El número total de denuncias aumentó un 6,36% respecto al año pasado.
César Martín, 29/06/2026
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este lunes el informe estadístico del 1º trimestre de 2026 sobre la actividad de los juzgados especializados en violencia de género. Los datos ofrecen una radiografía sobre el funcionamiento del sistema judicial: el 57,44% de las denuncias tramitadas concluyeron sin una condena para el investigado, ya sea porque fueron declarados 'no culpables' o por sobreseimiento provisional.
Sin embargo, la cifra de denuncias puestas en los órganos judiciales por violencia de género ascendió a 50.911, un 6,36 % más que el 1º trimestre del curso anterior. En el periodo analizado, se registraron 45.220 mujeres víctimas, por lo que la cifra también aumentó un 3,75% respecto a hace un año. El 11,8% de ellas se acogen a la dispensa del deber de declarar, de ahí los casos archivados por sobreseimiento provisional ante la falta de pruebas.
Además, los órganos judiciales dictaron un total de 7.417 órdenes de protección. El índice de aprobación varió según el tipo de juzgado: las secciones especializadas adoptaron el 67% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron el 76% de las peticiones formuladas. En lo que respecta de forma exclusiva a las competencias en materia de violencia sexual, los órganos judiciales registraron 3.451 denuncias. Ante estas situaciones, los magistrados acordaron la adopción de 411 órdenes de protección, lo que supuso la validación del 72% de todas las solicitudes urgentes de amparo recibidas.
De acuerdo con el balance judicial, de las más de 50.000 denuncias que ingresaron en el sistema entre enero y marzo, una clara mayoría de los acusados salieron indemnes. Sin embargo, las razones jurídicas detrás de este porcentaje son distintas y obligan a matizar la estadística.
El laberinto de la falta de pruebas: el sobreseimiento provisional
El grueso de ese 57% que no acabaron en condena se concentra en la fase de instrucción. Un total de 18.347 asuntos (el 38,22%) terminaron en sobreseimiento provisional. Esto no significa necesariamente que el juez certifique la inexistencia de maltrato, sino que se constata una ausencia de prueba de cargo suficiente para sostener la acusación en un juicio oral.
Los datos del Poder Judicial señalan que este bloqueo técnico está directamente relacionado con otra cifra clave del informe: el 11,8% de las mujeres víctimas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar contra su cónyuge o expareja. Sin el testimonio de la denunciante, y a falta de testigos directos, partes médicos de lesiones o grabaciones, los jueces se ven obligados legalmente a archivar de forma provisional la causa, la cual puede reabrirse si aparecen nuevos indicios en el futuro.
A esta cifra se suman 8.179 asuntos que acabaron en sobreseimiento libre (archivo definitivo), donde el magistrado sí determina de forma fija que el hecho no existió o no constituye delito.
Absoluciones tras el banquillo y la tasa de condena
Por otra parte, en aquellos casos que sí acumularon indicios sólidos para sentar al investigado en el banquillo de los acusados, las sentencias absolutorias representaron el 18,22% del total (2.819 fallos), repartidas mayoritariamente en los Juzgados de lo Penal. En estos supuestos, los procesados mantuvieron intacta su presunción de inocencia al dictaminar el tribunal penal que no existía culpabilidad probada.
En el lado opuesto de la balanza, el 42,56% restante de los procedimientos sí prosperaron con éxito. En total, el sistema judicial penal logró dictar 12.655 sentencias condenatorias firmes durante el trimestre, lo que consolida un alto índice de castigo en aquellos expedientes que consiguen superar la fase de investigación inicial y llegan a juicio con pruebas sólidas.
El perfil sociológico de los condenados
El informe de la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género introduce también un dato esclarecedor respecto al perfil de los condenados con sentencia firme: el 37,70% de los hombres condenados en el trimestre (4.771 personas) eran de nacionalidad extranjera, frente a un 62,30% de nacionalidad española.
Este porcentaje - que roza el 41% cuando se analizan exclusivamente los delitos más graves en las Audiencias Provinciales - vuelve a situar el foco en el debate social y político sobre la integración, los recursos de prevención en entornos migrantes y los flujos demográficos en el país.
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