional sin precedentes por el bloqueo sine die del Tribunal Constitucional para emitir una sentencia.
La polémica ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de cambiar las reglas de juego en pleno partido tal y como están exigiendo las fuerzas políticas catalanas con el president José Montilla a la cabeza.
El debate servirá también para calentar el clima preelectoral catalán cara a la próxima cita con las urnas pero el asunto ha llegado a un enquistamiento que parece de difícil solución.

Coincidiendo en el tiempo con el caso Garzón por la causa abierta contra el franquismo, el Estatut añade un eslabón más a la cadena de despropósitos jurídicos.
La división de poderes y la propia independencia judicial están gravemente cuestionados a ojos de la opinión pública que ve cómo pesan más las adscripciones ideológicas de los magistrados que su competencia profesional.

En el origen de este mal, el poder legislativo y las mayorías parlamentarias tienen mucho que decir, sin contar con las componendas de los 2 principales partidos (PSOE y PP) para repartirse las cuotas de representación en un tribunal, el Constitucional, que precisamente es el órgano encargado de interpretar las leyes que salen del Parlamento.

Como ya planteara CiU en 2004 en su propuesta de modificación de la Ley Orgánica del TC, España está sufriendo las consecuencias de lo que en Italia se conoce con el término lottizzazione o reparto de poder.
El artículo 159 de la Constitución fija el sistema de elección y composición del Constitucional.
2 magistrados nombrados por el Rey a propuesta del Gobierno; 8 de origen parlamentario -4 por el Congreso y 4 por el Senado, por una mayoría de 3/5 partes, que da lugar a un sistema de reparto proporcional al peso de los partidos mayoritarios- y 2 magistrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Tal protagonismo del poder político sobre el poder judicial ha impedido hasta el momento proceder a la renovación de los miembros del TC que han superado su mandato con un bloqueo que de prolongarse supondrá que a finales de 2010, 8 de los 12 jueces del Alto Tribunal se encuentren en situación de interinidad.

Resulta contraproducente que el PP, que pretende abanderar la independencia judicial en su defensa pública del Supremo por el procesamiento a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, siga poniendo trabas a la renovación del TC escudándose en que fueron el Gobierno y el PSOE los que no aceptaron la lista de candidatos propuesta por el principal partido de la oposición, resultando así beneficiado por la actual correlación de fuerzas en el Constitucional que debe dirimir sobre el recurso interpuesto contra el Estatut.

Han pasado casi 4 años desde que se presentara dicho recurso y 5 intentos por sacar adelante una sentencia que sigue sin llegar poniendo en pie de guerra a las fuerzas políticas catalanas y abriendo una brecha entre el PSC y el PSOE.
Montilla está dispuesto a consensuar con todos los partidos representados en el Parlament una resolución que será debatida y votada en el pleno de la próxima semana para renovar el Alto Tribunal de manera inmediata.

En Madrid, tanto CiU como ERC pujan por reformas legislativas que impidan entre otras cosas que el TC pueda pronunciarse sobre estatutos refrendados por la ciudadanía.
Y es que, como ha dicho el presidente de Convergencia i Unió, Artur Mas, lo que se está produciendo es un “choque de legitimidades”.
Por su parte, el PP, retoma su idea del recurso previo para evitar situaciones similares.

La lottizzazione a la que hemos hecho referencia (siguiendo el modelo italiano) obliga a PSOE y PP a ponerse de acuerdo para la renovación de los miembros del Constitucional y conduce a un excesivo partidismo de la justicia española cuando “lo deseable” a juicio de Montilla es que “los magistrados no sean elegidos por cuotas, sino por capacidad, trayectoria y competencia, para que tengan respeto y credibilidad".

El problema de fondo está en que pesa más la ideología de los magistrados que su capacidad profesional. Pero no sólo eso.
Los acuerdos entre los 2 principales partidos ni siquiera están expuestos al debate público sino que se hacen en los aledaños del Parlamento con lo que resulta difícil creer que las sentencias emanadas de este órgano se hagan estrictamente por criterios jurídicos.

Hay que recordar que el TC no es un verdadero tribunal del poder judicial sino un órgano constitucional de control de los tres poderes, por tanto un órgano esencialmente político.
La discusión reside en si el Constitucional está legitimado o no para emitir una sentencia sobre el Estatut, dada su incapacidad manifiesta.
En este punto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha optado por defender sin ambages a los magistrados por no recaer sobre ellos la responsabilidad de renovar el órgano sino en las fuerzas políticas mayoritarias.

No obstante no sería mala solución adoptar algunas de las propuestas que se están haciendo en Cataluña como reformar la ley para que los jueces que hayan cumplido su mandato cesen de manera inmediata lo que forzaría sin ninguna duda al PSOE y en especial al PP (partido que tiene muchos intereses electorales puestos por haber sido ellos los que plantearon un recurso de inconstitucionalidad) a romper de una vez la baraja