El Gobierno de Cifuentes se persona por 1ª vez en un caso de
asesinato por violencia machista tras 72 asesinatos pese a que la norma
autonómica obliga a ello desde 2005
Fuentes de la Comunidad apelan a una doctrina del Constitucional que cambió a partir de 2006 para justificar su modo de actuar durante una década.
La personación es "una doble defensa jurídica" que aumenta las posibilidades de "una mayor condena o indemnización por responsabilidad civil", afirma N.G.L, abogada de la plataforma Generando Red
Fuentes de la Comunidad apelan a una doctrina del Constitucional que cambió a partir de 2006 para justificar su modo de actuar durante una década.
La personación es "una doble defensa jurídica" que aumenta las posibilidades de "una mayor condena o indemnización por responsabilidad civil", afirma N.G.L, abogada de la plataforma Generando Red
Han hecho falta 72 asesinatos por violencia
machista para que la Comunidad de Madrid se persone como acusación
popular en 1 caso de violencia de género, tal y como prevé la ley
autonómica.
El Gobierno de Cristina Cifuentes rompe con una década de
incumplimiento de la Ley Integral de la Comunidad de Madrid,
de diciembre de 2005, al ejercer la acción popular en el procedimiento
judicial de Mariana Carmen Radú, asesinada por su pareja el pasado 4 de
enero en Madrid. La mujer, que había denunciado, se convirtió en el
1º caso de violencia de género ocurrido en 2016 y el único en lo que
va de año en la región.
La norma regional establece
que el Ejecutivo "ejercerá la acción popular en los procedimientos
penales por causa de muerte, lesiones graves o mutilación genital de la
víctima, en la forma y condiciones establecidas por la legislación
procesal" en casos de violencia de género. Además, dictamina que "en los
casos en que proceda, se personará en los procedimientos penales
instados por tales causas en calidad de parte perjudicada civilmente,
conforme a lo establecido en el art. 110 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal".
73 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o
exparejas de 2006 a 2015, según las estadísticas oficiales recogidas por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sin embargo,
los anteriores presidentes de la comunidad, Esperanza Aguirre e Ignacio
González, no se personaron como acusación popular en ninguno de ellos.
Tampoco lo ha hecho Cifuentes en los 3 casos ocurridos desde que se
colocó al frente del Ejecutivo regional en junio de 2015.
La justificación de la Comunidad
Desde el Gobierno apelan a la doctrina del Constitucional para
justificar su modo de actuar. "En enero de 2005 se inadmitió una
personación de la Administración Regional debido a que el TC, a través
de sus sentencias, impedía que la Administración Pública pudiera
hacerlo", explican fuentes de la Consejería de Servicios Sociales.
Pero a partir de 2006, según admiten las mismas fuentes, esa
jurisprudencia cambió –concretamente a partir de un auto en Valencia– "y
ahora se admite la personación de una Administración Pública siempre
que se cuente con habilitación legal para hacerlo". Es el caso de la
Comunidad de Madrid, cuya legislación autonómica obliga expresamente a
ejercer la acción popular en sus art. 29 y 30.
Durante todos estos años, justifica el Gobierno regional, sí se personó
en los casos la Abogacía del Estado. "Las víctimas no han estado
desprotegidas en los juicios nunca", defienden.
19 años más tarde, la Comunidad de Madrid vuelve a personarse como parte de una medida contemplada en la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 2016-2021.
En el documento especifica que la personación se llevará a cabo "en los
casos que así proceda" y continúa, "especialmente en causas de muerte o
lesiones graves". Además, precisa, lo hará "a través de sus Servicios
Jurídicos y a solicitud de la Dirección General de la Mujer".
La situación había sido denunciada en varias ocasiones por activistas y
profesionales que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género.
Es el caso del colectivo Generando Red, que el pasado mes de noviembre elaboró un informe en el que evaluaba los diez años de
aplicación de la ley en la Comunidad de Madrid. En él ya alertaban de
que el Ejecutivo no se había personado en ninguno de los asesinatos, lo
que calificaban como "un claro ejemplo de desinterés y falta de voluntad
política".
Según explica N.G.L, abogada de la
plataforma, la personación de la Administración supone "una doble
defensa jurídica" y aumenta las posibilidades "de pedir pruebas,
presentar documentación y acompañar a la víctima". De este modo, la
condena o la indemnización por responsabilidad civil derivada del delito
podrá ser mayor. "Es fundamental porque implica que hay una voluntad
política de defender a las víctimas. Lo grave es que están diciendo que
defienden a las mujeres y en la práctica no lo están haciendo",
denuncia.
Por otro lado, afirma N.G.L, es "una forma
de depurar responsabilidades". La abogada se refiere a aquellos casos
en los que las víctimas habían denunciado o tenían orden de protección
en vigor. De las asesinadas en la Comunidad de Madrid estos 10 últimos
años, 16 habían acudido a los juzgados o la Policía y 4 de ellas
contaban con una orden, sin embargo, afirma la experta, "algo falla
cuando alguno de los agentes no las protegió, algo que la Administración
debe analizar".
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