Una asociación denuncia la norma ante la Comisión por reservar el escudo fiscal dispuesto a favor de los huérfanos a los de «mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer»
Entiende que supone «una grave discriminación fiscal, por razón de sexo, hacia los hijos de hombres asesinados por sus mujeres».
BRUNO PÉREZ, Madrid, 18/03/2023
Desde hace poco menos de 1 año los hijos de las mujeres asesinadas en casos de violencia de género disponen de un escudo fiscal que les exime del pago de casi cualquier obligación tributaria derivada de la herencia de los bienes y activos que les corresponden por tan dramáticas circunstancias. Este nuevo beneficio fiscal, incluido en la Ley Orgánica de Mejora de la Protección de las Personas Huérfanas Víctimas de la Violencia de Género impulsada por el Grupo Socialista y aprobada de forma definitiva en marzo de 2022, buscaba resolver el problema generado por el cobro en forma de bienes -muchas veces inmobiliarios- de las indemnizaciones legales que les corresponden a los herederos, lo que, según el Grupo Socialista, impulsor de la norma, suponía «una importante carga económica para estos (los herederos), que puede incluso impedir la liquidación de la indemnización, al no poder instrumentarse de este modo», principalmente por la obligación de pagar la Plusvalía Municipal.
El asunto es que a la hora de regular la cuestión el PSOE optó por una redacción que reservaba el beneficio fiscal a los hijos de «las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer», de modo que sobre el papel dejaba fuera las situaciones de orfandad generadas por asesinatos de hombres a manos de mujeres. El grupo parlamentario de Vox intentó corregir esa limitación en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del Grupo Socialista tanto en el Congreso como en el Senado sin conseguir nada en ninguno de los casos.
Denuncia en Bruselas
Ahora, ha sido la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis) la que ha decidido tomar cartas en el asunto y denunciar ante la Comisión Europea lo que consideran como «una grave anomalía en las leyes españolas, con una clara y alevosa discriminación de los hijos de padres asesinados por mujeres».
«Tras esta clase de crímenes los hijos, menores o no menores, quedan en una situación de especial vulnerabilidad», explica a ABC Juan Carlos Valverde, presidente de Fencis.
«Y esta situación es exactamente la misma con independencia de que la víctima sea el padre o la madre», subraya.
La carta remitida a Bruselas, que pide amparo para proteger de forma igualitaria a todos los afectados, recuerda que 22 hombres fueron asesinados por mujeres que eran su pareja o ex pareja entre 2016 y 2018 (fueron 151 mujeres en ese periodo) y que en una extrapolación básica el régimen fiscal denunciado habría dejado sin protección a unos 16 menores.
Un estudio del Registro de Asesores Fiscales concluye que los contribuyentes en los tramos más altos de renta se ahorrarán 189 € en el impuesto al desgravarse la subida de sus cotizaciones sociales.
La denuncia contra el Reino de España por esta situación interpuesta por Fencis insta a la Comisión Europea a «investigar y depurar las infracciones correspondientes» por «vulnerar los derechos fundamentales» a la igualdad y la no discriminación que consagra la Constitución.
Al margen de la denuncia remitida a la Comisión por vulneración de derechos constitucionales y reconocidos en los tratados, la federación se ha puesto en contacto con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para solicitarle amparo. La carta remitida a la Comisión recuerda que Reynders ha manifestado que «todos los niños de la UE tienen derecho a la misma protección y acceso a servicios clave, independientemente de su origen» y que «sin embargo, 1 de cada 3 niños de la UE ha sufrido algún tipo de trato diferenciado.»
La carta remitida a Bruselas, que pide amparo para proteger de forma igualitaria a todos los afectados, recuerda que 22 hombres fueron asesinados por mujeres que eran su pareja o ex pareja entre 2016 y 2018 (fueron 151 mujeres en ese periodo) y que en una extrapolación básica el régimen fiscal denunciado habría dejado sin protección a unos 16 menores.
Un estudio del Registro de Asesores Fiscales concluye que los contribuyentes en los tramos más altos de renta se ahorrarán 189 € en el impuesto al desgravarse la subida de sus cotizaciones sociales.
La denuncia contra el Reino de España por esta situación interpuesta por Fencis insta a la Comisión Europea a «investigar y depurar las infracciones correspondientes» por «vulnerar los derechos fundamentales» a la igualdad y la no discriminación que consagra la Constitución.
Al margen de la denuncia remitida a la Comisión por vulneración de derechos constitucionales y reconocidos en los tratados, la federación se ha puesto en contacto con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para solicitarle amparo. La carta remitida a la Comisión recuerda que Reynders ha manifestado que «todos los niños de la UE tienen derecho a la misma protección y acceso a servicios clave, independientemente de su origen» y que «sin embargo, 1 de cada 3 niños de la UE ha sufrido algún tipo de trato diferenciado.»
Según la asociación esto está ocurriendo en España con los beneficios fiscales a los huérfanos por violencia de género.
«Lo que se reclama, es una intervención justa, racional y de escasa repercusión económica para las arcas municipales», insiste Valverde, que subraya el desconocimiento generalizado que en los ayuntamientos existe de este beneficio fiscal que podría no estar aplicándose por pura ignorancia.
La norma prevé la exención fiscal del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, del de actos jurídicos documentos y de la plusvalía municipal en estos casos, pero desde la asociación se solicita igualmente que se extienda al Impuesto de Sucesiones para evitar cualquier carga fiscal a los afectados por este tipo de situaciones. La ley de violencia de género discrimina a los hijos de hombres asesinados.
«Lo que se reclama, es una intervención justa, racional y de escasa repercusión económica para las arcas municipales», insiste Valverde, que subraya el desconocimiento generalizado que en los ayuntamientos existe de este beneficio fiscal que podría no estar aplicándose por pura ignorancia.
La norma prevé la exención fiscal del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, del de actos jurídicos documentos y de la plusvalía municipal en estos casos, pero desde la asociación se solicita igualmente que se extienda al Impuesto de Sucesiones para evitar cualquier carga fiscal a los afectados por este tipo de situaciones. La ley de violencia de género discrimina a los hijos de hombres asesinados.
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