El Gobierno
regional ha recibido más de 46.000 solicitudes frente a las 20.000
previstas.
En octubre
los beneficiarios definitivos cobrarán en un solo pago 2.000 euros de 10
meses.
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Raquel Díaz Guijarro| EFE |Madrid|03-09-2015
La ayuda al alquiler que anunció
la Comunidad de Madrid para las familias con menos ingresos comenzará a ser una
realidad en octubre. Después de 7 meses desde que se cerrara por 1ª vez
el plazo para solicitar esta subvención de 200 euros mensuales (2.400
euros al año), fuentes del Ejecutivo que dirige Cristina Cifuentes
confirmaron ayer que una vez concluido el plazo de alegaciones (el pasado 31 de
agosto), ya solo resta verificar quiénes serán los beneficiarios definitivos de
esta ayuda entre las 46.076 solicitudes recibidas.
Para poder tener acceso al cobro de
esos 200 euros mensuales, los solicitantes deben tener en vigor un contrato
sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), no residir en una
vivienda de titularidad de las Administraciones Públicas (o entidades
dependientes), contar con residencia legal en España y carecer de cualquier
otro inmueble en propiedad.
En cuanto a la
renta, la unidad familiar o de convivencia, o lo que es lo mismo,
todas las personas que residan en el inmueble alquilado, deberán contar con
unos ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM ponderado. Esto quiere
decir que no podrán sumar rentas de más de 26.092 euros anuales y que esta
cifra variará ligeramente en función del número de personas que componga el
hogar.
Pese a lo estricto de los requisitos,
fuentes oficiales reconocen que se trata de una auténtica avalancha con la que no
contaban, ya que las previsiones iniciales estimaban recibir unas 20.000
peticiones. Además, el anterior equipo de Gobierno regional, que fue quien
anunció la puesta en marcha de la iniciativa, presupuestó para ella 10
millones de euros este año, cifra que dividida entre los 2.400 euros
anuales que supone la ayuda para cada hogar da como resultado que solo se
podrá subvencionar a 4.166 familias que residan en alquiler.
Esta cantidad supone menos del 10% del
total de solicitudes presentadas, lo que a priori supone un gravísimo problema
para los responsables de Vivienda en la región. No obstante, una de las
sorpresas que ha deparado el análisis de esas más de 46.000 peticiones
tramitadas es que solo aproximadamente el 15% de las mismas,
unas 6.900, cumplen con los requisitos de ingresos exigidos. “El resto es gente
que sobrepasa esos umbrales de renta”, aclaran las mismas fuentes.
Más de 2.700
hogares sin subvención
No obstante, de esos 6.900
potenciales beneficiarios de la ayuda por cumplir todos los requisitos, el
Gobierno regional confirmó ayer que este año solo cobrarán los 200 euros
mensuales 4.166 familias, lo que dejará fuera a más de 2.700 hogares, casi un
40% del total que supuestamente más lo necesita.
Además, la norma por la que se rige
este nuevo plan de ayudas establece que éstas serán incompatibles con cualquier
otra subvención al alquiler o reducciones de renta (salvo complemento para
el pago del alquiler para los beneficiarios de una pensión no contributiva por
invalidez o jubilación). Conviene recordar que el Ministerio de Fomento
ha puesto en marcha también sus propias ayudas al alquiler que en Madrid no
podrán cobrarse por ahora, ya que se da la circunstancia de que es la única
región que todavía no ha suscrito el convenio de colaboración con Fomento
para poder desarrollar plenamente el plan cuatrienal de vivienda. Todo un
fiasco teniendo en cuenta que Madrid concentra buena parte de la demanda de
alquiler de todo el país.
Para este año el equipo de Cifuentes
ya ha decidido que no existen más opciones que dejar fuera a esas familias y
conceder solo 4.166 ayudas siguiendo el criterio de renta (dentro de la
horquilla marcada, cuantos menos ingresos, más posibilidades de recibir la
subvención). Por ello, en octubre los beneficiarios definitivos recibirán un
pago único de 2.000 euros de la subvención correspondiente a los 10 meses
de este año y en noviembre y diciembre percibirán los 400 euros restantes.
Para el próximo año, fuentes de la
Consejería de Vivienda admiten que están estudiando rebajar la cuantía de la
ayuda hasta 150 euros para tratar de llegar a todas las familias con
menores ingresos. Además, quienes consigan cobrar la subvención este ejercicio,
deberán renovar su derecho en 2016, por si hubiesen cambiado sus
condiciones económicas.
España es uno de los países del mundo
con mayor brecha entre los hogares que residen en régimen de alquiler y
aquellos que son propietarios de su casa. Las últimas cifras del Banco de
España constatan que el 78% de las viviendas principales son propiedad de sus
moradores, mientras solo el 14,9% de los hogares opta por residir en régimen de
arrendamiento.
Dentro de Europa, el marco con el que
debe compararse España, se trata de una situación bastante anómala. En
Alemania, por ejemplo, hay mayor porcentaje de inquilinos, casi un 60%, que de
propietarios. No en vano, la media del alquiler en el Viejo Continente supera
el 30%, el doble que en el caso español.
Pero lo cierto es que no siempre fue
así. Hasta mediados del siglo pasado, en España también existía una larga
tradición por vivir de alquiler, sobre todo en las zonas urbanas y por parte de
los jóvenes cuando comenzaban su andadura en el mercado laboral, lo que propició
una temprana edad de emancipación. Sin embargo, las políticas puestas en marcha
por el franquismo 1º y los gobiernos democráticos después, basadas en
numerosos incentivos fiscales a la compra, y espoleadas por la entrada de
España en el euro desincentivaron el arrendamiento y dieron paso a la situación
actual. Además, ni siquiera se fomentó el arrendamiento como herramienta
dinamizadora del mercado laboral. Así, mientras en los países nórdicos existen
amplios parques de vivienda social con alquileres baratos de titularidad
pública, de los que suelen beneficiarse los jóvenes y las familias con menos
recursos; en España no existe nada que siquiera pueda parecerse. Tanto el PSOE
como el PP apostaron por incentivar al promotor y al comprador de las llamadas
viviendas de protección oficial (VPO) y se olvidaron del arrendamiento.
Ahora, el equipo de Ana Pastor ha
decidido poner fin a esas actuaciones y ya solo se podrán destinar fondos del
presupuesto estatal a impulsar la rehabilitación de viviendas y el alquiler,
pero aún restan muchos años para poder ver los resultados de estas nuevas
políticas.
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