(EFE), Madrid, 15 Diciembre, 2017.-
2017 acaba, como los anteriores, con malas noticias para la lucha contra la violencia machista, con cerca de medio centenar de mujeres asesinadas y un récord de ocho menores muertos, aunque trae consigo el hecho esperanzador de que al fin se ha llegado al ansiado Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Tras años de reivindicaciones por parte de organizaciones de mujeres y víctimas de maltrato, el Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado mes de septiembre al Pacto de Estado contra la Violencia Machista con el apoyo de todos los grupos menos Unidos-Podemos y EH Bildu que se abstuvieron.
El pacto, 1º de la legislatura, incluye 213 medidas y estará definitivamente sellado antes de que acabe el año, según aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Con este pacto, que cuenta para su desarrollo con un presupuesto de 1.000 millones de euros en 5 años, la definición de violencia de género se amplía y ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul.
Es decir, además de la física, psicológica y sexual, incluye la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto y la esterilización forzada.
En un año marcado por el asesinato de 8 menores a manos de las parejas o exparejas de sus madres -la cifra más alta desde que existen las estadísticas- el Pacto establece también que las madres de estos niños sean consideradas víctimas de violencia machista.
La concepción ampliada del concepto de violencia contra la mujer que incluye el pacto, más allá de la ejercida por parejas y exparejas, resulta especialmente oportuna en un año que termina con casos como el juicio contra "la manada" en Pamplona por una presunta violación múltiple en los sanfermines de 2016 o el más reciente de los abusos a una menor en Aranda de Duero (Valladolid) por parte de 3 jugadores del equipo de fútbol local (...).
Entre las medidas que contempla el plan -la mayoría son preventivas y judiciales- está la supresión del atenuante de confesión, un plan de acompañamiento judicial personalizado a la víctima o no considerar únicamente como delito leve las injurias y calumnias a través de las redes sociales.
Incluye libertad vigilada sobre el maltratador en los momentos en que la víctima está más desprotegida, como cuando se dicta sentencia condenatoria y aún no se ha ejecutado dicha sentencia.
El pacto contempla también que la custodia compartida en ningún caso se imponga en estos casos e introducir en las escuelas contenidos para la prevención (...).
Además están la de mejorar la detección precoz de los casos en los centros sanitarios, y la situación de las mujeres víctimas sin empleo.
Todo ello con el objetivo de eliminar o al menos rebajar las cifras de víctimas de este tipo de violencia, porque 2017 acaba con 46 muertas, 2 más que el año anterior, 9 de ellas habían presentado denuncia y 5 tenían medidas de protección en vigor; hay, además, otros 3 casos que se encuentran en investigación.
La violencia machista ha dejado también a 23 menores huérfanos, 3 menos que en 2016.
En cuanto a los huérfanos, el Pacto establece la retroactividad en las pensiones que perciben los hijos de víctimas de violencia machista para que lleguen a todos los menores afectados y no sólo los contabilizados desde 2013, 1º año en el que fueron reconocidos como víctimas.
Desde que existen las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2003, la violencia machista se ha llevado por delante la vida de 918 mujeres, la última el pasado 30 de noviembre en Guadassuar (Valencia), donde una mujer de 53 años y nacionalidad rumana falleció a causa de un ataque al corazón después de recibir una paliza a manos de su pareja.
En cuanto al número de denuncias, las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan un aumento del 18 % en el 2º trimestre de este año, de un 4 % el de las concesiones de órdenes de alejamiento y de un 3 % el de las condenas de los maltratadores respecto al mismo periodo de 2016.
El Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (Atenpro), que consiste en la entrega de un dispositivo móvil que permite a las afectadas contactar en cualquier momento con un centro atendido por personal especializado, tenía hasta el pasado 30 de septiembre 12.360 usuarias, un 10 % más que el año pasado.
Por el contrario, ha bajado el número de llamadas al 016, el servicio telefónico de atención a víctimas de malos tratos: en los 1ºs 9 meses del año ha recibido 60.531, frente a las 65.787 que hubo en los 1ºs 9 meses del año pasado.
Por su parte, el programa VioGén, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género que ha cumplido 10 años, tiene incluidos 478.671 casos, 55.319 de ellos activos, de los cuales, 10 son de riesgo máximo, 175 medio, y 4.566, bajo.
Tras años de reivindicaciones por parte de organizaciones de mujeres y víctimas de maltrato, el Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado mes de septiembre al Pacto de Estado contra la Violencia Machista con el apoyo de todos los grupos menos Unidos-Podemos y EH Bildu que se abstuvieron.
El pacto, 1º de la legislatura, incluye 213 medidas y estará definitivamente sellado antes de que acabe el año, según aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Con este pacto, que cuenta para su desarrollo con un presupuesto de 1.000 millones de euros en 5 años, la definición de violencia de género se amplía y ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul.
Es decir, además de la física, psicológica y sexual, incluye la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto y la esterilización forzada.
En un año marcado por el asesinato de 8 menores a manos de las parejas o exparejas de sus madres -la cifra más alta desde que existen las estadísticas- el Pacto establece también que las madres de estos niños sean consideradas víctimas de violencia machista.
La concepción ampliada del concepto de violencia contra la mujer que incluye el pacto, más allá de la ejercida por parejas y exparejas, resulta especialmente oportuna en un año que termina con casos como el juicio contra "la manada" en Pamplona por una presunta violación múltiple en los sanfermines de 2016 o el más reciente de los abusos a una menor en Aranda de Duero (Valladolid) por parte de 3 jugadores del equipo de fútbol local (...).
Entre las medidas que contempla el plan -la mayoría son preventivas y judiciales- está la supresión del atenuante de confesión, un plan de acompañamiento judicial personalizado a la víctima o no considerar únicamente como delito leve las injurias y calumnias a través de las redes sociales.
Incluye libertad vigilada sobre el maltratador en los momentos en que la víctima está más desprotegida, como cuando se dicta sentencia condenatoria y aún no se ha ejecutado dicha sentencia.
El pacto contempla también que la custodia compartida en ningún caso se imponga en estos casos e introducir en las escuelas contenidos para la prevención (...).
Además están la de mejorar la detección precoz de los casos en los centros sanitarios, y la situación de las mujeres víctimas sin empleo.
Todo ello con el objetivo de eliminar o al menos rebajar las cifras de víctimas de este tipo de violencia, porque 2017 acaba con 46 muertas, 2 más que el año anterior, 9 de ellas habían presentado denuncia y 5 tenían medidas de protección en vigor; hay, además, otros 3 casos que se encuentran en investigación.
La violencia machista ha dejado también a 23 menores huérfanos, 3 menos que en 2016.
En cuanto a los huérfanos, el Pacto establece la retroactividad en las pensiones que perciben los hijos de víctimas de violencia machista para que lleguen a todos los menores afectados y no sólo los contabilizados desde 2013, 1º año en el que fueron reconocidos como víctimas.
Desde que existen las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2003, la violencia machista se ha llevado por delante la vida de 918 mujeres, la última el pasado 30 de noviembre en Guadassuar (Valencia), donde una mujer de 53 años y nacionalidad rumana falleció a causa de un ataque al corazón después de recibir una paliza a manos de su pareja.
En cuanto al número de denuncias, las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan un aumento del 18 % en el 2º trimestre de este año, de un 4 % el de las concesiones de órdenes de alejamiento y de un 3 % el de las condenas de los maltratadores respecto al mismo periodo de 2016.
El Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (Atenpro), que consiste en la entrega de un dispositivo móvil que permite a las afectadas contactar en cualquier momento con un centro atendido por personal especializado, tenía hasta el pasado 30 de septiembre 12.360 usuarias, un 10 % más que el año pasado.
Por el contrario, ha bajado el número de llamadas al 016, el servicio telefónico de atención a víctimas de malos tratos: en los 1ºs 9 meses del año ha recibido 60.531, frente a las 65.787 que hubo en los 1ºs 9 meses del año pasado.
Por su parte, el programa VioGén, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género que ha cumplido 10 años, tiene incluidos 478.671 casos, 55.319 de ellos activos, de los cuales, 10 son de riesgo máximo, 175 medio, y 4.566, bajo.
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