Pensiones: Crisis económica y modificación de medidas

La crisis duplica en 6 años el nº de padres que piden rebajas en la pensión alimenticia.  Las reclamaciones de modificaciones de medidas fijadas en separaciones y divorcios subieron de 38.357 (2008) a 77.494 (2013). Tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo General del Poder Judicial alertan del incremento de estos procedimientos, en su mayoría conflictivos. En 6 años se ha producido "un descenso generalizado de las cuantías" de las pensiones alimenticias y compensatorias por la crisis, según Fiscalía. Los padres se quejan de que en primera instancia la mayoría de jueces no acepta las rebajas, las madres de su situación de "pobreza". 
ECO  /A. LARRAÑETA. 06.10.2014 -
Alegando que les han bajado el sueldo, que ya no hacen horas extra o que se han quedado en el paro, los padres separados desbordan los juzgados de familia y de primera instancia de toda España con sus solicitudes de reducción sustancial, cuando no exención total, de las pensiones alimenticias de los hijos y/o compensatorias fijadas por la Justicia. Tanto la Fiscalía General del Estado (en su última memoria) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —en sus informes trimestrales— constatan el gran influjo de la crisis en el incremento del número de procedimientos de modificación de medidas fijadas por los juzgados tras la separación de los progenitores. 
De la estadística del órgano que rige a los jueces se deduce que, en cómputos anuales, estas demandas se duplicaron entre los años 2008 y 2013, pasando de 38.357 a 77.494 (un 102% más). Y comparando el 1º trimestre de 2008 con el de 2014, último dato disponible, estas reclamaciones se han incrementado incluso más, un 142%. De 9.089 a 22.053. 
No consensuadas. 
Los datos permiten concluir que una amplia mayoría de estos procesos no cuentan con el acuerdo de las partes. De las solicitudes del 1º trimestre de 2014, las presentadas de manera unilateral fueron más del doble (15.677) que las consensuadas (6.376). La presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Amalia Fernández Doyague, matiza que en realidad lo 1º que ocurre en estos casos es que los progenitores obligados al pago de la pensión dejan de pagar. "Es entonces cuando la mujer se ve obligada a iniciar un procedimiento civil. Va al juez a exigir la ejecución y entonces el padre alega que ha cambiado su situación económica. El juez le dice que en vez de dejar de pagar lo que tiene que hacer es pedir un cambio de las medidas fijadas, y van. Por eso aumentan, pero lo 1º es que dejan de pagar". Esta asociación dispone de un servicio de abogadas y procuradoras que tiene en la actualidad de "2 a 3 meses" de lista de espera, "fundamentalmente debido al aprovechamiento de la crisis por parte del progenitor obligado al pago para pedir cambios", asegura Fernández Doyague. Las cantidades que conceden los jueces son de mera supervivencia: 150 euros al mes. 
En su última memoria, la Fiscalía General del Estado destaca las peticiones de rebaja de las pensiones como una "cuestión de interés especial". "En la medida en la que un ex cónyuge que pagaba una pensión compensatoria o una de alimentos ha visto empeorada su situación económica o ha quedado en situación de desempleo, esto ha obligado a acordar un descenso generalizado de las cuantías por aquellos conceptos y a establecer pactos conteniendo cláusulas de revisión", exponen sin precisar datos cuantitativos. "Efectivamente, los jueces ahora están muy predispuestos a bajar las cuantías (de las pensiones)", señala Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. "Esto deja a las madres separadas, divorciadas y solteras entre las más afectadas por la crisis", se lamenta. A su juicio, "las cantidades que conceden los jueces ahora, salvo excepciones, son de mera supervivencia. Hay pensiones de 150 euros/200 euros al mes a un concepto que va más allá de la alimentación", puntualiza. "Con ese dinero las madres deben cubrir la comida, sí, de sus hijos, pero también otros gastos de vivienda, ropa, calzado y muchas otras necesidades", reivindica. 
Según los últimos datos del INE, la custodia de los hijos menores fue otorgada en 2012 a la madre en el 75,1% de los casos. En el 9,7% de los procesos la custodia la obtuvo el padre, en el 14,6% fue compartida y en el 0,6% se otorgó a otras instituciones o familiares. 
En el 57,5% de los divorcios ese año se asignó pensión alimenticia. En el 79,4% el pago le correspondió al padre, en el 9,8% a la madre y en el 10,8% a ambos cónyuges. 
Cambios sustanciales.
La presidenta de la asociación de mujeres separadas y divorciadas alerta de la necesidad de controlar el fraude, que describe como el aprovechamiento de la situación. "Alimentar a sus hijos debería ser una prioridad", dice Pérez del Campo, "si ellos sufren las consecuencias de la crisis, imagínese ellas, las mujeres, mucho más. Si cuando trabajan cobran de media un 26% menos". Por su parte, el abogado de la Asociación de Padres Separados Carlos Herráiz se queja de que la mayoría de estas solicitudes son desestimadas en primera instancia. "Ningún juez, o casi ningún juez —salvo que el demandante esté en una situación extrema necesidad como agotando subsidios— acuerda una reducción de la pensión alimenticia. He visto tumbar a hombres a punto de consumir el paro porque el juez les pregunta si tienen móvil y coche", señala. Herráiz, insiste en que las rebajas concedidas son la excepción. "Una cosa es que se pidan y otra que se concedan. Los fiscales casi siempre se oponen". Lamentablemente, ninguno de los organismos consultados está en disposición de aportar estadísticas sobre las resoluciones finales de los jueces. Los expertos coinciden en que la reducción de las pensiones debe producirse en aquellos casos en los que se constata un cambio de situación económica sustancial y no coyuntural de la situación económica del cónyuge que tiene obligación de contribuir a la alimentación de sus hijos.