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La Coordinadora Estatal contra la Violencia Vicaria denuncia desprotección y falta de diligencia, mientras que togados critican un "ataque personalizado" hacia una compañera.
María G. San Narciso, Madrid, 12 ENE 2025
La decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Granada, que ha rechazado resolver sobre si el hijo de Juana Rivas debía quedarse en España o volver con su padre a Italia, ha agitado aún más todo lo que rodea a un caso que lleva cerca de nueve años siendo objeto de gran atención mediática. La última en tomar voz ha sido la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional, que ha respondido al comunicado de apoyo de 107 jueces y juezas de violencia a la magistrada Aurora Angulo.
La decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Granada, que ha rechazado resolver sobre si el hijo de Juana Rivas debía quedarse en España o volver con su padre a Italia, ha agitado aún más todo lo que rodea a un caso que lleva cerca de nueve años siendo objeto de gran atención mediática. La última en tomar voz ha sido la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional, que ha respondido al comunicado de apoyo de 107 jueces y juezas de violencia a la magistrada Aurora Angulo.
Mientras que los jueces de violencia creen que se está produciendo un "ataque personalizado" a su compañera y un intento por "iniciar una campaña mediática" dirigida a estigmatizar cualquier decisión judicial que pueda resultar contraria a los intereses" de Juana Rivas, la Coordinadora VVVI, que desde 2022 agrupa a diversas organizaciones dedicadas a combatir la violencia vicaria y la violencia de género institucional, señala en una carta de respuesta algunos casos concretos de actuación judicial que, según ellas, no cumplieron con los estándares de diligencia debida, generando desprotección para las víctimas. Defienden que se pueda criticar actuaciones judiciales y se centran, sobre todo, en el caso de Juana Rivas.
"Consideramos que, partiendo de argumentos jurídicos (y obviamente sin utilizar expresiones ofensiva o aportar datos falsos), criticar las actuaciones de un juez o jueza, en cuanto que servidores públicos cuyas resoluciones, en determinados casos, tienen evidente interés para la opinión pública, no solo forma parte del legítimo derecho a la libertad de expresión, sino que es síntoma de una sociedad avanzada, con capacidad para profundizar en la mejora de su sistema de Justicia", asegura la Coordinadora.
Las críticas del caso
En la misiva, critican decisiones puntuales de la jueza Angulo que, en su opinión, no cumplieron con los estándares de diligencia debida, sobre el caso de Juana Rivas, quien denunció nuevos episodios de maltrato por parte de su expareja. Destacan, por ejemplo, retrasos en la traducción y remisión de la denuncia a las autoridades en el pasado. Aseguran que el auto de la jueza del Juzgado N.º 2 de Violencia sobre la Mujer de Granada, que "niega a Rivas la posibilidad de presentar la denuncia en el territorio español", les dejó a ella y a "sus hijos en una situación de total abandono, generándoles, en consecuencia, una gravísima situación de indefensión". Además, indican que el mismo juzgado desestimó solicitudes de medidas de protección para los menores en 2017.
Por último, denuncian que ante el "Informe de Valoración Policial de Riesgo (VioGén)", hecho por "personal de la Guardia Civil altamente cualificado", y que "concluye que es de riesgo alto, y califica de caso de especial relevancia", el Juzgado de Violencia sobre al Mujer N.º2 de Granada decrete un "sobreseimiento provisional, sin la práctica de ninguna actuación, ni escucha de las víctimas". En su opinión, esto desoye "no solo la denuncia presentada por la parte afectada, sino la valoración de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la petición de los Servicios Públicos Especializados en Violencia de Género".
Datos alarmantes
Así, la Coordinadora destaca la necesidad de autoexigencia y evaluación permanente en el sistema judicial especializado, al ser, como dicen los propios jueces, "la pieza necesaria y fundamental para que todas las actuaciones dirigidas a la concienciación en la lucha contra la violencia de género lleguen a buen fin".
Por eso, creen que la "crítica ha de formar parte de las reglas de juego de un auténtico estado de Derecho".
También subrayan que la falta de diligencia y la resistencia a la crítica generan desconfianza en las víctimas y en la sociedad, debilitando la lucha contra la violencia de género.
En este sentido, aportan algunas cifras "alarmantes" del Observatorio Estatal contra la Violencia Doméstica y de Género. En su informe de 2023, este mostró que en solo un 12,75% de las órdenes de protección se suspendió el régimen de visitas al "padre maltratador", pese a que "desde 2021 esta debe ser la regla general". Además, apenas el 0,59% de las medidas incluyen protección específica para menores.
También subrayan que la falta de diligencia y la resistencia a la crítica generan desconfianza en las víctimas y en la sociedad, debilitando la lucha contra la violencia de género.
En este sentido, aportan algunas cifras "alarmantes" del Observatorio Estatal contra la Violencia Doméstica y de Género. En su informe de 2023, este mostró que en solo un 12,75% de las órdenes de protección se suspendió el régimen de visitas al "padre maltratador", pese a que "desde 2021 esta debe ser la regla general". Además, apenas el 0,59% de las medidas incluyen protección específica para menores.
Los jueces defienden a su compañera
Este pasado viernes, un centenar de jueces y de juezas emitieron un comunicado, al que después se adhirió el Foro Judicial Independiente, en el que criticaban la nota de prensa difundida por equipo jurídico de Juana Rivas. El texto enviado a los medios de comunicación por el despacho de abogados comenzaba así: "Quédense con este nombre: Aurora Angulo. Es la jueza del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 2 de Granada…".
Para los jueces, la crítica que se está produciendo sobre su compañera es un "ataque personalizado" y un intento por "iniciar una campaña mediática" dirigida a estigmatizar cualquier decisión judicial que pueda resultar contraria a los intereses" de Rivas.
En su manifiesto aseguraban que, cuando "se desprestigia a una compañera por su actuación profesional en un caso concreto que es objeto de una enorme atención mediática, se desprestigia en definitiva a todo el sistema judicial".
También la Asociación Profesional de la Magistratura defendió en otro comunicado "la independencia de los jueces y magistrados que desempeñan sus funciones" en España. "Las resoluciones judiciales están sujetas a crítica, pero los términos de la nota de prensa [de Aránguez Abogados] resultan de todo punto rechazables por suponer un ataque personal y directo a la juez encargada del caso y a la independencia judicial".
"Las resoluciones dictadas en el seno del procedimiento podrán ser recurridas ante la instancia superior, no siendo admisible en democracia el señalamiento público de los jueces por actos realizados en el ejercicio de sus funciones", añadían.
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