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Estupor ante una sentencia judicial
Canarias7.es /Las Palmas de Gran Canaria /lunes, 11 abril 2011
Con estupor se ha recibido en círculos sociales, empresariales y judiciales de Las Palmas una sentencia por la que se entrega a una mujer la tutela de dos menores al tiempo que se fija, entre otras obligaciones, la de que ella acredite cada dos meses su estado de salud mental.
Sentencia reciente y controvertida de la Sección IIIª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en torno a un matrimonio ya separado, muy conocido en la capital grancanaria, que como resultado de su relación adoptó a una niña y tuvo a otra, de edades parecidas, aunque en el caso de esta última el padre asumió su protección pese a saber que se trataba de un desliz extraconyugal de su señora, y que ha terminado en una guerra judicial, y de toda índole, y en donde la última palabra ha recaído en el juez Ildefonso Quesada Padrón, el cual ha dirimido la cuestión en una decisión cuanto menos sorprendente.
El proceso judicial ha durado 5 años.
Durante este tiempo la guarda y custodia ha pertenecido al padre, debido en esencia:
1.- a la escasa fiabilidad de la conducta de la madre,
2.- a la presencia de un núcleo familiar en torno a la figura paternal, y
3.- a los notables recursos económicos de éste, desplegados en su mantenimiento,
4.- en el tipo de estudios que desarrollan las menores en colegios cualificados, y
5.- en el cariño y seguridad recibida manifestada por ellas mismas ante el juez de familia.
En todo el proceso ha habido distintas sentencias favorables a la figura del padre, menos en la última, justamente la protagonizada por el citado Ildefonso Quesada, que rompe con toda la doctrina anterior defendida por otros magistrados, e incluso con el sentido común.
La situación, además, parece definitiva, pues no cabe recurso en los ámbitos provinciales y regionales, salvo elevar el caso al Supremo, con lo que lleva consigo de tardanza.
Informe médico.
Pese a que las niñas fueron secuestradas hace unos años por su madre y encontradas en Portugal por la policía, y pese a existir una serie de informes de cualificadas autoridades describiendo la nociva influencia de ésta, lo cierto es que Quesada ha entendido que las 2 menores deben pasar bajo la protección –tanto la guarda como la custodia– de la madre, y retirarle prácticamente todos los derechos al padre.
De hecho, la sentencia le impide ver a la hija que no es suya, y todavía no se sabe cuándo podrá visitar a su hija adoptiva.
El asombro de cuantos han leído la sentencia crece cuando leen que el juez le exige a la madre las siguientes cautelas:
a) no salir de Gran Canaria en compañía de la hija común sin autorización expresa de su exmarido o del juez de la instancia correspondiente;
b) la citada menor sólo podrá salir del territorio nacional en compañía de su padre;
c) se apercibe a la madre de que en caso de incumplir las prohibiciones y el régimen de visitas, se podrá suspender de forma inmediata e indefinida la guarda y custodia; y
d) se requiere a la madre a fin de que aporte bimestralmente un informe psicológico, tanto respecto a ella, como a las 2 menores.
Es evidente que a partir de ahora la vida de las menores cambia radicalmente y que pese a que su opinión era seguir tuteladas por su padre, la misma no ha sido tenida en cuenta.
Igual que la opinión del juez de familia, cuyos conocimientos de la cuestión han sido rechazados por Ildefonso Quesada, de la misma manera que ha rechazado todas las opiniones judiciales sobrevenidas con anterioridad.
Si la doctrina actual es proteger al menor incluso de los intereses, y de las batallas campales, de sus progenitores, habrá que admitir que tenemos delante de las narices un debate intenso en donde da la impresión de que los grandes perdedores son justamente aquellos a los que hay que defender.
Si el juez tiene tantos reparos en el comportamiento de la madre, y así los traduce en sus inquisitivas conclusiones, menos se entiende una determinación donde parece que tampoco él está seguro de aquello que sentencia.
El asunto corre de boca en boca en los juzgados y es comidilla de una sociedad que contempla perpleja el resultado de una batalla matrimonial en la que toda lógica se ha estrellado contra un muro de supuesto cartesianismo judicial.
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