La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha decidido retirar el último cartel de su campaña debido a las críticas suscitadas.
Camila Pujalví, 26.07.2023
La reciente campaña lanzada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha generado polémica al hacer alarde de los logros de España en materia de igualdad y contabilización de feminicidios.
Sin embargo, esta estrategia publicitaria ha sido duramente criticada, ya que en ningún caso la violencia de género y los feminicidios deberían ser motivo de orgullo. Los ciudadanos han expresado su indignación ante un enfoque que minimiza la gravedad de un problema social doloroso para tantas víctimas y sus familias.
La campaña en cuestión ha sido objeto de cuestionamientos debido al alto coste de su ejecución. Según se informó, el presupuesto de la misma superó los 1.100.000 € con IVA, y fue adjudicada a OGILVY & MATHER.
Datos revelados por RAD en su perfil de Twitter señalan que el monto citado corresponde solo al precio de la creatividad, mientras que el contrato total de inserción de la publicidad en diversos medios (cine, televisión, radio, buses, entre otros) asciende a la impresionante suma de 4,5 millones de €.
La campaña en cuestión ha sido objeto de cuestionamientos debido al alto coste de su ejecución. Según se informó, el presupuesto de la misma superó los 1.100.000 € con IVA, y fue adjudicada a OGILVY & MATHER.
Datos revelados por RAD en su perfil de Twitter señalan que el monto citado corresponde solo al precio de la creatividad, mientras que el contrato total de inserción de la publicidad en diversos medios (cine, televisión, radio, buses, entre otros) asciende a la impresionante suma de 4,5 millones de €.
Estos elevados costos han generado inquietud entre la opinión pública, cuestionando la asignación de tal presupuesto para una campaña de este tipo.
El debate en torno al presupuesto asignado a la campaña contra la violencia de género destaca la importancia de la gestión de recursos en el marco de la lucha contra esta problemática social. Mientras tanto, se espera que el Ministerio brinde mayor claridad sobre la justificación de estos gastos y su impacto en la prevención y atención a las víctimas.
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