A. N. / R. F.| MURCIA |17 julio 2015
La Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia ha
impuesto una sanción de suspensión de empleo y sueldo de 4 meses a una
psicóloga forense, adscrita al Instituto de Medicina Legal de la Región, por
una falta muy grave de incompatibilidad.
La denuncia contra la psicóloga forense B.G.A fue
presentada el pasado enero por una vecina de Murcia que está en proceso de
divorcio contencioso -no amistoso- en el Juzgado de Familia nº 3 de Murcia.
Después de entrevistarse con esta mujer, con su exmarido y con los 3 hijos
de la pareja, de 4, 6 y 8 años, la mencionada profesional emitió un dictamen
por el que recomendaba la custodia compartida de los menores.
Batalla por una custodia
La denunciante comprobó, sin embargo, que de manera
prácticamente simultánea a la realización de ese informe, su exesposo había
acudido a una consulta privada en la que ejerce como coordinadora la mencionada
B.G.A, el denominado Gabinete Pericial Forense, y había contratado los
servicios de una psicóloga -compañera y socia de la 1ª - para que emitiera
un dictamen de parte. La conclusión de este informe de pago fue, igualmente,
que lo más indicado era la custodia compartida.
La mujer, que reclamaba la guarda y custodia de sus tres
hijos por no estar trabajando y considerar que por esa razón podía atenderlos
mejor -algo con lo que coincidía el fiscal-, interpuso una denuncia ante el
Ministerio de Justicia por estimar que la psicóloga forense no se había
abstenido pese a estar afectada por una causa de incompatibilidad. En concreto,
destacaba que B.G.A. hubiera emitido un informe como trabajadora de la
Administración de Justicia, a la vez que su gabinete privado se llevaba «un
evidente lucro o beneficio económico» por parte del exmarido, que es una de las
partes interesadas en el procedimiento. El juez acabó concediendo la custodia
compartida al padre, en apariencia por el peso de ambos informes.
A raíz de la denuncia de esta vecina, la gerencia
territorial abrió un expediente disciplinario que, 3 meses después, se ha
cerrado con esta sanción. Según indica la resolución, a la que ha tenido acceso
'La Verdad', la psicóloga tiene ahora 20 días para presentar una reclamación
ante el Ministerio.
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