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AinhoaMartínez. Madrid. 25 de noviembre de 2015
Más de 50 mujeres
asesinadas en lo que va de año. La violencia de género ha adquirido una
envergadura que la sitúa como una forma de terrorismo, una lacra ante la que
los partidos políticos no han querido permanecer ajenos y en vísperas de la
contienda electoral del 20 de diciembre centran sus esfuerzos para articular
una oferta programática que impulse la erradicación de esta problemática como
un asunto de Estado.
El Gobierno de
Mariano Rajoy exhibe su gestión en este aspecto y presume de haber puesto en
marcha el 80% de la «Estrategia para la erradicación de la violencia contra la
mujer» que comenzó a funcionar en 2013 y que tendrá vigencia hasta 2016. Un
total de 250 medidas con una dotación económica de más de 1.500 millones de
euros, que han permitido aumentar en un 5,12% las mujeres que consiguen superar
esta situación de riesgo, un 77,6%. Las iniciativas aplicadas por el Ejecutivo
han ido encaminadas a romper el silencio de las víctimas, mejorar la respuesta
institucional de los poderes públicos a través de planes personalizados, la
atención a los menores y mujeres en situación de especial vulnerabilidad o la
visibilización de otras formas de violencia contra la mujer.
Además de estas
medidas el Gobierno ha impulsado una serie de avances normativos como la
incorporación de la justicia gratuita y el asesoramiento legal previo para
todas las víctimas, los nuevos delitos introducidos en el Código Penal o el
reconocimiento de los menores como víctimas. No obstante, desde el Ejecutivo
reconocen que aún queda mucho por hacer, en el corto plazo prevén la
introducción de cambios en la Ley de Violencia de Género, incluyendo otras
formas de violencia como la trata de seres humanos, la mutilación femenina o
las agresiones sexuales, como requisito para cumplir con lo exigido en el
Convenio de Estambul. Una hipotética modificación que se asumirá en la próxima
legislatura y que debe contar con el consenso de todas las fuerzas políticas.
El PSOE, por su
parte, dedica un apartado de su programa electoral a «erradicar la violencia de
género». En el punto de mira de los socialistas está avanzar hacia un «gran pacto
de Estado» que implique a todas las Administraciones públicas para dar
respuestas efectivas y de carácter integral a todas las mujeres y menores
víctimas de esta lacra y «reponer las dotaciones económicas que se han ido
recortando en estos años». En este sentido, el PSOE también atiende a las
exigencias del Convenio de Estambul y considera necesario «el reconocimiento
legal como víctimas de los menores que viven situaciones de violencia en su
hogar».
El partido de
Pedro Sánchez considera que para erradicar la violencia de género se debe poner
en marcha un paquete de medidas incardinadas en 3 ejes: formación,
prevención y legislación. Dentro del ámbito formativo, los socialistas abogan
por que se incorpore al currículo la formación específica en igualdad,
educación afectivo-sexual y prevención y que los profesionales que presten sus
funciones en los juzgados de violencia de género tengan la especialización en
esta materia. Dentro del ámbito preventivo, el PSOE defiende que se publique
«la lista de maltratadores con sentencia firme». Una iniciativa que consideran
«ajustada a Derecho» y con una finalidad «disuasiva y proactiva» que ayudará a
prevenir el maltrato. También prevén la creación de planes de detección precoz
y la puesta en marcha –dentro de los juzgados especializados en violencia de
género– de la figura del Acompañamiento Judicial Personalizado para asesorar a
las mujeres sobre el recorrido judicial de su denuncia.
Dentro del
apartado orientado a erradicar la violencia de género los socialistas también
abogan por una reforma de la legislación en materia de familia y menores para
«garantizar la obligatoria suspensión del régimen de visitas de menores por
parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena» por este
tipo de delitos y recogen que se «rechace la custodia compartida impuesta» en
supuestos de violencia de género para garantizar la protección del menor.
Desde Ciudadanos
consideran esencial el fomento de medidas que promuevan cambios a nivel
educativo, social, económico, político y familiar, que se traduzcan en una
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pues entienden que esta desigualdad
es el germen de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia o
discriminación. Por ello, abogan por que la educación sea el vehículo, desde
una edad muy temprana, para combatir esta lacra.
Conscientes de que
la violencia de género y la intrafamiliar no se pueden erradicar a través de
actuaciones individuales, sino que se debe contar con una combinación de
acciones jurídicas, judiciales, policiales, culturales, educativas, sociales,
sanitarias y de otros servicios, en Ciudadanos proponen que se eleve a la
«categoría de política de Estado» la lucha contra esta problemática y se
comprometen a buscar el consenso necesario con el resto de formaciones
políticas para establecer una estrategia conjunta en la que se desarrollen
planes integrales de acción contra la violencia de género, así como la
aprobación de una mayor dotación de los recursos necesarios para lograr su
efectiva desaparición.
Desde la formación
de Albert Rivera también abogan por poner el acento en la concienciación a
través de campañas divulgativas y de sensibilización, en las que los medios de
comunicación adopten un papel proactivo y responsable en la difusión de los
mensajes y en el control de los contenidos dirigidos a los espectadores más
jóvenes. También se comprometen a elaborar un Plan de Lucha contra la violencia
de género y, al igual que el PSOE, prevén incluir en el currículo escolar las
medidas de prevención y fomento de la igualdad.
Ciudadanos también
propone ampliar la oferta de plazas en centros de acogida y aumentar el número
de policías destinados a los casos de malos tratos, dotando a los agentes y a
los jueces de una formación adecuada para que tengan en cuenta las
características específicas de los casos que investiguen. En el ámbito
administrativo, aumentarán los programas de atención y tratamiento a las
familias víctimas de violencia de género y aligerarán los trámites, dando
respuestas personalizadas y ganando en calidad y eficiencia en la gestión.
Por su parte la
formación de Pablo Iglesias también propone un tratamiento consensuado de esta
problemática y exige que se adopte un «gran Pacto de País» en el que se
involucren todas las fuerzas políticas, así como la sociedad civil. Dentro de
esa alianza de Estado, Podemos propone abordar con carácter urgente 4
grandes retos.
En 1º lugar, blindar en los Presupuestos Generales del
Estado una dotación mínima garantizada que asegure los medios para hacer frente
a la violencia de género, una cantidad «que no sea inferior a las cantidades
anteriores a la reforma del art. 135 de la Constitución». En 2º lugar,
Podemos exige el mantenimiento de las competencias de los ayuntamientos en esta
materia como atribución esencial para prestar un servicio vital a las víctimas.
En 3º lugar, la formación de Pablo Iglesias aboga por ofrecer una garantía
habitacional inmediata a las mujeres maltratadas y que ésta no esté supeditada
a la orden de protección judicial. Por último, y en orden a cumplir el Convenio
de Estambul, prevén la incorporación de la protección a los menores y no
restringir el concepto de violencia de género al ámbito exclusivo de la pareja
y la ex pareja, y se amplie a todas las formas de violencia contra las mujeres.
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